Todos contra todos en el gremio de fiscales

La complicada interna en la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay (AMFU) tuvo en las últimas horas un nuevo capítulo. Una carta firmada por 85 fiscales con críticas a las expresiones de la presidenta de AMFU, Dora Domenech, en un artículo periodístico, y a la actuación de la Comisión Directiva generó nuevos resquemores en la interna gremial.   Los firmantes centraban sus críticas en una aparente prescindencia de la Comisión Directiva al momento de atender los reclamos de los asociados, sobre todo de los más jóvenes. Y también transmitían el descontento con sus principales referentes (Dora Domenech y Gustavo Zubía) por formular manifestaciones públicas sobre temas sensibles sin recabar antes la opinión del colectivo. Y culminaban con un pedido de renuncia de todos sus integrantes. La misiva causó molestia entre los integrantes de la directiva. En particular, los párrafos 5 y 6, que fueron catalogados como malintencionados. En los pasillos de la Fiscalía se habló de indignación por el tono de la carta y se cuestionó que los firmantes no tuvieran la deferencia de presentar sus críticas en forma personal. Algunos esbozaron la idea de guardar la lista de todos los firmantes por si en un futuro solicitan algún favor o un consejo. Las diferencias internas entre los fiscales no son nuevas. Siempre, a lo largo de la historia, hubo diferencias de índole filosófica o ideológica. También políticas. Pero desde hace tiempo existe una división marcada entre dos corrientes de opinión, en las que sobrevuela la figura del fiscal de Corte, Jorge Díaz, y los cambios que se procesan en el accionar del Ministerio Público. Divergencia que hizo eclosión con la renuncia del fiscal Juan Gómez como presidente del gremio y originó una contienda electoral que estuvo lejos de pacificar la interna. Por el contrario, la intensidad fue en aumento. Todo esto en un contexto especial. En noviembre, el sistema judicial en Uruguay concretará un cambio histórico en el proceso penal, con la consagración de un sistema acusatorio, oral y público, en el cual los fiscales estarán a cargo de la investigación de los ilícitos. Un rol clave en el proceso que los encuentra divididos, en una guerra de todos contra todos.   La última batalla “La ética es de la naturaleza misma del cargo. Nosotros no lo necesitamos. No sé si lo necesitarán los fiscales más jóvenes”. Estas palabras de Domenech –publicadas en el diario El Observador– generaron el último chisporroteo en la compleja interna de los fiscales. Domenech se refería a la propuesta del fiscal de Corte de confeccionar un “código de ética” que regule la actividad de los representantes del Ministerio Público. Si bien horas más tarde pidió disculpas aduciendo que sus dichos habían sido tergiversados y que nunca fue su intención referirse en forma peyorativa a sus colegas más jóvenes, el diferendo estaba instalado. Un grupo de 85 fiscales catalogó sus expresiones como “nefastas”, ya que suponían una distinción entre los más antiguos y los más jóvenes. “Es inadmisible que la persona que ostenta la representación del gremio se exprese en estos términos”, ya que se pone sobre los fiscales más jóvenes “un intolerable manto de sospecha especialmente agravado por la generalización”, al tiempo que ubica a los más antiguos como pertenecientes “a una pléyade prescindente situada más allá del bien y del mal”. Y le recordaron otras situaciones análogas en que Domenech menospreció a los más jóvenes con sus palabras. Esa carta se elaboró en poco más de 24 horas como parte de un debate interno en el cual se procuró llegar al consenso más amplio posible. Un borrador comenzó a circular por correo electrónico o mensajes de WhatsApp, y tras ese intercambio, se llegó al resultado final. A diferencia de un par de cartas anteriores, esta tenía la firma de tres fiscales de peso en la interna, como Juan Gómez, Carlos Negro y Gilberto Rodríguez. La carta refleja el sentir de los firmantes ante los dichos de Domenech, así como un descontento con la Comisión Directiva. “Cada vez más acentuada aparece la voluntad de los máximos exponentes de la Comisión Directiva de: dividir, distinguir peyorativamente, desacreditar opiniones diferentes, hablar en los medios de temas sensibles sin consultar con el colectivo, no hacer lugar a planteos gremiales de diversa índole, desoír las peticiones expresas de los asociados, y por si esto fuera poco, nos encontramos permanentemente ante una actitud hostil y confrontativa por parte de las autoridades”. “Consideramos necesario, y por eso solicitamos a la presidenta que aclare el alcance de sus dichos y se retracte de los mismos públicamente, con la obstinada