165º período de sesiones CIDH: (in)Justicia en América Latina

Entre el 23 y el 27 tuvo lugar en Montevideo el 165º período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el que de nuevo se hicieron visibles las múltiples aristas de la dominación sobre los colectivos vulnerables y desposeídos de América Latina a cargo de gobiernos y de sectores defensores de los intereses de las diferentes burguesías regionales e internacionales. En este sentido, destaca que los gobiernos de Colombia, México, Argentina y Brasil fueron los que más audiencias enfrentaron, solicitadas por movimientos sociales, sindicatos y asociaciones de indígenas y campesinos. Por otro lado, el gobierno venezolano fue el único junto al mexicano que fue convocado directamente por las propias autoridades de este apéndice de la OEA en las audiencias “Situación de la institucionalidad democrática en Venezuela” y “Violencia, seguridad ciudadana y libertad de expresión en Venezuela”. Asimismo el propio estado venezolano solicitó la audiencia “Derecho a la educación en Venezuela”. La CIDH es un órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA) cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión tiene su sede en Washington y está integrada por siete miembros independientes, elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal. Las organizaciones de la sociedad civil o individuos interesados en solicitar una audiencia de corte público ante esta institución presentan una petición en la que incluyen una síntesis de las materias que expondrán, así como el tiempo aproximado que precisan para ello. La comisión evalúa esta solicitud y, en caso de aprobarla, convoca al Estado interesado para comparecer ante los denunciantes. Denuncias en Argentina El gobierno de Mauricio Macri fue llamado a comparecer en dos audiencias: “Situación de los derechos laborales y sindicales en Argentina” y “Derecho a la memoria, verdad y justicia por crímenes de lesa humanidad en Argentina”. La primera fue convocada por más de 20 organizaciones sindicales entre las que se encuentran la Central de Trabajadores de la Argentina-de los Trabajadores (CTA de los Trabajadores), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y gremiales de docentes y maestros como la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera). En esta audiencia las gremiales denunciaron la persecución y la criminalización de las protestas laborales por el gobierno argentino ante un contexto marcado por el recorte de derechos laborales y sociales. “Se busca eliminar la representación de los trabajadores y se hace atacando a los abogados laboralistas, a los jueces del trabajo y a los sindicatos. Se necesita imponer un clima para avanzar después con una reforma laboral regresiva, que es en sí misma inconfesable y que, entonces, es presentada bajo un ataque a una presunta corporación”, declaró en la audiencia el presidente de la Asociación de Abogadas y Abogados Laboralistas (AAL) Matías Cremonte, según informó Clarín. Por otro lado, en la audiencia “Derecho a la memoria, verdad y justicia por crímenes de lesa humanidad en Argentina”, organizaciones de derechos humanos, como Hijos, las Madres de Plaza de Mayo y el CELS, denunciaron ante los comisionados la relegación de los casos vinculados a la memoria y la justicia durante la dictadura, la detención irregular de Milagro Sala y la muerte de Santiago Maldonado. En representación del gobierno, acudió a Montevideo el secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación, Claudio Avruj. El jueves, organismos de derechos humanos y familiares de Santiago Maldonado participaron en una audiencia aparte para defender la hipótesis de la desaparición forzada. Esta visión es rechazada por el gobierno, el cual sostiene que “a partir de la aparición del cuerpo de Maldonado en el río Chubut y el reconocimiento de que se trata de ese joven, la denuncia de desaparición forzada se torna abstracta”. Crímenes en Colombia El gobierno colombiano compareció en dos audiencias públicas el pasado lunes para responder a la denuncia de múltiples asociaciones defensoras de derechos humanos que denuncian la masacre sistemática de campesinos, líderes comunales y ambientalistas contra megaproyectos mineros. Según datos de la Fiscalía, en 2016 fueron asesinados 116 líderes sociales colombianos y en lo transcurrido del presente año ya se han registrado 126 crímenes. Por ello, los denunciantes sostienen  que esta violencia tiene un carácter sistemático, ya que los asesinatos se producen de forma reiterada en un mismo período y espacio (zonas rurales con elevada presencia militar) contra personas que comparten las mismas características sociopolíticas, las cuales suelen acumular amenazas y agresiones previas. En este sentido, los delegados sociales denuncian que el proceso de paz ha traído más crímenes dirigidos contra defensores de los DDHH en el país, de los cuales más de un tercio se atribuyen a grupos sucesores del paramilitarismo, como las Autodefensas Gaitanas de Colombia. Este grupo amenazó de muerte recientemente a los dirigentes del partido de izquierda Unión Patriótica para forzar su renuncia a las elecciones de 2018. Otra parte de estos crímenes se atribuye a las acciones de represión de la protesta social a cargo de las fuerzas de la Policía y el Ejército. Los delegados denunciaron ante la CIDH al gobierno colombiano por negar el carácter sistémico de estos crímenes, así como la presencia del paramilitarismo (alentado históricamente por el Estado) en el país. En este sentido, denuncian la responsabilidad del Estado y del Poder Judicial en la impunidad de estos crímenes ligada a la falta de judicialización de las agresiones y al rechazo de los pedidos de protección de los amenazados. Brasil El gobierno de Michel Temer compareció el pasado lunes en cuatro audiencias diferentes, una demandada por los principales sindicatos brasileños para denunciar la reforma laboral, aprobada el pasado julio, dos en las que se trató la situación de la población indígena y afrodescendiente y una sobre la seguridad y los derechos humanos en las favelas. Debido a su potencial impacto regional, trascendió especialmente la denuncia realizada por las fuerzas sindicales de las modificaciones favorables al trabajo esclavo hechas por el Ejecutivo sin mediación del Congreso, así como la nueva reforma que habilita jornadas de hasta 12 horas de trabajo, favorece al tercerización y permite a embarazadas trabajar en lugares insalubres, entre otros atentados contra los derechos laborales. Representantes de la Asociación Nacional de los Magistrados de la Justicia Laboral Brasileña denunciaron que los jueces están siendo presionados por el gobierno para obstaculizar los trámites presentados contra la reforma laboral.