Uruguay 2016: situación y perspectivas

Como en el primer mes de 2007, repitiendo exactamente el acontecimiento que marcó el comienzo de la crisis subprime y, por tanto, de la gran recesión 2007-2010, la bolsa de valores de Shanghái cayó 7%, y el mundo económico, que ya asumió la “nueva normalidad” de Xi Jinping (China creció solamente 6,9% en 2015, el menor guarismo en 25 años, y sus importaciones caerían 10% en el marco de su proyecto de ser una superpotencia integrada), consideró que podía haber estallado el endeble sistema financiero conocido como “banca en la sombra” (sobre la que Alejandro Végh Villegas escribió en Caras y Caretas hace 10 años), y ambos factores podían provocar una segunda gran recesión.

No fue así, por ahora, y no es poco.

En nuestra región, Brasil continúa debatiéndose en una formidable crisis política y económica, en donde ya no están claros los roles de Dilma Rousseff y Lula da Silva, pero los hechos mandan: según el informe Perspectivas Económicas Mundiales 2016 del Banco Mundial, su PIB cayó 3,7% en 2015 y caerá 2,5% en 2016; su inflación es superior al 10% y ostenta un asombroso déficit fiscal de 9%, que sí es realmente grave. Una catástrofe para el progresismo mundial, que se agrega a la crisis venezolana y a otras muchas turbulencias en dicho campo.

Parece ocioso recordar que China y Brasil son, respectivamente, nuestros primer y segundo socios comerciales (explican más de 40% de nuestras exportaciones); pivote del grupo Brics, en el cual buena parte del mundo tenía cifradas –aunque sin mucho sustento real y con notorias falencias– sus esperanzas de que «otro mundo es posible», y tienen decisiva participación en la fijación del precio de las materias primas a las que nuestra primarizada y arcaica América Latina sigue aferrada.

Digamos al pasar (porque lo urgente no deja ver lo importante) que, tras diez años de fabulosa bonanza, nuestros países no abandonaron sus modelos económicos primarios (productores de materias primas, importadores de productos industriales y tecnología), para sustituirlos por proyectos de desarrollo integrales que los incorporaran al mundo desarrollado, como lo hicieron otras regiones periféricas de los centros industriales. Hay mucho que discutir seriamente en nuestros países, más allá de los lamentables escandaletes políticos que padecemos, generalmente articulados y manipulados por la derecha política.

Con los acontecimientos reseñados y la eurozona hundida por la “austeridad” impuesta por Alemania, el FMI y el Banco Mundial revisaron a la baja todas sus perspectivas de crecimiento y Estados Unidos, en un previsible repliegue keynesiano, enlenteció la suba de sus tasas de interés, tan anhelada por nuestros economistas neoliberales, que creen y desean que será el fin de los gobiernos del Frente Amplio.

La “tormenta perfecta”, pues, continúa en nuestro sector externo, y pronto deberemos agregar los efectos negativos del gobierno del ingeniero Mauricio Macri.

Ante este panorama (gobernar es optar), el equipo económico adoptó una serie de medidas mayoritariamente ortodoxas (se exceptúa el cambio en la liquidación del IRAE) con el objetivo explícito de reducir el déficit fiscal, que se situó en 3,5% del PIB para 2015. Lo había adelantado el Dr. Andrés Masoller, jefe de la Asesoría Macroeconómica del MEF en el último foro de ACDE, a pesar de que reiteradamente tanto el Cr. Danilo Astori como el presidente del Banco Central, Dr. Mario Bergara, habían razonablemente quitado importancia al tema. Recordemos una vez más que el implacable Tratado de Maastricht prevé un tope de 3% para el déficit público que nadie, excepto la Alemania de Angela Merkel y sus satélites germanos (Suiza, Austria, Bélgica, Holanda, Luxemburgo y algunos principados), cumple en la Unión Europea. Mucho menos lo tienen en cuenta las dos superpotencias mundiales, EEUU y China, que no sólo impulsan sus economías en base al déficit fiscal desde 1937, sino que incluso cuentan con la dispensa del FMI (que impone ajustes siempre a los mismos países periféricos y cipayos), para tan loable impulso, políticas expansivas que mantienen funcionando la locomotora de la economía global.