esperanza de que hayan sido el fruto de un infeliz comentario no representativo de su verdadero pensamiento. Y en su defecto, en caso de mantenerse en sus dichos, correspondería que la misma renuncie al cargo de presidenta del gremio por razones obvias; y si no existiera una manifestación pronunciándose en contra de estas expresiones por parte de la directiva, entendemos que la renuncia debe ser general”. Estos dos párrafos fueron los que generaron molestia. Algunos fueron explícitos al momento de expresar su enojo; otros prefirieron bajar el perfil, pero entienden que la carta fue “una declaración de guerra”. “Esto generó bronca y una división más grande”, reconoció un fiscal. Sin embargo, ninguno de los consultados por Caras y Caretas quiso hablar públicamente.   La sombra de Díaz En junio de 2015, Juan Gómez fue reelecto como presidente de AMFU, con un amplio respaldo del cuerpo de fiscales, en una instancia electoral con lista única. Gómez era valorado en la interna como un hombre de diálogo, trabajador y capaz de generar consensos. Un año después, renunció a su cargo en un contexto de fuertes discrepancias internas, que tenían cómo trasfondo el debate sobre la Ley Orgánica del Ministerio Público, una norma clave de cara a la aplicación del futuro Código del Proceso Penal (CPP). Gómez era cuestionado en los corrillos de la Fiscalía por su amistad con Jorge Díaz. Varios de sus colegas lo señalaban por no defender los intereses del gremio de la forma debida. Molesto por esos comentarios que se hacían a su espalda, Gómez presentó su renuncia y se alejó por un tiempo de la actividad gremial. Durante unos meses, la presidencia estuvo a cargo de Gustavo Zubía, hasta que finalmente se convocó a elecciones. En un ambiente absolutamente dividido, sólo se presentó una lista, encabezada por Domenech y Zubía. El nombre de la lista era significativo de lo que sucedía en la Fiscalía: “Pluralidad e Independencia”. Se trataba de una lista integrada por fiscales con una amplia trayectoria dentro del Ministerio Público, algunos con poca militancia gremial, muchos de los cuales tenían –y tienen– una visión crítica de la gestión del fiscal de Corte y, en particular, de algunas de sus decisiones. En oposición a esta lista, un grupo de fiscales convocó a “votar en blanco”. “La interna está dividida por el dilema de hierro: los pro-Díaz y los combatientes de Díaz. Algunos más, otros menos, pero eso es lo que está en el fondo de todo”, afirmó un fiscal, que se autodefine como “combatiente” del fiscal de Corte. En esencia, Díaz es cuestionado por la forma de conducir el Ministerio Público y el escarnio público al que sometió a diferentes fiscales (Ricardo Chiecchi y María del Huerto Martínez), así cómo por diversas propuestas que violentarían la independencia técnica de los fiscales. Sin embargo, se le reconoce un rol importante en posicionar el Ministerio Público, hacerlo visible ante la sociedad y prepararlo para el nuevo proceso penal. “El problema es que el tigre [Díaz] te pone la pata encima, nos quiere llevar contra las cuerdas y la Comisión Directiva lo quiere frenar. La otra parte tiene sus razones también; hay muchos que están convencidos de que ese es el camino, pero nosotros seguimos jodiendo para que termine de ponernos la pata encima”, agregó. Díaz asumió al frente de la Fiscalía de Corte (hoy Fiscalía General de la Nación) con un amplio respaldo del sistema político, tras una destacada trayectoria como juez penal. También con el apoyo de varios integrantes de la actual directiva que promovieron su designación, incluso en reuniones con legisladores de todos los partidos. “Pero en este tiempo se transformó en un hombre muy dogmático, muy cerrado, y eso ha motivado que la asociación tenga una posición de intentar ponerle un freno”. Desde la Comisión Directiva se vincula la última carta con ese contexto de divergencias internas y la postura que se asumió en distintos aspectos de la puesta en marcha del futuro CPP. “Esto es una operación. Todo el mundo está haciendo operaciones. Esto [las expresiones de Domenech] puede dar para una pataleta, que alguien se sienta ofendido, pero es propio de su forma de hablar. Esto es una jugada política”.   Asimismo desde la directiva se cuestiona la representatividad de los firmantes. “Son 85 de más de 500 fiscales. Sólo hay tres fiscales nacionales y ningún adjunto de peso; son en su mayoría fiscales departamentales y adscriptos con pocos años en el Ministerio Público. Tienen todo el derecho a manifestarse, pero por el tenor y la forma esto es un intento de desestabilización de la Comisión Directiva”. Por este motivo, se analizan las acciones a tomar, por más que se asegura que “la Directiva está firme”.