Los efectos de la injusta estructura de la propiedad agraria en Uruguay supo de no más de tres o cuatro intentos importantes por modificarla, o al menos, disminuir el impacto de sus efectos.
La pobreza rural, la emigración de los pobres del campo a la periferia de las grandes ciudades, y dentro de las clases dominantes de la economía, la existencia de un grupo privilegiado que incide en el proceso económico, la estructura de clases, el poder político, la inserción internacional, el derecho, el ambiente y la soberanía, dedicándose exclusivamente a apropiarse del fruto de la actividad sin mayor esfuerzo que los títulos de propiedad y contratos de arrendamiento, son solo algunas de las expresiones de un orden estructural injusto.
Ya Artigas definía a los “malos europeos y peores americanos” y su Reglamento provisorio para el fomento de la campaña fue el primer intento en estas tierras del sur, de organizar una alternativa a la estructura de propiedad agraria.
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En su estudio Oyhantçabal cita una frase de José Batlle y Ordóñez para recordar su esfuerzo con el mismo cometido de detener el avance del latifundio. Escribía Batlle: “La propiedad privada es una gran injusticia. El mundo, puede decirse sin equivocarse, es de todos. El que viene al mundo viene con el derecho de poner los pies, en él. Y tal como está organizada la sociedad, hay muchos que nacen sin tener donde asentar sus pies”.
Esta visión del primer batllismo lo llevó a impulsar la creación de la Facultad de Agronomía, como forma de dotar de conocimiento científico a su desarrollo de la producción agrícola como forma de detener el avance del latifundio ganadero. Fundó colonias agrícolas con buena parte de los inmigrantes que arribaron a principios del siglo XX a estas costas, los organizó en sociedades de fomento rural e intentó debilitar el poder político del poderoso sector en monedas constantes y sonantes con el aumento de la Contribución Inmobiliaria Rural.
A mediados del mismo siglo, la creación del Instituto Nacional de Colonización, fue una apuesta a que el Estado tuviera un ente que compitiera apostando a regular la oferta y la demanda en el mercado de compra-venta y arrendamiento de tierras, con el objetivo principal de asegurar el acceso a las mismas por parte de productores familiares.
En el siglo XXI bajo el segundo gobierno del Frente Amplio se votó una serie de leyes que corrieron distintas suertes de aplicación.
La agudización del proceso de concentración de propiedad de la tierra que nació con el nuevo siglo, se intento frenar a través del ICIR (Impuesto a la Concentración de los Inmuebles Rurales), pero fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia.
Las brutales transformaciones en el agro en el período 2000-2020, de la mano de un alto proceso de tecnificación, el surgimiento de los commodities, siguen sin encontrar la voluntad de respuestas apropiadas para democratizar ese universo peculiar de la sociedad uruguaya, que encuentra su propio dinamismo en una sociedad altamente urbanizada y que solo acapara la atención al mundo rural cuando se viene la Rural del Prado.
El diverso mundo de los terratenientes
En su estudio, Gabriel Oyhantçabal presenta una clasificación más comprensible de esta clase social que se apropia de la renta de la tierra y que advierte que la imagen del latifundista ganadero no es la única forma de terrateniente.
Define por un lado a los terratenientes puros, estos son quienes solo se dedican al arriendo de la tierra e involucra entre ellos a los grandes propietarios privados y a algunos Organismos estatales, fundamentalmente el Instituto Nacional de Colonización o República AFAP.
Otra categoría serían los terratenientes mixtos, (sinteticamente capitalistas) que arriendan tierras, pero a su vez su principal actividad es la empresa agropecuaria, de origen tanto nacional como extranjeros. En este grupo se encuentran los pertenecientes a la inversión directa extranjera (IED) que han invertido en forestación (Global Forest Partners, Weyenhauser), algunos teniendo a sus estados nación como inversor (UPM, Montes del Plata) y otros de capitales extranjeros con participación nacional (Unión Agriculture Group Uruguay, Ana Paula).
Finalmente los terratenientes familiares, los pobres de la categoría, productores agrarios familiares que a su vez arriendan en medianería o en otra forma parte de su tierra.
No poseen mas de 100 hectáreas y ha sido uno de los sectores mas golpeados por el proceso de concentración de propiedad de la tierra.
En el año 2000 el censo arrojó la existencia de 57.131 explotaciones y apenas un año después habían desaparecido 12.000 de ellas, en un proceso constante hasta nuestros días.
Para explicar este fenómeno, Oyhantçabal analiza lo sucedido en el mercado de tierras entre el año 2000 y 2020.
Mercado de tierras
El reporte 2020 de la Oficina de Estadísticas Agropecuarias (DIEA) permite obtener datos que aclaran la situación.
Del año 2000 a 2020 se comercializaron 8,6 millones de hectáreas, con un promedio anual que osciló entre 150.000 y 800.000 hectáreas transadas.