1. IPC y UTE Premia. La primera medida del equipo económico estuvo referida a los efectos de la inflación registrada en 2015, que pese a constituir la declarada prioridad del gobierno (señalada innumerables veces por el ministro Astori), se situó en el guarismo más alto desde 2003, lo que equivale a decir desde el primer empuje de la onda expansiva de la crisis de 2002. No pudieron las autoridades económicas, pese a todos sus esfuerzos, controlar la inflación en 2015 y todos los think tanks nacionales y extranjeros señalan que tampoco descenderá de 10% en 2016. Los grandes medios de prensa, impiadosos, trataron la política antiinflacionaria como un fracaso del equipo económico.

La medida consistió en operar sobre el IPC con resultados varios. Mientras los nuevos y viejos uruguayos buscaban el sol (sobre todo en Brasil, ya se verá), el Índice de Precios al Consumo (IPC) fue rebajado nuevamente mediante la utilización del plan UTE Premia en más de 1%, disminuyendo el poder adquisitivo real de los salarios y jubilaciones que ajustan anualmente el 1º de enero.

A noviembre de 2015, el IPC marcaba un incremento de 10,04%, pero en diciembre, el mes de mayor actividad, la cifra que marca la inflación “cayó” increíblemente a 9,44%, cifra utilizada en el aumento salarial y de jubilaciones antes mencionado. Como ya se ha dicho, esperamos una lista de precios de bienes y servicios que hayan subido menos de 12% en 2015. Sugerimos comenzar con los medicamentos.

2. Aumento de tarifas públicas. A esta controversial medida (que es objeto de una memorable polémica en el semanario Brecha), el equipo económico, que desde marzo de 2005 comanda el Cr. Danilo Astori, agregó el cumplimiento de otra que ya había sido anunciada, en el sentido de que las empresas públicas (sobre las cuales ha caído una tormenta mediática de denuestos como no se veía desde los días previos al plebiscito de la ley que las privatizaba, en el gobierno del Dr. Lacalle Herrera) deberían aportar el equivalente a 1,5% del PIB para reducir el déficit fiscal.

En su momento la idea fue respondida por numerosos economistas de izquierda que, como Juan Grompone, consideran que las empresas estatales son una necesidad inherente a la configuración del Uruguay como nación. No sólo se señaló que una exacción de ese tipo (destinada a Rentas Generales y no a mejorarlas) iba a conducir al desmantelamiento tan deseado por la derecha económica –que las tiene como principal objeto de deseo–, sino también se respondió a quienes planteaban (en los tiempos en que hubo hasta un «manual de corrupción para uso en el Estado», como si en el sector privado, que provocó todas las grandes crisis nacionales, todas, no la hubiera) si no había otras fuentes de donde obtener recursos, como por ejemplo aumentar los gravámenes a los sectores que se han enriquecido fabulosamente en estos diez años de gobiernos frenteamplistas, y sin embargo no reconocen ningún mérito a los mismos, como quedó plasmado en recordados documentos. Un odio implacable que no reconoce excepciones, cosa de la cual algunos ya tendrían que haberse dado cuenta.

Pero la solución encontrada por el equipo económico fue un significativo ajuste de tarifas públicas.

El 12 de enero los directorios de las empresas públicas, «en consonancia con los lineamientos del Poder Ejecutivo», como resaltó el comunicado de UTE, dispusieron aumentos, a partir del 1º de enero, en las tarifas de UTE (9,85%, aunque la ministra Carolina Cosse explicó que 12.000 familias de asentamientos no pagarán aumentos a la empresa que en diciembre otorgó el UTE Premia, y que en 2015 habría obtenido una utilidad de U$S 112 millones), Antel (9,4-9,5%, pese a los U$S 84 millones de utilidad anunciados en el año) y OSE (9,85%, sin ganancias en 2015), aunque el presidente, Ing. Milton Machado, anunció que el aumento no afectará a 82% de los usuarios. El precio de los combustibles se mantuvo, aunque nadie deja de recordar la caída en el precio del petróleo.

Llamó la atención que los aumentos de tarifas (que constituyen un innegable impulso a la inflación y ponen un piso de 2% a la de 2016) fueran explicados en conferencia de prensa por los ministros Ernesto Murro, Eneida de León y Carolina Cosse, en tanto el ministro de Economía –que habría sido quien los dispuso– se habría negado a participar de la exposición pública. Astori también dejó al subsecretario Ferreri encargarse de otros roles menores, como explicar que «las tarifas descendieron en términos reales en los últimos diez años», lo cual recibió como respuesta una hostilidad generalizada, altamente palpable en las redes sociales.

