TLC Uruguay-Chile: La estrategia indirecta para la enajenación de la economía

El 6 de octubre de 2016, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay hacía público el texto del Tratado de Libre Comercio suscrito con Chile. Días antes, el canciller Rodolfo Nin Novoa fue tajante al afirmar, tanto ante el Parlamento como en el documento entregado al Pit-Cnt, que del mismo quedaban excluidos los temas de patentes, marcas y derechos de autor, en la medida que no se había llegado a un acuerdo al respecto.   “Las reglas son para los débiles…” Sin embargo, la sorpresa fue que en el texto del acuerdo colgado en la web de cancillería estos temas sí fueron incluidos. Luego de definir lo que se entiende por propiedad intelectual, en el texto se expresa que los países que suscriben el acuerdo, deberán hacer “los mejores esfuerzos para ratificar o adherir al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (TCPM)”.   El TCPM y la cesión de soberanía La afirmación del canciller de que este tema quedaba expresamente excluido del acuerdo y el desmentido que se da en el texto omitido no parece ser un mero error tipográfico. Los sistemas de patentes a nivel global están manejados por las grandes corporaciones. A través de ellos se dictan normas, cuya naturaleza define adecuadamente Noam Chomsky al decir que “las reglas son principalmente para los débiles; los ricos hacen más o menos lo que se les antoje”. En buen romance, el Tratado de Cooperación en Patentes (TCPM, o PTC por sus siglas en inglés) crea el marco jurídico para que los Estados (en particular los más débiles) transfieran a organizaciones supranacionales potestades que les son inherentes. Es decir, se trata de un caso típico de cesión de soberanía. En este caso concreto -por ejemplo-, la producción de medicamentos genéricos se encarecería y se vería desestimulada por esa desregulación, que resultaría particularmente sensible para la producción de medicamentos genéricos para el tratamiento de enfermedades como el VIH y el cáncer, lo que tendría consecuencias para la salud de la población y en los costos del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS).   Liberalización ad aeternum En el seno del Frente Amplio (FA), que tiene que pronunciarse para la ratificación parlamentaria del tratado, hasta el momento existen dos posiciones contrastadas. Una, pormenorizada en el documento redactado por el Partido Comunista (PCU) y Casa Grande (CG), que concluye en que el TLC con Chile afecta las políticas públicas. También en esa dirección se alinea el Partido por la Victoria del Pueblo (PVP). En el documento que trascendió, y que lleva por título Inconvenientes de aprobar el Tratado de Libre Comercio Uruguay-Chile,  el PCU y CG comienzan poniendo el acento en la carencia de información en tiempo y forma para procesar en la interna la discusión del TLC. Lo que el canciller Nin Novoa señala como un mérito (haber negociado el TLC en sólo ocho meses) es considerado por el documento desde su reversa, ya que una vez que se procesó la negociación, la cancillería se limitó a subirlo a su página web, sin dar mayores explicaciones sobre el mismo ni al FA ni a la sociedad. Otro aspecto reseñado en el documento es la falta de evaluación del impacto que pueden tener algunos de los compromisos que se signan en relación con futuras líneas de desarrollo que pueda adoptar el país en áreas en las que ese TLC -curiosamente- no permite dar marcha atrás. Esto quiere decir que si en algún área el Estado desregula o privatiza, no puede invertir el proceso, aplicando subsidios, regulaciones o control estatal sobre actividades que se considera necesario proteger. Es más, si el dinamismo de la economía llevara a la apertura de nuevos rubros explotables, el Estado, en virtud de una cláusula del tratado, debe abstenerse de estimularla o protegerla, generando una cesión de soberanía que cercenaría toda posibilidad de manejar la economía de manera soberana y de acuerdo a los intereses del país. En otras palabras, todo renglón productivo o de servicios que no exista o que no esté regulado, queda de hecho liberalizado en virtud de los términos del acuerdo. El argumento de que Uruguay no puede quedar aislado y marginado del desarrollo global también es controvertido, ya que en el caso de la relación con Chile, Uruguay ya ha suscrito con esa nación acuerdos comerciales de bienes y servicios que se replican en buena parte del texto aludido. Por añadidura, ya existe un tratado bilateral de inversiones y acuerdos de contratación pública. En cuanto a las carencias, el documento señala la inexistencia en Uruguay de equipos de primer nivel para negociar este tipo de tratados, que existen vacíos vinculados a capítulos de propiedad intelectual y comercio electrónico y carencia de estudios de impacto que permitan determinar de qué manera afectarán los términos del tratado a los diferentes sectores de la economía. Se pone como ejemplo al respecto el acuerdo bilateral con México, que a 15 años de su firma los impactos que genera no han sido objeto de ningún tipo de evaluación.   