El fiscal Luis Pacheco estaba preparado. El interrogatorio estaba pronto desde hacía varios días, con algunas correcciones de último momento. Entre sus manos tenía una evidencia importante para preguntar. Un informe elaborado por Alcoholes del Uruguay (Alur) planteaba una serie de críticas contra las adendas firmadas entre la empresa y Abengoa-Teyma para la construcción de la planta de bioetanol en Paysandú.
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El informe refiere a las seis modificaciones del contrato que, al decir de Alur, habían beneficiado a la constructora, en perjuicio de la subsidiaria de Ancap. Adendas firmadas por el ex presidente de Alur, el senador Leonardo De León, y el ex gerente general de la empresa, Manuel González, precisamente, las dos últimas personas en comparecer, como indagados, en el marco de la causa por presuntos ilícitos en la gestión en Ancap.
Sobre ese informe se centró Pacheco. En este marco, De León afirmó que “el origen de las adendas” -tres firmadas durante su gestión- refiere a la situación económica financiera de Alur, tras la decisión de sus accionistas (Ancap y Pdvsa) de no capitalizar la inversión, y eso genera dificultades en todo el proceso de construcción de la planta, en atención de las obligaciones adquiridas con Abengoa-Teyma. Las adendas permitieron la continuidad del proyecto, señaló De León.
La respuesta generó una repregunta de parte de la Fiscalía: “¿Usted considera que todas estas modificaciones sustanciales al contrato original no modificaron el principio de igualdad de oferentes?”. “No. Esas modificaciones se realizaron el aval de Alur y en caso de que se hubiera cambiado el contrato original con estas adendas, igual se hubiera elegido a la misma empresa. Estas adendas no hubieran cambiado el resultado (de la licitación)”, señaló De León. Es decir, pese a los cambios contractuales, Abengoa-Teyma hubiera sido la mejor oferta, puntualizó.
Sin embargo, el encargado de rebatir el informe fue el ex gerente general de Alur. González dijo que el informe jurídico está viciado de objetividad, ya que forman parte de una estrategia del actual Directorio en el arbitraje internacional iniciado por Abengoa-Teyma y está firmado por el abogado Robert Miller, que participó en “todo el proceso de negociación de las adendas”.
Los cuestionamientos
Sobre mediados de 2017, Abengoa-Teyma reclamó a Alur el pago por fin de obra de la planta de Paysandú y una diferencia de dinero por los contratos entre las partes. El planteo fue rechazado; se entendió que existían algunos inconvenientes con maquinarias y en el sistema de medición del consumo eléctrico, así como diferencias sobre la deuda. En este contexto, el Directorio de Ancap mandato a Alur a no efectuar el pago. Por esto, en noviembre de 2017, Abengoa-Teyma inició un arbitraje ante la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio para cobrar el dinero.
Los informes de los servicios jurídicos de Alur para enfrentar el arbitraje internacional -y para fundar una contrademanda contra Abengoa- fueron incorporados al proceso penal y sirvieron como insumo para el interrogatorio de la Fiscalía. Allí se puntualizó que las adendas al contrato favorecieron la posición de Abengoa, en detrimento de Alur.
Al declarar ante la Justicia, González afirmó que esos informes “están viciados por el propio interés de Alur en su arbitraje con Abengoa”. “No son informes objetivos, sino que buscan un resultado económico en la negociación y arbitraje mencionados. Esta falta de objetividad queda manifiesta en que Alur no informa que alguno de los peritajes realizados son favorables a Abengoa”, afirmó González. Por ejemplo, afirmó que un informe de un técnico independiente corrobora que el consumo de eléctrico de la planta “está dentro de los valores establecidos contractualmente”, por lo que Abengoa tendría razón en su reclamo.
Pero en particular, González apuntó contra el director de los Servicios Jurídicos de Alur: “el doctor Miller, abogado de Alur en el arbitraje, era el jefe del área jurídica de Alur durante todo el proceso de negociación de las adendas. Su responsabilidad entre otras, era verificar que los contratos firmados en Alur cumplieran formalmente con la representatividad y tuvieran validez jurídica”.
“El doctor Miller a su vez figura como responsable de los servicios jurídicos encargados del control de dichos contratos en el organigrama del proyecto de bioetanol de Paysandú. Finalmente, Alur omite informar que toda la negociación de las adendas contó, además, con el asesoramiento del estudio KPMG, designado oportunamente por el Directorio de Alur y dicha firma participó y revisó cada uno de los acuerdos suscritos con Abengoa. Por lo tanto resulta un absurdo que las propias personas encargadas de validar la legitimidad de dichos acuerdos ahora suscriban que dichos acuerdos no son válidos”, expresó González.