Tanto las cámaras empresariales como el Pit-Cnt coincidieron en condenar el aumento de las tarifas públicas, con distintas fundamentaciones.

El presidente de la Cámara de Industrias (CIU), Washington Corallo, declaró a la prensa que «el Estado tiene sus necesidades, pero tiene que apoyar a las empresas que son las que pagan los impuestos, los salarios, al Banco de Previsión Social (BPS). Hay industrias que ya tienen muy poca rentabilidad. Esto es como querer matar a la gallina de los huevos de oro», agregando que los ajustes impactarán en la competitividad y redundarán en menos puestos de trabajo. El presidente de la Asociación Rural (ARU), el ingeniero agrónomo Ricardo Reilly Arrarte, declaró que «nuevamente se utilizan las tarifas como brazo recaudador y evidentemente estamos frente a un ajuste fiscal constante que apunta a cubrir el abultado déficit de las cuentas públicas. Estamos pasando de ser un país de carga fiscal elevada a excesiva». El terrateniente se extrañó de que los beneficios por la incorporación de energía eólica al sistema energético no lleguen a los precios. El titular de la Unión de Exportadores (UEU), Ing. Álvaro Queijo, afirmó que «acá lo que hay es un ajuste fiscal y nos parece injusto (…) Sería sensato llamar a la reflexión al país en su conjunto de que con este tipo de medidas, que son las más fáciles, de aumentar las tarifas, el camino va a ser perder posibilidades de generar trabajo». El presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios (CNCS), Carlos Perera, declaró que el aumento de la tarifa de electricidad «va a impactar en todo; la energía impacta en todo. Se va a trasladar a precios, sin duda, a la industria, a la producción, al campo, a lo que sea. Es una locura», y agregó que «se piden acuerdos de precios y que los privados se ajusten los cinturones y te hacen esto. Siempre se le pide al sector privado y después les importa tres cominos. Esto va a impactar en los precios y las familias, sin dudas». Algunos empresarios hicieron referencia a declaraciones del ex ministro de Industria Ing. Roberto Kreimerman, quien en 2014 estimó que habría una rebaja progresiva en la tarifa eléctrica, que llegaría hasta 20% a fines de 2015. En 2013, el titular de UTE, Ing. Casaravilla, afirmó que la tarifa sería rebajada 15% en 2016.

Así le contestó el sector privado, que utilizó los términos «tarifazo» y «ajuste fiscal» varias veces, al ministro Danilo Astori.

Por su parte, la central de trabajadores emitió el 13 de enero un «comunicado del Pit-Cnt ante la suba de las tarifas públicas», que señala: «El Pit-Cnt ante la suba de las tarifas públicas, en particular de UTE, declara:

1) Manifestarse nuevamente en contra de la utilización de nuestras empresas públicas como entes recaudadores. Las dificultades fiscales que puedan existir se resuelven gravando más a los sectores más ricos de la sociedad y no desparramando los costos sobre la totalidad de la población, en particular los sectores más vulnerables.

2) Llamar su atención con respecto al hecho innegable de que el Poder Ejecutivo a la hora de definir sus criterios para la negociación salarial pretende desvincular los aumentos de salarios de la inflación (desindexación) y para aumentar las tarifas de las empresas públicas les carga la inflación más puntos por encima.

3) Mantener su posición acerca del rol innegable que pueden cumplir nuestras empresas públicas para el desarrollo productivo y social de la nación».

La medida fue elogiada únicamente por el economista Javier de Haedo, quien en su cuenta de Twitter señaló que «con el fuerte aumento de tarifas de UTE, OSE y Antel y la no rebaja de Ancap, el gobierno arriesga una mayor inflación y mejora lo fiscal», lo que «puede facilitar el ajuste fiscal y el ajuste de los precios relativos, que son imperiosos».

