El equipo económico anunció un aumento del gasto de U$S 172 millones para 2018, compuesto por 100 millones aprobados en el presupuesto quinquenal, 62 millones extra para la educación y 10 millones para los funcionarios del Poder Judicial. De los U$S 100 millones, U$S 46 millones serán destinados a la educación, que recibirá en total U$S 108 millones, con lo que llegará al 5% del PBI.
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Así lo anunció e ministro de Economía y Finanzas (MEF), Danilo Astori, quién junto al secretario de Presidencia, Miguel Toma, el subsecretario del MEF, Pablo Ferreri, al asesor de política macroeconómica y financiera del MEF, Andrés Masoller, presentó los lineamientos de la próxima Rendición de Cuentas ante las bancadas parlamentarias del Frente Amplio (FA).
Sobre el incremento previsto para 2018, Astori explicó que se trata de U$S 172 millones, de los cuales 100 millones están aprobados por el Parlamento y con su financiamiento correspondiente en el presupuesto presentado en 2015 y en la Rendición de Cuentas de 2016 donde difirió para 2018. Este incremento atenderá educación, seguridad, el sistema de cuidados y vivienda, entre otros.
El rubro educativo cuenta con U$S 46 millones en este incremento, a lo cual se suma la propuesta de esta rendición, con U$S 62 millones. Por otra parte, corresponde el pago de la primera de las tres cuotas del pago acordado con los funcionarios del Poder Judicial, por U$S 10 millones.
Por tanto, los U$S 172 millones de incremento se componen de los 100 millones aprobados en el presupuesto de 2015, 62 millones para educación y 10 millones para los funcionarios del Poder Judicial. Para 2018 la educación recibirá un aumento de U$S 108 millones, lo que implicará que se llegará al 5% del PBI en 2018.
Aclaró que para alcanzar los U$S 172 millones no se requieren recursos adicionales para la totalidad, sino que se requieren recursos adicionales para financiar 112 millones, que provienen de los 62 millones para la educación, los 10 millones de los judiciales y un desequilibrio de U$S 40 millones que se arrastra desde la última rendición de cuentas y que repercute en 2018.
Para la financiación de esos 112 millones, la propuesta incluye un impuesto a los juegos de azar que rendirá unos U$S 17 millones y un incremento a la tasa consular. Este impuesto se ejecutará sobre las importaciones de bienes que actualmente se encuentra en dos puntos y de la que están exonerados los bienes de capital, los servicios y las importaciones de petróleo. En esta rendición, se propone aumentar en un punto para los países del Mercosur e incrementarla en 3 puntos para los países del resto del mundo. Aclaró que esta tasa no será permanente, sino que será una medida de carácter transitorio y se establece un cronograma de desmantelamiento a partir de 2020.
El ministro sostuvo que esta propuesta se basa en el análisis del escenario económico internacional, regional y nacional que, por un lado, muestra aspectos positivos con un crecimiento de la economía nacional, pero que también tiene en cuenta factores de incertidumbre, puntualmente las economías de Estados Unidos, algunos países de Europa y del sudeste asiático, que se traducen en volatilidades e incertidumbres para el futuro.