La atención interdisciplinaria para niños, niñas y adolescentes con discapacidad, alteraciones del neurodesarrollo y dificultades del aprendizaje volvió a instalarse en el centro del debate público. A pocos días de haberse presentado el documento del Diálogo Social instancia en la que la Red de Centros Interdisciplinarios del Uruguay participó activamente la organización emitió un fuerte comunicado reclamando definiciones concretas y urgentes por parte del Estado para atender una problemática que afecta a decenas de miles de familias uruguayas.
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La infancia como prioridad
Foto: Dante Fernandez / FocoUyCaras y Caretas Diario
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El planteo tomó además una nueva dimensión política luego de la reunión mantenida con el presidente de la República, Yamandú Orsi, quien recibió a representantes de la Red en un encuentro centrado en la posibilidad de avanzar hacia la universalización de la atención interdisciplinaria en Uruguay.
Datos que interpelan
La discusión no es menor. Según los datos presentados por la organización y estudios realizados por distintos organismos públicos, cerca de 30.000 niños, niñas y adolescentes con discapacidad, alteraciones del neurodesarrollo y dificultades del aprendizaje permanecen actualmente fuera de los sistemas de cobertura y acceso a tratamientos especializados.
El problema expone una de las principales tensiones del sistema de protección social uruguayo: la existencia de capacidades técnicas y experiencia acumulada, pero una cobertura aún fragmentada e insuficiente frente a la magnitud de la demanda.
La atención interdisciplinaria constituye hoy una herramienta central para abordar situaciones vinculadas al desarrollo infantil, el aprendizaje, el lenguaje, la motricidad, la salud mental y las trayectorias educativas. A diferencia de abordajes parciales o aislados, este modelo integra distintas disciplinas psicología, psicopedagogía, fonoaudiología, psicomotricidad, psiquiatría, trabajo social, entre otras para construir diagnósticos y tratamientos integrales.
La evidencia internacional muestra que la detección temprana y el acceso oportuno a tratamientos especializados pueden modificar significativamente las trayectorias educativas, sociales y de autonomía futura de niños y adolescentes. Por eso distintos organismos internacionales consideran estas políticas como inversiones estratégicas en capital humano y desarrollo social.
En Uruguay, sin embargo, persisten importantes brechas de acceso. Actualmente, la cobertura mediante la prestación AYEX alcanza principalmente a hijos e hijas de trabajadores privados formales, funcionarios de la administración central y algunos convenios específicos. En cambio, los hijos de trabajadores informales, desempleados o trabajadores públicos sin cobertura especial quedan muchas veces excluidos del sistema.
Según datos mencionados por la Red y estudios elaborados por OPP, existen cerca de 26.000 niños usuarios de ASSE entre 0 y 15 años con riesgo de desarrollo o aprendizaje que no cuentan con cobertura adecuada.
Para intentar responder a esta realidad, ASSE desarrolló las Casas de Desarrollo de la Niñez (CDN), dispositivos públicos orientados a la atención especializada. Sin embargo, la capacidad instalada continúa siendo claramente insuficiente frente a la demanda existente. Actualmente funcionan solo 13 sedes distribuidas en nueve departamentos del país, dejando amplias regiones sin acceso directo a estos servicios especializados.
El comunicado de la Red plantea justamente que el problema principal ya no es exclusivamente de infraestructura, sino de articulación institucional y utilización eficiente de capacidades existentes. La organización sostiene que Uruguay ya cuenta con una extensa red privada habilitada, con presencia territorial y equipos técnicos consolidados, que podría complementar la respuesta pública mediante mecanismos de coordinación y financiamiento adecuados.
Durante la reunión con Orsi, los representantes de la Red presentaron una propuesta de política pública basada en un modelo de complementariedad público-privada. La iniciativa plantea que organismos públicos como ASSE, INAU, BPS, educación y sistemas de protección social coordinen diagnóstico, derivación y seguimiento, mientras la red nacional de centros especializados aporte infraestructura y atención terapéutica.
La Red nuclea actualmente a más de 160 instituciones y 220 clínicas distribuidas en 56 ciudades del país, con capacidad instalada para atender a más de 30.000 usuarios. Ese dato aparece como uno de los argumentos centrales de la organización: el país ya dispone de recursos técnicos y cobertura territorial, pero falta construir mecanismos institucionales que permitan universalizar el acceso.
El encuentro con el presidente también dejó algunas señales políticas relevantes. Según informó la organización, Orsi reconoció la importancia del tema y sostuvo que existe voluntad política de incorporar respuestas en el próximo presupuesto nacional, aunque aclaró que no es posible comprometer una universalización inmediata de la cobertura.
También se informó que ya fue aprobado un aumento de 1.200 cupos de Ayudas Extraordinarias para MIDES e INAU y que el tema está siendo analizado en el Gabinete de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia con una mirada interinstitucional.
El debate se conecta además con uno de los grandes ejes planteados en el Diálogo Social: la necesidad de priorizar la infancia como política de Estado. La Red valoró positivamente que el documento presentado incorpore esta temática como prioridad estratégica, aunque advirtió que las definiciones aún resultan insuficientes frente a la urgencia de la situación.
La discusión trasciende el campo sanitario. Lo que está en juego son trayectorias educativas, inclusión social, desigualdad territorial y oportunidades futuras de miles de niños y adolescentes. Diversos estudios muestran que las dificultades de desarrollo no abordadas oportunamente terminan impactando sobre aprendizaje, inserción educativa, salud mental y posibilidades de integración social.
Por eso, detrás del reclamo de la Red aparece también un debate más amplio sobre el modelo de protección social que Uruguay necesita construir hacia adelante. Un sistema que no solo reaccione frente a emergencias, sino que logre intervenir tempranamente, reducir desigualdades y garantizar derechos de manera efectiva.
La organización reafirmó su disposición a continuar trabajando junto al Estado para construir una política nacional de atención interdisciplinaria y sostuvo que garantizar el derecho al desarrollo integral de las infancias “no admite la menor demora”.
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