Denuncia civil al Ministerio del Interior presentada por el Dr. Marcelo Frioni en representación de la familia de Ignacio Nacho Suárez -hincha de Peñarol que murió en el estadio Campeón del Siglo el 13 de mayo de 2023, antes del partido entre Peñarol y Wanderers por la fecha 15 del Torneo Apertura- generó una categórica y polémica respuesta de la cartera.
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La demanda que busca un resarcimiento económico a los familiares del hincha (asesinado según ellos y varios testigos) se debe a que Frioni (abogado en el ámbito civil) entiende que hubo responsabilidad en la aplicación de una fuerza bruta sobre el posteriormente fallecido y en la no aplicación de protocolos cuando se lo descolgó de la reja punta de lanza en la que quedó incrustado y le causó las heridas que llevaron a su muerte, según informó este martes Montevideo Portal.


Como respuesta a esta denuncia en la Justicia civil, el Ministerio del Interior contestó la semana pasada y citó en garantía a Peñarol y a la empresa de seguridad Fagrem, encargada de la seguridad privada del estadio Campeón del Siglo, a quienes considera responsables por los hechos que llevaron a la muerte de Suárez.
Mediante un escrito elaborado por la abogada France Bettina Puchalvert -en representación del Ministerio del Interior-, la cartera afirma que la empresa de seguridad fue “elegida por el Club Atlético Peñarol para prestar ‘todas’ las funciones de seguridad” que se le habían confiado, de entre todas las propuestas. “Cabe destacar que las empresas de seguridad privada son contratadas justamente porque la obligación de los organizadores del evento nunca queda relegada con la participación de la Policía”, indica el documento.
Interior responsabilizó a Peñarol por colocar las puntas mortales
Respecto al Club Atlético Peñarol, el ministerio “cree que si esta sede entiende que existe algún tipo de responsabilidad por el lamentable insuceso, es claro que no pueden existir dudas de que el Club Atlético Peñarol será el gran responsable por ello”.
“El Club Atlético Peñarol es claramente responsable (tanto objetivo como subjetivo)”, sostiene el texto de la cartera.
“En el infortunado hecho, en el que falleció la víctima, el Club Atlético Peñarol no solo omitió colaborar con la Policía, sino que, además, adoptó antes de este y de otros eventos una medida para nada disuasiva y por demás riesgosa cuando decidió colocar puntas de lanza afiladas en la parte superior de los portones perimetrales de acceso al estadio, ubicados en una zona muy concurrida, en la que el acceso irregular por parte de los hinchas era algo fácilmente previsible. De modo que, con ello, claramente incrementó de manera significativa el riesgo de accidentes y dificultó significativamente la labor de la Policía”, apuntó Interior.
El ministerio añade que esta responsabilidad no es solo “por causa de la omisión de la empresa de seguridad contratada y elegida por él”, sino también “por el daño físico (la lesión) provocado por una de las puntas afiladas de rejas colocadas intencionalmente sobre el portón perimetral ubicado en el estadio de su propiedad, siendo que a la postre esa fue el arma que causó el deceso de la víctima”.
“Esto es, el Club Atlético Peñarol debe responder de forma objetiva y/o subjetiva por las heridas que le causaron la muerte del joven Ignacio Suárez, en tanto fueron producidas por un objeto punzante que decidió colocar en el vallado perimetral, siendo un lugar por el que previsiblemente iban a querer ingresar los hinchas de forma irregular”, completa.
Investigación penal podría tener novedades en las próximas semanas
Por otra parte, la investigación penal fue congelada por el exfiscal Leonardo Morales durante dos años: nunca tomó declaración a los policías y guardias de seguridad actuantes en esa zona del estadio cuando Suárez intentó entrar al recinto saltando esa reja y dos policías, que intentaron reducirlo, lo golpearon y sometieron -según el abogado Rodrigo Rey, en base a imágenes y decena de testigos- causando la muerte del joven de 21 años. Tampoco reclamó videos a Peñarol y no cuestionó cuando el club retiró las púas sin informar a la Fiscalía.
Tras 28 meses, su familia y la hinchada de Peñarol reclaman justicia, por entender que fue víctima de un desproporcionado y violento accionar policial. En ese sentido, Rey dijo a Caras y Caretas que volverá a solicitar una audiencia de garantías para pedir que se mueva la causa.
La categórica postura del Ministerio del Interior, lejos de laudar lo ocurrido en mayo de 2023, abre la puerta para nuevas derivaciones y repercusiones en la Justicia penal, en el ámbito de la Fiscalía de Flagrancia de 8° Turno a cargo de la fiscal Silvia Porteiro.