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Política Reforma | trabajadores |

Pierden siempre los mismos

Una reforma injusta que hipoteca el futuro

Por encima de las componendas políticas de la coalición, lo más grave de esta reforma jubilatoria son sus impactos sociales.

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Caras y Caretas Diario

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La imagen de ancianos dando de comer a las palomas en la plaza migas de pan parece dejar de ser una clásica postal de nuestros trabajadores disfrutando de su edad dorada; el proyecto de reforma jubilatoria aprobado en el Senado condiciona la posibilidad de disfrutar de esa etapa de la vida, culminada la vida activa, donde el derecho al ocio era considerado un derecho humano, tanto como las ocho horas para trabajar y las ocho horas de descanso. Aun consiguiendo lograr jubilarse, la pobreza no dará descanso.

El entorno del Palacio Legislativo se encuentra rodeado de trabajadores e integrantes de organizaciones sociales que a pesar de la inclemencia del sol del mediodía están haciendo fila para ingresar a las barras del Senado para escuchar el debate sobre la reforma jubilatoria.

El cierre de la intervención del senador Alejandro Pacha Sánchez, comprometiendo al Frente Amplio a seguir la lucha ante lo inevitable de los votos alcanzados para aprobación del proyecto, ocasionó una ovación generalizada que fue motivo de que la presidenta Beatriz Argimón ordenara el desalojo de las barras y el vallado del edificio que duró hasta la jornada siguiente.

Para muchos dirigentes políticos, la reforma logró los votos en el Senado de Cabildo Abierto (el socio díscolo de la coalición), a cambio de votarle su proyecto de reparación pecuniaria a víctimas y familiares de la acción de la guerrilla.

Pero los alcances del contenido de la reforma por encima de las componendas políticas de la coalición son sus impactos sociales que, al decir del senador Óscar Andrade, “el efecto más duro de la reforma es que pone en riesgo la cobertura, ya que el endurecimiento de las condiciones para acceder a la jubilación genera que haya una cantidad importante de trabajadores y trabajadoras que no van a poder acceder a jubilarse y que esos son precisamente los más pobres”.

Andrade es bien gráfico cuando expresa la concepción de esta reforma en una suerte de “sálvese quién pueda”; “en esta reforma se transita por el camino de pensar en la sustentabilidad sobre la base de que gente quede afuera. Tiene que ver con una forma de entender no la seguridad social, sino la vida: el más apto se salva, el que no es más apto la queda”, dice Andrade.

El informe en minoría

La bancada de senadores del Frente Amplio no dio un “no” rotundo a todo el proyecto e intentó buscar los acuerdos posibles, que no se concretaron.

En comisión mantuvo una actitud propositiva y así salió de comisión un informe en minoría.

El informe comienza recordando los efectos de las políticas neoliberales sobre los sistemas de seguridad social, una suerte de pecado original: “En los años ochenta y noventa, se produjeron reformas profundas en los sistemas de seguridad social de varios países de América Latina. La principal motivación que esgrimían sus promotores eran los crecientes déficits de dichos sistemas, generados por combinaciones de incrementos en la longevidad de los individuos con aplicación laxa de las reglas de acceso a los beneficios. A partir de estas reformas, las condiciones de acceso a los beneficios jubilatorios se vieron endurecidas, intentando generar incentivos a la postergación del retiro. En el año 1995, la Ley 16.713 introdujo cambios importantes al sistema de seguridad social de Uruguay, buscando entre otras cosas la disminución del déficit del sistema. Estos cambios endurecieron las condiciones de acceso a las jubilaciones, y aumentaron los años de servicio necesarios para configurar la causal. Hoy los expertos reconocen que eso fue un error grave en años en que la informalidad rondaba el 40%. Hoy que la informalidad está en la mitad, una de las recomendaciones de la CESS fue no aumentar los años de servicio exigidos. Por otra parte, se estableció un sistema mixto, combinando un pilar de reparto con uno de capitalización individual”.