Más allá de todas las consideraciones, es obvio que estos aumentos (que podían haberse postergado o reducido en aras de la competitividad y el nivel de actividad y empleo) van directamente a encarecer los costos de producción de la economía. Pero como bien señaló el presidente del Pit-Cnt, Fernando Pereira, «el tema salarial y de precios es algo que naturalmente nos preocupa, hubo una declaración del secretariado vinculada a las tarifas públicas, pero básicamente nos preocupa que los únicos que no podemos trasladar nada a precios somos los trabajadores, los jubilados y los pensionistas», agregando que la gremial sostiene que «el que tiene más pague más». Señaló asimismo que «las tarifas planas no son la mejor opción» y se mostró partidario de «mecanismos por los cuales el que tiene más pague una energía más cara y el que tenga menos pueda acceder a un precio más lógico, algo que se puede discriminar por la cantidad de consumo que cada hogar tiene».

De las palabras de Pereira surge con toda evidencia que en relación al aumento tarifario pagan más los que ganan menos y sostienen con su gasto el consumo que representa más de 70% de nuestro PIB.

Por decir lo menos, el ajuste tarifario resulta controversial.

3. Crecimiento. Las medidas contractivas operan necesariamente sobre el nivel de actividad. Mientras las principales consultoras de plaza estiman que el crecimiento del PIB será de 1,5% en 2015 y 1,1% en 2016, el Centro de Investigaciones Económicas (Cinve) señaló en un documento que se ubicará en 1,6% y 0,9%, respectivamente. Consideró que habrá caída en el empleo y la demanda, por lo cual serían necesarias medidas para fortalecerlos.

«La incorporación del último dato de crecimiento e innovaciones de los determinantes de la economía uruguaya implica que actualmente las perspectivas de crecimiento son sensiblemente inferiores a las de trimestres atrás. El deterioro de la región, fundamentalmente Brasil, es el hecho macroeconómico de mayor relevancia en estos cambios», señaló el texto, que contesta al presidente del Banco Central, Mario Bergara, quien ha continuado expresando que no debemos dejarnos influir por la situación del vecino país, pese a su extraordinaria importancia para nuestro comercio y la vivencia fronteriza y turística. En términos nominales, el PIB caería a U$S 54.000 millones en 2015 y a U$S 49.700 millones en 2016.

4. Empleo. Tras haberse situado en 6,6% en 2014, la tasa de desempleo aumentaría, según las principales consultoras de plaza, a 7,9% en 2015 y 8,9% en 2016.

5. Salario real medio. En su informe de coyuntura correspondiente a diciembre de 2015, el Instituto Cuesta Duarte señala: «En lo que va de 2015, el salario real medio, medida del poder de compra del salario, redujo el ritmo al que venía creciendo en los últimos años. En los diez primeros meses de 2015, el salario real medio se ubicó 1,8% por encima de igual período del anterior, porcentaje de crecimiento que probablemente mantenga al cierre del año y que implicaría el menor crecimiento del salario real desde la reinstalación de los consejos de salarios en 2005, período en el que creció siempre a una tasa de más de 3% anual. La desaceleración en el ritmo de crecimiento del salario real se constata tanto a nivel privado como para los asalariados públicos, aunque el poder de compra de los primeros continúa creciendo a mayor ritmo (2,2% y 1,1% respectivamente)».

6. Competitividad. Si bien el valor del dólar de EEUU, tomando los valores al cierre de cada mes del dólar interbancario vendedor, pasó de $ 24,33 al 31 de diciembre de 2014 a $ 29,87 al cierre de 2015 (un incremento de 22,77%), el mismo es insuficiente para restablecer ni mantener nuestra competitividad con nuestros principales clientes. Según estimaciones de analistas privados, el dólar debería actualmente situarse en $ 39,90 para que nuestro país recuperara competitividad frente a nuestros principales clientes: China, Brasil, Estados Unidos, Países Bajos, Argentina, México, Italia, Alemania , Venezuela y Turquía. Según la Unión de Exportadores del Uruguay (UEU), que trabajó con datos de la Dirección Nacional de Aduanas, nuestras exportaciones cayeron 15,5% en 2015 respecto a 2014. Según el informe del Instituto Uruguay XXI la caída fue de 11,6%. La tendencia se agrava, ya que la UEU informó el lunes 1º de febrero que las ventas al resto del mundo cayeron en enero de 2016 20,95% respecto del mismo mes de 2015. «En el año móvil cayeron 16,74% en comparación con el año móvil anterior.»

