Acuña: “Habrá que analizar la institucionalidad de la Defensoría Pública”

Verónica Acuña asumió como directora Nacional de la Defensoría Pública. Con una extensa carrera en materia penal, la Suprema Corte de Justicia decidió que Acuña era la persona adecuada para encarar desde la Defensoría Pública la reforma del Código del Proceso Penal (CPP), un “hito histórico” para el Poder Judicial, según afirmó este lunes el presidente de la Corporación, Jorge Chediak. En este marco, en entrevista con diversos medios de prensa, Acuña afirmó que el servicio de la Defensoría Pública es muy vasto y que implica asuntos más diversos que el área penal. Empero, destacó que uno de los puntos centrales de este año, al influjo de la reforma del proceso penal, será construir la estructura necesaria para cumplir con la atención a las víctimas, que le encomienda el nuevo CPP. “El tema de las víctimas merece un abordaje muy especial, muy delicado”, afirmó Acuña. Afirmó que el ingreso de 60 nuevos defensores públicos -previsto para mediados de 2017- es lo mínimo e indispensable para cumplir con el servicio y que en la práctica permitirá saber si es necesario la creación de nuevos cargos. Y destacó que la experiencia internacional muestra que sólo el 2% de las víctimas de un ilícito penal deciden participar activamente del proceso, pero aún no se puede visualizar que pasará en Uruguay. Además, dijo que, en este contexto, se deberá “analizar” cuál es la institucionalidad que merece la Defensoría Pública y que para eso se conformó una Comisión en el ámbito de Presidencia de la República -encabezada por Alberto Scavarelli- en que se debate sobre este punto. Sin embargo, afirmó que ante la intervención de los defensores públicos como parte del proceso penal sería “bueno” que estos fueran independientes del Poder Judicial. De lo contrario, “de alguna manera estaríamos supeditados, de última, a los designios de una institución, que es una institución de jueces, básicamente”, afirmó Acuña. ¿Qué desafíos afronta la Defensoría Pública teniendo en cuenta la próxima implementación del nuevo proceso penal? El servicio que presta la Defensoría Pública es muy vasto. Ahora estamos muy abocados al tema de la reforma procesal penal, que es básica, pero la Defensoría también atiende en otras materias, que son también muy importantes. Por ejemplo, los casos de violencia doméstica, que lo destaco porque dentro de dos días tenemos una fecha muy importante que conmemorar. Sin duda, que este es un año muy especial para la defensa pública, que el corte mayor será el abandono del viejo sistema inquisitivo y pasar a un nuevo sistema procesal penal que trae muchas novedades. En especial para la defensa. La defensa ahora será parte al igual que la Fiscalía, y serán los jueces quienes deberán asegurar la igualdad entre las partes. Pasamos entonces a tener una defensa que tendrá que desarrollar muchas destrezas, porque va a ser una defensa muy activa. Y por otra partes, y esto no es menor, el Código del Proceso Penal (CPP) otorga una relevancia importantísima al rol de las víctimas. El tema de las víctimas merece un abordaje muy especial, muy delicado. (Con el nuevo CPP) corresponde a la defensa pública otorgar asistencia letrada a las víctimas que carezcan de recursos y esto lo debemos coordinar con el resto de los servicios que prestan asistencia a las víctimas y que existen en nuestro país. La Fiscalía General de la Nación ha, recientemente, conformado una Unidad de Víctimas; el Ministerio del Interior también existen iniciativas para hacer un abordaje de este tema. Por lo tanto, tendremos que coordinar con todas las instituciones involucradas en esta temática para poder cumplir muy bien con el designio legal. ¿Quedó conforme con la solución del CPP en cuánto en cuánto habilita que la representación o defensa de las víctimas pueda ser ejercida por servicios de extensión de las Universidades? Por supuesto que vamos a cumplir con el designio legal. La ley establece esa gran posibilidad de firmar convenios con las Universidades. A esa tarea estamos hoy por hoy abocados. Sabemos que ya han existido universidades que han planteado su voluntad de colaboración en este extremo. También sabemos que en la Universidad de la República se está conformando un grupo que trabajará en esta temática. En un primer nivel, pensamos que la Defensoría Pública tendrá que demostrar sus mejores galas en el interior, porque no tenemos en todos los lugares del interior universidades que puedan trabajar con nosotros. Es uno de los desafíos que tenemos: instrumentar un servicio que pueda atender la asistencia letrada de las víctimas también. ¿Cómo se logra que la participación de las Universidades no implique una rebaja en el nivel de la defensa pública? Existen algunas voces contrarias a este sistema, por cuánto la asistencia letrada a las víctimas pueda ser ejercida por estudiantes. Nunca he visto que, en ningún juicio patrocinado por la Facultad excluya a sus profesores. No lo he visto desde mi práctica como estudiante, tampoco en mi ejercicio de la