Según consignó El Observador en total, la Fiscalía había identificado 193 transferencias irregulares. La investigación permitió establecer responsabilidades de una funcionaria administrativa que ejecutaba las operaciones y posteriormente alcanzar a exdirigentes sindicales y otras personas que habrían intervenido en el esquema.
La hipótesis que vinculaba al PCU
Uno de los aspectos que permanecía bajo investigación era la eventual existencia de un vínculo entre los fondos desviados y dirigentes sindicales o políticos. Algunos de los condenados habían declarado que parte del dinero llegaba a dirigentes del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca) y que, a través de ellos, podía terminar en manos del PCU.
En ese marco, uno de los nombres que cobró especial relevancia fue el de Laura Alberti, secretaria de Finanzas del Sunca e integrante del PCU. Según declaraciones incorporadas a la causa, parte del dinero desviado habría sido entregado a Alberti y, a través de ella, a la colectividad política.
Alberti declaró durante la investigación y negó cualquier participación en la estafa. Tras conocerse el archivo, su abogado, Miguel Mederos, sostuvo que la decisión constituye "algo positivo" y que reafirma lo que había planteado desde el comienzo respecto a la no participación de su defendida en la maniobra.
Sin embargo, el fiscal Rodríguez concluyó que las pruebas reunidas no permiten confirmar esa hipótesis ni avanzar con una imputación contra otras personas.
Las ocho condenas siguen vigentes
El archivo de esta línea de investigación no modifica las condenas ya dictadas por el caso Fosvoc. Ocho personas fueron condenadas por su participación en la maniobra, entre ellas exdirigentes del Sunca, la funcionaria encargada de ejecutar transferencias y personas que actuaron como intermediarias.
Según la reconstrucción realizada durante el proceso, algunos de los intermediarios recibían el dinero en sus cuentas personales y posteriormente lo transferían nuevamente o lo retiraban en efectivo, hasta completar el circuito previsto.
La existencia de esas condenas implica que el archivo dispuesto ahora por la Fiscalía se limita a la posibilidad de establecer nuevas responsabilidades y a la hipótesis de un eventual vínculo con el PCU.
