Perciballe sobre militares prófugos: "Hay mucha impunidad detrás"

El fiscal explicó que, en términos generales, para acceder a una jubilación es necesario residir en el país o, en su defecto, acreditar la fe de vida desde el exterior. Sin embargo, cuestionó que, aun con la información judicial disponible, no se haya interrumpido el pago. “No entendemos cómo si nosotros desde la Justicia le informamos al servicio previsional que está prófugo, cómo es posible que no se suspenda la pensión y que a su vez no se requiera certificado de estar vivo”, indicó, y agregó que en los hechos “están pagando una jubilación a alguien que no sabe si está vivo o no”.

Investigación en curso

En el caso de Amorín Maciel, Perciballe remarcó un elemento adicional que agrava la situación: la existencia de una circular del Ministerio de Relaciones Exteriores que advertía a las misiones diplomáticas sobre la necesidad de comunicar de inmediato a Interpol en caso de detectar su paradero. “Se sobreentiende que tampoco deberían haber dado el certificado de fe de vida, pero eso ocurrió y ahora hay una investigación en curso”, sostuvo.

El fiscal precisó que, al tomar conocimiento de lo sucedido, se dio intervención a la jueza de la causa para que informara a Cancillería y, a su vez, se pusiera en conocimiento a la Dirección de Políticas de la Fiscalía General. Asimismo, aclaró que las actuaciones de la Fiscalía en torno a este caso no se originaron a raíz de la reunión entre el colectivo Familiares y el presidente Yamandú Orsi. “Nosotros, antes de que saliera esta situación, ya habíamos solicitado esa medida vía judicial, como otras”, afirmó.

Perciballe señaló que actualmente la Fiscalía concentra esfuerzos en la localización de personas requeridas en causas por violaciones a los derechos humanos. “Estamos dedicados a todo el tema prófugos porque entendemos que hay mucha impunidad detrás y entonces estamos impulsando cada una de las causas con distintas medidas para que en definitiva se logre ubicar y extraditar a estas personas”, explicó. En ese marco, recordó que varios de los involucrados están vinculados a delitos particularmente graves, como desapariciones forzadas ocurridas en centros clandestinos. “Estamos hablando de crímenes de lesa humanidad y entre ellos de los más graves”, subrayó.

Respecto a la investigación administrativa iniciada por Cancillería a partir de este episodio y consultado acerca de las posibilidades de llevar esta causa al ámbito penal, Perciballe sentenció: “Como funcionario público, cuando estoy frente a un presunto delito tengo la obligación de denunciarlo, eso es lo que hice en estos momentos con esta situación como con otra, no es la única”.