El pasado jueves, tuvieron lugar en Río de Janeiro protestas protagonizadas por movimientos populares y empleados estatales contra la privatización de la Compañía de Agua y Alcantarillado de la ciudad (Cedae). Según el portal Brasil de Fato, el gobernador, Luiz Fernando Bigfoot, firmó un acuerdo con el gobierno federal para la privatización de esa empresa. Debido a ello, el Movimiento Unificado de los Servidores Públicos del Estado (Muspe) llevó a cabo una manifestación frente a la Asamblea Legislativa, denunciando que la privatización aumentará los costos del agua para los cariocas. Este proceso de liberalización pone en riesgo además el trabajo de los empleados de la empresa. Desde Cedae argumentan que la empresa es de las más rentables del estado brasileño. Entre el 2011 y 2015 rindió más de un billón de Reales en utilidades. Su privatización sería una perdida de una empresa pública que da beneficios. El director de la Unión de Ingenieros del estado de Río de Janeiro, Marco Antonio Barbosa, declaró que “el agua es vida, no puede ser privatizada porque quién pagará los gastos será la población.”
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