El trasfondo histórico
El aumento de los homicidios no comienza con la pandemia ni con la reforma procesal de 2017. Su origen es anterior, pues hacia el bienio 2007-2008 las cifras de Montevideo comienzan a moverse y hacia 2012 la inflexión se consolida en plena recuperación de los indicadores económicos y sociales, cuando las variables tradicionalmente consideradas criminógenas no permitían anticipar una evolución de ese signo. Una sola variable resulta compatible con la curva observada, la consolidación, a partir de fines de 2002, del mercado minorista de pasta base de cocaína. La criminología empírica viene estableciendo desde hace cuatro décadas que la venta minorista de drogas en escenarios urbanos densos genera niveles desproporcionados de violencia letal, en su mayoría de carácter sistémico según el marco clásico de Goldstein (1985).
La comparación regional refuerza la hipótesis. Entre Rosario y Montevideo existen similitudes notables (tamaño poblacional comparable, condición de puerto regional, curvas de homicidio prácticamente paralelas, predominio creciente de las armas de fuego), y sobre Rosario nadie en la Argentina pone en duda que la inseguridad proviene de los enfrentamientos entre bandas dedicadas al tráfico minorista. La hipótesis del narcotráfico como motor principal del aumento de los homicidios no es una corazonada periodística, es la explicación más parsimoniosa de los hechos.
¿Quién es quién?
Emiliano Rojido es el origen técnico del error. Sociólogo contratado en pleno año electoral por el exministro Nicolás Martinelli, produjo el diagnóstico según el cual apenas el 1,9 % de los homicidios sería atribuible al narcotráfico y hoy, como responsable del Plan Nacional de Seguridad, diseña la respuesta estatal a la misma violencia que no supo medir. Diego Sanjurjo, principal asesor de Martinelli y connotado cuadro del Partido Colorado, fue el amplificador y el beneficiario, pues patrocinó aquella contratación, relativizó públicamente el peso del narcotráfico (llegó a situarlo en apenas el 6 %) y terminó designado a dedo, ya bajo la actual administración, al frente de la AECA, la estructura que sustituyó al Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad (ONVC).
Martinelli carga con la responsabilidad política original, por contratar y divulgar el diagnóstico en campaña y por sancionar salvajemente a quien lo cuestionó con fundamento, sanción en la que lo acompañó Pablo Abdala. Carlos Negro es el responsable actual, pues convalidó la tipología, mantuvo y promovió a los asesores heredados y consumó el desmantelamiento del ONVC. Javier Donnangelo es el reverso de todos los anteriores. Director del ONVC en virtud de un concurso público y doctor en Criminología por la Universidad de Cambridge, advirtió desde el inicio la implausibilidad del diagnóstico, fue sancionado por hacerlo, los datos oficiales le dieron la razón y hoy no tiene funciones asignadas. El sistema castigó el acierto y premió la equivocación.
Los errores de diagnóstico
Es el propio informe anual de AECA (documento AA/2026/01, Tabla 2.8) el que deshace aquel diagnóstico. Los homicidios de 2025 vinculados al tráfico de drogas suman 115 sobre 371 (31 %), la categoría de mayor peso individual de toda la tabla, tal como sostenía el ONVC. La cifra de Rojido resulta quince veces menor y la de Sanjurjo casi seis veces menor, sin una palabra de autocrítica. A ello se agregan 79 casos adicionales (21 % del total) alojados en rubros vagos (“ejecuciones sumarias”, “motivos indeterminados”) íntimamente ligados a la lógica del crimen organizado.
La naturaleza grupal del fenómeno
Las causas de estos errores remiten a la naturaleza del fenómeno. La venta minorista de drogas exige separar acopio y venta, transportar por separado sustancias y dinero, vigilar locales y coaccionar deudores, tareas que requieren una “banda”, estructurada por lo general sobre clanes familiares unidos por parentesco, vecindad o vínculos carcelarios. Entender el fenómeno exige saber quién es quién, es decir, conocer los vínculos entre los miembros de las bandas y entre las víctimas de distintos hechos. La masacre de El Monarca lo ilustra con crudeza, pues las cinco víctimas pertenecían a un mismo clan y la madre sobreviviente ya había perdido otros hijos asesinados en 2023 y aun una década atrás. Sólo esa trama de parentesco y de hechos previos permite inscribir el ataque en la lógica de enfrentamiento entre bandas.
Pero saber quién es quién dentro del drama homicida exige revisar durante años (al menos diez, en una estimación conservadora) miles de partes policiales y expedientes judiciales, no sólo de homicidios sino de toda la gama delictiva. Ello se debe a que, como enseña el caso del barrio El Monarca, la venganza y el escalamiento típicos del conflicto entre clanes delictivos concatenan hechos violentos a lo largo de períodos prolongados. También a que los vínculos entre dos o más individuos pueden ponerse de manifiesto en documentación relativa a hechos distintos del homicidio. Por eso Rojido no vio absolutamente nada al asentar su diagnóstico en una muestra de un solo año (2019) formada sólo por homicidios, y por eso Sanjurjo, con poco más de un año al frente de AECA, tampoco puede clasificar los hechos con exactitud. Quien sí posee esa experiencia documental, acumulada durante décadas de estudio sistemático, es Donnangelo, hoy al margen de cualquier proceso institucional de relevancia mientras la política de seguridad navega sin brújula.
El déficit técnico es la consecuencia previsible del déficit republicano, pues cuando se destruye la independencia técnica de la producción estadística la política coloniza la ciencia y los datos terminan diciendo lo que conviene en cada coyuntura. La designación a dedo de Sanjurjo, en lugar del funcionario que ocupaba ese rol por concurso, configura un avasallamiento de derechos funcionales en un área que por su sensibilidad electoral exige estricta independencia técnica.
Mientras tanto, los homicidios aumentan. Estas líneas se escriben en vísperas de la publicación de un nuevo boletín de AECA, que debería cerrar sus datos al 30 de junio de 2026 y mostrará resultados bastante menos optimistas que los exhibidos hasta ahora (que de por sí no eran para maravillarse). Las balaceras se multiplican en barrios que hace una década no las conocían y familias enteras se ven arrastradas a espirales de represalias cuya lógica el Estado dice no entender porque sus asesores se pasaron dos años discutiendo si el problema existía. Aferrarse a la información de asesores designados a dedo mientras se margina a funcionarios con la más específica y pertinente acreditación de idoneidad técnica en materia de seguridad pública es renunciar a gobernar sobre la base de evidencia y dilapidar recursos escasos. Sin independencia técnica no hay diagnóstico veraz, y sin diagnóstico veraz no hay política pública posible.
¿Hasta cuándo vamos a seguir errando?
