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La reforma jubilatoria sigue dando que hablar y es uno de los temas principales de los últimos tiempos. En las últimas horas se llevaron a cabo un par de eventos en los que participaron integrantes de la Comisión de Expertos en Seguridad Social (CESS), que desde noviembre del año pasado trabaja en recomendaciones para la reforma jubilatoria que se prevé procesar en 2022.
Hace dos semanas, los integrantes del oficialismo entregaron un documento que consensuaron después de tres meses de negociación interna.
No todos están de acuerdo con ese documento. Ernesto Murro representante del Frente Amplio en la comisión dijo en su momento que el informe propone «más años de edad para jubilarse y por la vía de los hechos más años de trabajo. Más AFAP para todas las cajas y para la gente del BPS. Uruguay es uno de los países que tienen los aportes más altos del mundo y se pide a la gente que aporte más. Se pide más a los trabajadores y seguramente más a los empresarios”, expresó, y añadió: “Para cobrar menos jubilación, más años, más aporte, menos jubilación. Es complicado”.
Los eventos realizados en las últimas horas fueron organizados por AEBU y la Sociedad Uruguaya de Gestión de Personas y el delegado del Pit-Cnt , Hugo Bai, subrayó que la CESS “no es un diálogo social” para definir la reforma jubilatoria, y además en los últimos meses quedó limitado a los diálogos a la interna del oficialismo. “Ahora pretenden discutir en 15 o 20 días con los actores sociales y la oposición política” el documento con recomendaciones, indicó, ya que el plazo de actuación de la CESS vence a finales de octubre.
Entre otras cosas, el documento que presentó el oficialismo propone subir de forma gradual la edad de retiro hasta los 65 años e igualar para los nuevos trabajadores el régimen vigente hoy para el sistema mixto, es decir, quitar los beneficios extras que tienen las cinco cajas –tres paraestatales (Bancaria, Notarial y de Profesionales) y dos de gestión pública (Militar y Policial)–.
Sobre los cambios planteados para la Caja Militar, Bai evaluó que “son tibios” y que se “requeriría una contribución mayor de las altas jubilaciones militares, otorgadas hace décadas con beneficios mayores a los de otros subsistemas”. Recordó que “ya existen” impuestos de este tipo en la Caja Bancaria y Notarial. “Para lograr el pacto social debería haber una señal más clara sobre el colectivo militar”, concluyó.