Numerosos economistas de izquierda, entre los que se cuentan Antonio Elías, Alberto Couriel, Jorge Notaro, José Manuel Quijano y Luis Bértola, han señalado reiteradamente que Uruguay padece de sobrevaluación de su moneda nacional o atraso cambiario, lo que ha motivado un permanente y por momentos gigantesco déficit en la balanza comercial de bienes, como se observa en el cuadro siguiente:

Gabriel: acá va el cuadro y la gráfica de la competitividad.

Si sumamos los déficits sufridos entre 2005 y 2015 (años en los que se importaron más bienes de los que se exportaron), vemos que el déficit acumulado es superior a U$S 18.000 millones.

Es evidente que no se puede dar actualmente un salto como el que las circunstancias nos exigen, pero este hecho –que es continuación de las políticas en la materia seguidas por los partidos tradicionales– debería haberse advertido y revertido mucho antes, con una gradualidad que lo hiciera menos doloroso. Nadie podrá decir que no fue advertido.

7. Activos de reserva en el Banco Central del Uruguay. A efectos de contener la tendencia al alza del dólar, nuestro país continuó vendiendo activos de reserva, lo cual a su vez resultó en una disminución del endeudamiento. Lo hizo contrariando lo recomendado en el documento «Uruguay, Declaración del personal del FMI al término de la Misión sobre la Consulta del Artículo IV de 2015», emitido el 11 de diciembre pasado y referenciado en Caras y Caretas. Las tres primeras «recomendaciones en materia de política», contenidas en el Capítulo III, refieren a la necesidad de un «tipo de cambio flexible» y se señala que «debería recurrirse con moderación a las intervenciones en el mercado» en lo que refiere al uso de reservas del BCU para amortiguar «shocks externos fuertes». El equipo económico, absolutamente contrario a utilizar las reservas incluso para destinar módicos U$S 300 millones a las urgentes necesidades de infraestructura, ha recurrido sin cesar a estas, que tras alcanzar U$S 18.450 millones en agosto de 2014 y U$S 17.566 millones el 2 de enero de 2015, cayeron a U$S 14.754 millones al 1º de febrero de 2016, de los cuales U$S 3.841 millones son de libre disponibilidad.

8. Cambios impositivos. En dos situaciones que fueron muy celebradas por la izquierda, se dispuso en el Presupuesto eliminar la rebaja de 18% que había sido fijada en la crisis de 2002 a la alícuota de la Contribución Inmobiliaria Rural, con lo cual la situación volvió a la normalidad pese a las furiosas protestas de los dirigentes rurales. En diciembre se emitió un decreto que modifica el procedimiento de liquidación del IRAE, por el cual las empresas que hayan obtenido más ganancias no podrán descontar la inflación mediante el correspondiente ajuste. Se calcula que los empresarios abonarán entre U$S 100 millones y U$S 300 millones más por ese concepto, de los cuales cerca de 40% lo pagarán las empresas y bancos del Estado.

Conclusiones preliminares

Las expectativas de nuestra economía no son nada auspiciosas, tanto por el contexto externo como por las medidas adoptadas por el equipo económico.

En este año se conmemoran 70 años del fallecimiento de John Maynard Keynes y parece un buen momento para que las autoridades económicas revean las soluciones que el economista inglés aconsejó a su nación y a los Estados Unidos en la Gran Depresión de 1929, permitiendo vencerla, y cómo con los mismos instrumentos EEUU venció la gran recesión 2007-2010.

Keynes privilegió el empleo y el nivel de actividad por encima de todas las demás variables, y sus enseñanzas están estampadas en la carta de la Reserva Federal de los EEUU, y son seguidas por las naciones más poderosas, como China y Alemania.

Y miremos otra vez el largo plazo. Uruguay no cuenta aún con un proyecto nacional integral de desarrollo que asegure la sustentabilidad de nuestro crecimiento y bienestar social más allá de las fluctuaciones de las materias primas.

Definir e implementar ese gran modelo nacional de desarrollo que asegure empleo e inclusión social integral a todos los uruguayos constituye sin duda «la gran madre de todas las batallas» (otras que se mencionan hoy son instrumentales y pueden provocar riesgos severos) y el tercer gobierno del Frente Amplio debe librarla y vencerla.