El informe en minoría también analiza con rigor las primeras consecuencias de aquellas modificaciones de los 90 sobre el comienzo del nuevo siglo: “Al inicio de los 2000, la academia comenzó a trabajar sobre la evidencia de que las nuevas condiciones de acceso podrían ser demasiado exigentes, en particular para algunos grupos de trabajadores, como las mujeres, los trabajadores zafrales, los trabajadores de los deciles más bajos de ingresos. El estudio de Buchelli y Forteza de 2005 muestra que un importante número de personas (alrededor de la cuarta parte de los afiliados) tenía acceso con la exigencia previa, pero no con las condiciones de 1996. La decisión fue clara: se disminuye el gasto, disminuyendo la cobertura. Esta estimación también recoge diferencias entre grupos. Los hombres lograrían cumplir con los períodos de servicio en mayor proporción que las mujeres. Pero solo 27% de ellos cumpliría los 35 años”.

La reforma necesaria de 2008

El informe también recuerda que durante las administraciones progresistas se buscaron soluciones al sistema: “En el año 2008 Uruguay modificó nuevamente su sistema de seguridad social con la aprobación de la Ley 18.395. Esta ley introdujo cambios importantes en el sentido de flexibilizar las condiciones de acceso a las jubilaciones, fundamentados en la baja proporción de trabajadores que lograrían acceder a una jubilación con las condiciones vigentes en ese momento.

A partir de esta reforma, que tuvo la concepción de la protección social como derecho humano fundamental, se logró: aumentar la cobertura incorporando a más de 100.000 personas que no accedían a las condiciones de jubilación o pensión, entre ellas muchas mujeres; se mejoró el seguro de paro, las asignaciones familiares y el acceso a las prestaciones por discapacidad; se incluyeron sectores que nunca habían tenido asistencia social, tales como las trabajadoras domésticas, trabajadores de la cultura, monotributistas, trabajadores rurales, deportistas; se mejoró la suficiencia, triplicando los montos de las jubilaciones mínimas; aumentar la formalidad del trabajo: 900.000 cotizantes en 2004 a 1.500.000; se redujo la asistencia financiera neta del 22% de los ingresos en 2004 al 7,2% en 2020; se asoció el SNIS a la seguridad social”.

Los impactos en las mujeres

“En los períodos de gobierno del FA se crearon medidas tendientes a atender las desigualdades de género en la seguridad social. Se creó la ley de flexibilización de 2008 (18.395) que, entre otras cosas, bajó los años requeridos para configurar jubilación por causal común y edad avanzada. Esta decisión benefició particularmente a las mujeres, al ser ellas quienes contaban con menos años de servicio promedio, y se reparó una situación de desigualdad que había generado la reforma del 96 para cualquier edad. Los datos muestran que la participación de mujeres en el total de jubilados por causal común amparados por dicha ley fue de 54,7% en 2019. Además, se incorporó un beneficio

específico para las mujeres que les permite computar un año adicional de servicios por cada

hijo nacido vivo o adoptado, hasta un máximo de 5 años. A lo anterior deben sumarse los efectos de la ley de trabajo doméstico de 2006, que impactó en la formalización de este sector de actividad, que tenía una presencia femenina de 90% y que permitió un incremento de 76% en los puestos cotizantes y una disminución del subregistro de 73% entre 2006 y 2018. La creación del Sistema Nacional Integrado de Cuidados (SNIC) es un esfuerzo en la misma dirección, ya que apunta a la formalización de quienes trabajan en el sector, mayoritariamente mujeres, aunque no existen evaluaciones cuantitativas de estos impactos”.

Los motivos del NO

El informe termina luego de un exhaustivo análisis de la propuesta multicolor fundamentando su negativa a aprobar el proyecto.

“El Frente Amplio entiende que el envejecimiento de la población, el cambio tecnológico en

el mundo del trabajo, junto a otros factores, como por ejemplo la pandemia, hacen necesario abordar, periódicamente, reformas y revisiones estudiadas y consensuadas, del régimen de seguridad social. Reformas que no deben tener en cuenta exclusivamente la sustentabilidad financiera. Además, deben contemplar que el sistema siga teniendo y mejore la cobertura y la protección que brinda a las personas, o sea que tenga sustentabilidad social.

El PE no trajo los datos que le pedimos, y los que mandó ayer de tarde son incompletos. Menudo cierre de un año difícil para un gobierno que está chueco de confianza y que anduvo haciendo trueques de votos por proyectos de ley que no tienen más sustento que un puñado de mandados”.

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