Las “cláusulas de nueva generación” El Frente Liber Seregni (FLS), que respalda los términos del acuerdo, y que en sintonía con Nin Novoa entiende que el mismo forma parte de “la agenda progresista”, afirma que los mismos podrán tener un impacto positivo en la economía. Resaltan la eliminación de la doble tributación y las ventajas que se ofrecen a los productos uruguayos en el mercado chileno, particularmente a la industria del software, de la cual Uruguay es el sexto proveedor del mercado chileno. Descarta que se alteren las normas vigentes en materia de educación y de salud, ya que ambos sectores están excluidos del acuerdo y destacan los beneficios que aparejarán para las pequeñas y medianas empresas (pymes), que contarán con talleres de formación y asesoría jurídica. Pero la característica más singular de este TLC (que es mencionado por el documento del PCU y CG) es la incorporación de las llamadas “cláusulas de nueva generación”, que afectan las regulaciones y no los aranceles. Precisamente esas cláusulas, propias del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP), constituyeron el argumento más fuerte esgrimido por el Plenario Nacional del FA para pedir la retirada de las negociaciones del Acuerdo sobre Negociaciones de Comercio, o Trade in Services Agreement (TISA). En el mismo se expresa que «es extraño que cláusulas que provocaron la salida de las negociaciones del TISA ahora se quieran integrar a un acuerdo con Chile», agregando que “en este contexto, sería consistente pensar que se quiere allanar, con la firma de este acuerdo, el camino para el ingreso de Uruguay en el TISA y el TPP”. El tema no es menor, ya que los tratados que hacen hincapié en los aranceles no coartan las potestades de los Estados de regular, en ejercicio de su soberanía, aquellos renglones que les parezca pertinente proteger, subsidiar o no liberalizar. En cambio, los tratados firmados en el marco del TISA y el TPP atan las manos de las entidades nacionales para realizar ajustes regulatorios en cualquier área de la economía que no haya sido específicamente mencionada en los anexos del tratado. En el texto del TLC elaborado por Cancillería y el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) existe un anexo de ese tipo, que exime de liberalización a determinados sectores de la economía y los servicios.   La situación del mundo en general y la del bloque regional en particular ha variado mucho en la década transcurrida. Si en 2006, el primer gobierno de Tabaré Vázquez debió desistir del propósito de suscribir un TLC con Estados Unidos, las determinantes internas y las externas eran propicias para la integración regional y además, no es un dato menor, el Tratado fue obstaculizado por el entonces canciller Reynaldo Gargano, que fue un sólido defensor de la impugnación del convenio. En 2015, Tabaré Vázquez, en su segunda presidencia, debió desistir del intento del participar en las negociaciones por el TISA. En esta oportunidad, el presidente se vio atrapado en el juego de pinzas entre Danilo Astori, el círculo de Economía y Asamblea Uruguay, y el Plenario Nacional del FA, que rechazó la iniciativa por amplia mayoría. Se puede decir que en ese momento el presidente laudó de acuerdo con su fuerza política y es preciso recordar también que la situación regional no era la existente al día de hoy. No obstante, leyendo la prensa de la época, ya encontramos el esbozo de una estrategia para integrarse al Acuerdo Transpacífico, en el que las “cláusulas de última generación” no son la excepción, sino la regla. El 12 de marzo de 2015, el canciller Nin Novoa -informaba la prensa- se reunía con empresarios en Carrasco y con los representantes de la ARU en la Expo-Prado. Sugestivamente la nota se titulaba, “El canciller hizo frente al rechazo del TISA con el impulso de más TLC”. Una lectura atenta de la nota permite colegir que no se trata de multiplicar los TLC, sino de buscar una vía oblicua para introducir a través de tratados la desregulación, la liberalización y la privatización de la economía. Es decir, los términos en los que se manejan los convenios en el Transpacífico. Entre otras cosas, expresaba Nin por entonces que cuando se le consultó sobre con qué países en particular había interés en firmar convenios, consideró “la zona del Pacífico como fundamental”, y sostuvo que “con China se buscará ‘por lo menos’ un tratado de preferencias fijas arancelarias”. En otras palabras, la estrategia de la aproximación indirecta ya estaba direccionada. Al momento, ni el Partido Socialista (PS) ni el Movimiento de Participación Popular (MPP) han fijado posición sobre el tema, pero desde un ámbito foráneo a la coalición de gobierno, Luis Lacalle Pou ya ha anunciado la disposición de su sector a dar los votos a Vázquez si el FA se transforma en un escollo para la aprobación del tratado. A nadie se le puede escapar lo que significa este convite.