Asimismo, el ex gerente explicó porque se firmaron esas adendas. “Alur tuvo que incrementar significativamente su endeudamiento por la planta de Paysandú, llevando su pasivo de 60 millones de dólares a más de 200 […] En ese contexto, Alur se vio imposibilitada de cumplir con sus obligaciones financieras previstas con Abengoa, esto queda establecido claramente en los antecedentes de la primer adenda”.
Por este motivo, Alur solicitó la primera modificación: “Abengoa estaba en su derecho de suspender las obras que estaba realizando, con un gran perjuicio económico para Alur, generando además un riesgo de causal de rescisión de contrato por Abengoa. Por lo tanto, Alur tuvo que negociar el cambio de dichas condiciones económicas, generando un perjuicio económico para Abengoa. Producto de la negociación Alur decidió conceder contrapartidas asociadas a resultados productivos de la planta”.
Sin embargo, esa misma adenda “establece beneficios para Alur que son omitidos en el informe que presenta Alur a esta Sede”. Esa extensión del contrato, le permitió a la empresa realizar desacopios financieros por 10 millones de dólares, lo que alivió la presión financiera sobre Alur. El beneficio que se entregó a Abengoa es una contraprestación por ese alivio financiero.
Lo mismo ocurrió en las otras adendas firmadas, en algunos casos, con la amenaza de Abengoa de recurrir al arbitraje internacional. Antes de que esto sucediera, y para evitar posibles perjuicios al proceso de producción de etanol y de alimento animal -que implicaría una resignación de ingresos por 200.000 dólares diarios-, Alur decidió renegociar algunas clausulas del contrato, señaló González.
El premio a Abengoa
Otra de las preguntas de la Fiscalía estuvo referida a un pago de un millón de dólares efecutado a Abengoa por la entrega de la obra antes de plazo. Pacheco interrogó sobre cómo se proceso la recepción provisoria y si la planta cumplió los valores establecidos en el contrato. González explicó que la recepción fue llevada adelante por un equipo de técnicos de Alur y que la planta cumplía los requerimiento del contrato.
Por ejemplo, la conversión de almidón a alcohol tuvo un desvío inferior al 2% del valor establecido en el contrato, dentro del margen de error. El resto de los ensayos, según González, también validaron datos favorables, como la obtención de más alcohol por tonelada de grano, lo que implicaba un resultado económico mejor (en torno al 10%).
La segunda pregunta que el fiscal le realizó a De León refirió concretamente a ese pago. “Ese premio no tiene nada que ver con las adendas, estuvo en el contrato madre del proyecto y era uno de los hitos que se podía cumplir y era el adelantamiento de la producción de la empresa (se) adelantó 40 días la entrada de producción de la empresa”, afirmó De León.
En este sentido, el senador valoró que al contrario de ser un perjuicio para Alur la recepción de la planta significó un beneficio para la empresa, que inició antes de tiempo su producción. “Se calculaba una producción de 200.000 dólares por día. Se pagó este premio porque se cumplió ese hito y nos generó una facturación de 8 millones de dólares, o sea, se gano 8 millones por el pago de ese premio”, afirmó.
En tanto, De León dijo que participó en la firma de tres adendas del contrato con Abengoa hasta su salida de la empresa en febrero de 2015, para asumir una banca en la Cámara de Senadores. El fiscal preguntó a Pacheco por qué motivo no existen antecedentes de esas modificaciones en el Directorio de Alur.
El senador explicó que el presupuesto de 147 millones de dólares para esa planta fue aprobado por el Directorio de Alur, con el voto de los directores de todos los partidos políticos; la ingeniería financiera implicaba obtener préstamos por 100 millones de dólares y una capitalización por 40 millones de dólares de parte de los accionistas, que nunca se concretó. Y que eso llevó a la necesidad de modificar los contratos. Dijo que no participó del grupo de negociadores, pero que recibía información y correos electrónicos sobre el avance de esas negociaciones. Y afirmó que esas adendas no fueron ratificadas por el Directorio de Alur ya que él -como presidente- y el gerente general tenían potestades para sustituir al Directorio y firmar los contratos.