Para el año 2014 la DIEA ya había detectado que las compraventas equivalieron al 52% de las 16,3 millones de hectáreas de superficie de uso agrario.
Y en el año 2014 se va a producir el pico de acciones de compra-venta y arrendamientos con el aumento del precio de la hectárea.
Compradores-vendedores
Del año 2000 a 2019 las personas físicas perdieron 2,15 millones de hectáreas mientras al mismo tiempo las sociedades anónimas ganaron 2,1 millones.
De allí que el tema de la propiedad por parte de sociedades anónimas generara tanto debate y fueron políticas bien diferencias en los gobiernos frenteamplistas con respecto al actual gobierno.
Si se toma en cuenta la nacionalidad, las personas físicas uruguayas perdieron la misma cantidad de hectáreas y las ganaron las personas jurídicas (sociedades anónimas tanto nacionales, extranjeras o mixtas).
Sobre estos últimos, el estudio de Oyhantçabal demuestra que la inversión extranjera directa (IED) acumuló en el período 2003 a 2015, 1.962 millones de dólares, lo que le permitió adquirir al precio promedio anual de la tierra, 1,5 millones de hectáreas, el 20,4% de las tierras transadas en esos años.
El precio de la tierra
El mercado de arriendo tuvo un fuerte dinamismo. Los contratos registrados en el período estudiado acumularon un total de 15,4 millones de hectáreas con un promedio anual de entre 400.000 y un millón de hectáreas.
Hay que tomar en cuentas que estos datos son los proporcionados por la Dirección General de Registros, por lo que el número de transacciones es levemente mayor en contratos no declarados.
Compraventas (dólar/ hectárea)
Valor promedio año 2000
US$ 500
Valor promedio año 2014
US$ 3.900
Valor promedio período 2011-2020
US$ 3.500
Acumulación período 2000- 2020
US$ 14.320 millones
Arrendamientos (Dólar/hectárea)
Valor promedio año 2000
US$ 28
Valor promedio año 2014
US$ 174
Valor promedio período 2011-2020
US$ 133
Acumulado período 2000-2020
US$ 1.623 millones
Si se toma en cuenta la suma del precio promedio del arrendamiento y de la compraventa, la renta de la tierra agraria apropiada por los terratenientes fue la mas alta en las últimas dos décadas desde el año 1925, prácticamente quintuplicándose pasando de 320 a 1.650 millones de dólares, siendo el año 2014 el de mayor apropiación con 1.900 millones.
Esto significa el 40% del Valor Agregado Bruto (VAB) agropecuario, superando al ingreso laboral (de asalariados, patrones y cuentapropistas) que representó un 33% y a las ganancias apropiadas por los capitalistas que representaron un 27%.
La parte del león
Los terratenientes puros, en la definición de Oyhantçabal, son lo que se llevan la mejor tajada, el mayor rendimiento (o rentabilidad) con el mínimo esfuerzo.
En el año 2011, según los datos de la DIEA, controlaban el 30% de la superficie productiva agraria, apropiándose de 8.000 millones de dólares en el período 2000-2019.
Esa cifra fue el 5,5% de la plusvalía total apropiada por el capital en Uruguay y es equivalente a dos plantas de celulosa tipo UPM2.
Los escasos datos hacen que estas cifras sean aproximadas y que tampoco se pueda saber adónde fue a parar esa riqueza.
Pero consolida el modelo concentrador y exclusivo de la estructura de la propiedad agraria, atentando contra las políticas de desarrollo.
En próximos artículos compartiremos la “radiografia” de otros actores poderosos del agro uruguayo.
Distribución de la renta agraria 2000-2019 en miles de millones de dolares y porcentaje de la plusvalía (PV) en el total de la economía
Millones de U S$ | % total Renta | %PV total E conom í a | |
| Terratenientes | 8.078 | 36,9% | 5,5% |
| Capitalistas | 10.330 | 47,2% | 7,1% |
| Productores familiares | 1.722 | 7,9% | 1,2% |
| Estado | 1.738 | 7,9% | 1,2% |
| Total | 21.868 | 100% | 15 % |
Distribución de la renta por tipo de terrateniente (U S$)
Número | Superficie | Superficie por propietario | Renta/ mes | Renta total en millones U S$ | Renta total (%) | |
| T. Familiares | 19.185 | 1.712.240 | 89 | 648 | 162 | 11% |
| T. Capitalista | 11.833 | 7.962.780 | 673 | 4.884 | 751 | 49% |
| Cúpula e mpresarial | 31 | 1.447.740 | 46.701 | 338.953 | 137 | 9% |
| T. Puros | s/d | 4.851.840 | s/d | s/d | 458 | 30% |
| INC | 1 | 375.400 | 375.400 | 1.362.308 | 18 | 1% |
| Total | s/d | 16.350.000 | s/d | s/d | 1.525 | 100% |
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