docencia. Así que no tengo porque pensar que ahora será diferente y que esto, que es tan delicado, quedará sólo en manos de estudiantes. Ni siquiera me está pasando por la cabeza. Los juicios del nuevo CPP serán orales y públicos y tendrán mayor celeridad. ¿Pero tendrán iguales garantías que en la actualidad? La apuesta es a más y mejores garantías. La apuesta a lograr una mayor calidad en la prestación del servicio. Luego está si lo lograremos o no, pero estamos apostando a ello e intentando soslayar todos los inconvenientes que se nos presenten. Recién hablábamos del tema de las víctimas. Por ejemplo, ha sido preocupación de la Suprema Corte de Justicia conseguir un local adecuado, que lo tenemos ya en reparación en la calle Buenos Aires y Misiones, dónde tenemos perfectamente discriminado que en un piso irán los imputados, con entrada independiente de otro piso dónde se presentará la asistencia a las víctimas. Dentro de lo que es posible y de los recursos con los que cuenta el Poder Judicial, desde nuestra parte estamos tomando todas las medidas que están a nuestra alcance para efectivizar esas garantías. ¿Se tiene definido cuántos defensores públicos se dedicarán a la defensa de los imputados y cuántos a la defensa de las víctimas, al menos en Montevideo? El tema de las víctimas es sumamente delicado y hace que le demos un pienso muy grande. Tanto para víctimas como para imputados estamos contando con la asistencia del CEJA (Centro de Justicia para las Américas), que ha intervenido en todos los procesos de reforma de los países de Latinoamerica, por lo que tienen una gran experiencia en estos cambios procesales. Son quienes nos están ayudando para ver cuáles pueden ser las soluciones posibles para hacer un encare adecuado de todos estos temas. Lo estamos trabajando con el asesoramiento de ellos, un asesoramiento que no es sólo para el Poder Judicial, con el objetivo de que el sistema, en su conjunto, funcione adecuadamente. Todavía no está definido exactamente (cuántos defensores públicos se dedicarán a la defensa de los imputados y cuántos a la defensa de las víctimas). Este es uno de los momentos en que, históricamente, van a ingresar más defensores públicos, tanto en el interior como en Montevideo. Se nos habla que en la experiencia sólo el 2% de las víctimas deciden participar del proceso, pero es sólo una proyección. Por eso hemos acudido a los entendidos, lo que nos permitirá hacer un diseño lo más saludable posible para encarar este tema. ¿Es suficiente el ingreso de 60 defensores públicos que se prevé para mediados de 2017? Nosotros habíamos pedidos más defensores, porque siempre apostamos a brindar un mejor servicio, apostamos a la excelencia. Para prestar un servicio de esta envergadura pretendíamos más cargos, pero lógicamente teníamos que ajustarnos a la situación económica del país que se nos planteaba. Por lo tanto, entendemos que estos recursos que tenemos son los mínimos e imprescindibles para la puesta en marcha del CPP. Después habrá que ver, en los meses inmediatos, si con esta cantidad de recursos humanos podemos llegar a dar cumplimiento adecuadamente a nuestra tarea, y en caso de ser necesario se deberán pedir los recursos del caso. ¿Usted está al tanto del planteo que promueve consagrar a la Defensoría Pública como un servicio descentralizado, por fuera del Poder Judicial? Recién (al asumir) lo decía, y mi cabeza iba entorno a ese tema, en relación al cambio que tenemos de la concepción de lo que era la Defensoría de Oficio a lo que es una Defensoría Pública, que ya nos tramite la idea de la prestación de un servicio público, que es algo totalmente distinto. Uno de los temas que habrá que analizar es la institucionalidad que merece una Defensoría Pública de esta envergadura. Hay distintas posiciones sobre el tema, por supuesto, pero lo interesante es que se de el debate. ¿Qué opinión tiene usted en relación a este debate? ¿Comparte la posición de la Asociación de Defensores Públicos (Adepu) de promover la creación de un servicio descentralizado? Todo esto tiene que ser analizado detenidamente, viendo los pros y los contras de una propuesta y de otra. Si digo, que la Defensoría Pública hasta el día de hoy ha tenido una tradición impecable dentro del ámbito del Poder Judicial. Lo que más me interesa es que, esté dentro o fuera del Poder Judicial, se brinde una defensa de calidad. Si está demostrado que la calidad viene por un cambio institucional, bienvenido sea. Pero creo que hay que darle el momento de reflexión. Se ha creado una Comisión que estudiará esto en la órbita de la Presidencia de la República y esperemos que el trabajo de esa Comisión sea fructífero y se termine definiendo lo que sea mejor. Recién decía que la gran ventaja del sistema procesal penal es convertirnos en parte y lo bueno es que las partes sean independientes y no que una de las partes dependa de una institución de la justamente dependen los jueces. De alguna manera estaríamos supeditados, de última, a los designios de una institución, que es una institución de jueces, básicamente.