Tras analizar los detalles del proyecto Neptuno-Arazatí y sus consecuencias la Mesa Coordinadora de la Intersocial expresa “su profunda preocupación por el avance del proceso privatizador que lleva adelante el gobierno nacional en la OSE” así como “su rechazo tajante a la judicialización de la lucha social”.
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Se trata para la Intersocial de un “avance privatizador” que “supone el desconocimiento por parte del gobierno de tres elementos de insoslayable relevancia”, a los que seguidamente detalla.
Refiere primero a las objeciones técnicas y ambientales presentadas que “dan cuenta de la ineficacia de tomar agua del Río de la Plata para usarla como fuente de agua para la población”.
En segundo lugar recuerda las medidas cautelares en manos del Poder Judicial sobre la pertinencia normativa del proyecto Neptuno.
Y finalmente señala los cuestionamientos públicos por la transferencia de más de U$S 300 millones desde el Estado hacia el capital privado.
Asimismo, rechaza el “escenario generado por la fiscal Gabriela Fossati” contra la Federación de Funcionarios de OSE (Ffose) y “particularmente contra su presidente, en tanto configura una judicialización del legítimo derecho a la actividad sindical, la cual no generó ningún perjuicio ni físico ni material”.
Para la Intersocial “llevar los asuntos sindicales al ámbito judicial como primera respuesta o como vía preferencial para dirimir conflictos sindicales es una tendencia asociada a un proceso de derechización que le hacen mucho daño a las sociedades y al ejercicio de las libertades públicas”.
Finalmente expresa “toda nuestra solidaridad con el sindicato de OSE, su presidente y todo el movimiento sindical”.