Tarjetas y disculpas
Durante su declaración ante la Justicia, De León fue interrogado en relación al uso de las tarjetas corporativas de Alur. La denuncia por estos hechos fue presentada por el Partido Independiente. Se aducía que De León realizó gastos por 30.670 dólares y 868.000 pesos con dos tarjetas de Alur, pese a que recibía viáticos; además, se cuestionó que varios de esos gastos no tenían relación con el objeto de las actividades de la empresa.
El legislador intentó desestimar estos hechos. Dijo que Alur no tenía un procedimiento para el uso de las tarjetas, que él no tenía viáticos y que los gastos estuvieron asociados con actividades propias de la empresa. “En el período que estuvo en Alur se concretaron cuatro plantas industriales, una en Bella Unión, otra en Paysandú, otra en Paso de la Arena y otra en Capurro. Los mayores viajes que habíamos eran a Bella Unión y Paysandú, no teníamos viáticos y con la tarjeta corporativa, a nivel país la usábamos para gastos de combustible, por mes hacía cerca de 6.000 kilómetros, y también se usaba para alojamiento y comida”. La tarjeta también se usaba en almuerzos, cenas con empresarios, reuniones con técnicos o con el comité de Gerencia en Paysandú.
En relación a los gastos en el exterior, afirmó que los hoteles se pagaban por internet previo al viaje y se reintegraba viáticos, y que se utilizó para pagar cenas con empresarios o potenciales clientes de Alur. Una de las preguntas refirió al gasto de alojamiento en el hotel María Cristina de Tacuarembó, el 29 de octubre de 2013, mismo día que se realizó allí una actividad de la fundación Propuesta 2030. De León dijo que eso fue una “coincidencia”, que estima que se encontraba de recorrida en alguna actividad en el interior y que se alojó en el hotel y participó del evento.
También se le preguntó por un gasto de hospedaje en el Hotel Alvear Buenos Aires, que coincide con la fecha de lanzamiento de la candidatura de la fórmula del Frente Amplio (Tabaré Vázquez-Raúl Sendic) en Argentina. Dijo que ese día se reunió con un director de Pdvsa por una diferencia de precio en una importación de urea de Pequiven y que dos días después tenía una reunión con técnicos de Alur en Rosario (Argentina). Pero negó alojarse en el Alvear; los gastos allí son de cafetería, por una reunión que mantuvo con el embajador de Uruguay en Argentina y empresarios y que se alojó en el hotel Carsson.
El senador también justificó un gasto en Paraguay en Semana de Turismo o el pago de un almuerzo en el restaurante de las Cataratas del Iguazú. Dijo que Alur era una empresa privada por lo que en esas fechas se trabajaba, que en Alur no existía una definición de “viajes oficiales” y que los traslados eran por proyectos, en relación a ingenios azucareros o destilerías que podían existir en esa zona. “Es falso la denuncia de (Pablo) Mieres de que haya gastos de alojamiento en ese lugar y período. […] En varios de los planteos que se hacen, se quiso plantear a nivel público que usaba la tarjeta para viajar por el mundo de forma particular”, apuntó De León.
El legislador afirmó que la denuncia es parte “del show mediático del senador Mieres”, para el cual incluyó gastos que correspondían a otra tarjeta de crédito, que utilizaba otro funcionario de Alur. A esto se le suma un gasto en la agencia de viajes Caribbean Travel Network. “Días estuve escuchando por medios de prensa (que eran montos muy importantes) y no revisaron que hay una notificación en la tarjeta, que se da un gasto de 203 dólares el día 11/2 y ese mismo gasto aparece negativo el día 17/2 porque hubo un error. En el estado de cuenta viene aclarando ese error, pero se utilizó esto en el enchastre permanente al uso de esta tarjeta”. Además, un supuesto pago en Amsterdam corresponde en realidad a la sede la agencia Booking, que se utilizó para contratar un hotel en Buenos Aires.
Según dijeron fuentes judiciales a Caras y Caretas, durante la audiencia, el abogado Pablo Donnángelo -representante del PI- reconoció que varios de los gastos denunciados no se correspondían a la tarjeta de De León y que fueron incorporados por error en el escrito. Ante esto, De León continuó con sus críticas a Mieres, por su “show mediático”, su campaña de “enchastre” y consideró como una falta de respeto utilizar la Justicia con fines políticos. Al retirarse del Juzgado, fue menos político: Mieres “es un carroñero de la política”, aseveró De León. Este jueves, en conferencia de prensa, Donnángelo ratificó el contenido de la denuncia sobre las tarjetas corporativas. La semana próxima la Fiscalía presentará su dictamen.