Los contactos entre la UE y el Mercosur comenzaron en 1999. Si resulta implementado, este acuerdo permitiría a los cuatro países sudamericanos exportar a Europa carne vacuna y de aves, azúcar, arroz o miel.
La UE, por su parte, exportaría vehículos, maquinaria y productos farmacéuticos.
En 2019, los dos bloques anunciaron un acuerdo político, pero países de la UE exigieron que se añadan garantías medioambientales, y la negociación se extendió por otros cinco años, ya que varios capítulos fueron reabiertos.
De acuerdo con la Comisión Europea, las empresas de los dos bloques pasarían a actuar en un mercado con 279 millones de personas del lado del Mercosur y 450 millones del lado de la UE.
En ese escenario, los países de la UE tienen intereses diversos. España tiene particular interés en las exportaciones de aceite de oliva y vinos, al tiempo que Alemania, por ejemplo, busca un espacio que pueda auxiliar a su alicaída industria automovilística.
Para los países sudamericanos, el acuerdo representaría el acceso a un mercado que requiere alimentos. En 2023, los cuatro países del Mercosur exportaron a la UE alimentos (sobre todo carne, soja y maíz) por unos 24.000 millones de dólares.
Además, el desafío planteado por la transición climática empuja a Europa a acercarse a la región sudamericana, rica en litio, cobre, hierro y cobalto.
La oposición de Francia
Los granjeros franceses se oponen al acuerdo. El tratado prevé cuotas de exportación de 99.000 toneladas de carne vacuna y la supresión de todos los derechos de aduana sobre 60.000 toneladas de carne importada a Europa desde el Mercosur.
La Comisión Europea afirma que esas cuotas representan solo un 1,6% de la producción anual de carne bovina en la UE.
La posición francesa es que el acuerdo expondrá a los productores agropecuarios de ese país a una demoledora competencia con rivales que no están sometidos a las mismas exigencias, sobre todo en materia ambiental.
En contrapartida, los cuatro países sudamericanos quieren evitar que sus propias industrias resulten aplastadas por sus equivalentes europeos.
Por esa razón, por ejemplo, Brasil busca proteger su industria automotriz de los efectos del acuerdo.
El acuerdo debe ser ratificado
El acuerdo anunciado en Montevideo tiene que ser ratificado en la UE, en un proceso de extrema complejidad que en parte aún no está plenamente definido.
Según las normas de la UE, el comercio es una atribución de la Comisión, que ahora tendrá que definir si divide el acuerdo y somete el capítulo comercial a un proceso de aprobación más directo, aunque hay países que se oponen a ello.
Normalmente, la ratificación de la UE requiere que 15 Estados miembros que representan el 65% de la población del bloque de 27 naciones la aprueben y luego obtengan la autorización del Parlamento Europeo.
Francia ha dejado claro que continuará en su empeño de bloquear el acuerdo, en una postura que logró la solidaridad de Polonia e Italia.
Austria y los Países Bajos también han expresado reservas.