En América Latina y el Caribe son imprescindibles políticas económicas y sanitarias coordinadas

El documento advierte que “el número de muertes directamente atribuibles a la pandemia en América Latina y el Caribe (ALC) podría llegar a los 3,2 millones” de personas. Esto representa 0,7% de la población actual de ALC.

El objetivo del trabajo del BID “es discutir las opciones de política pública para los países de ALC y así proveer insumos de discusión para los gobiernos de la región. La nota se concentra en los retos de política pública para manejar la crisis sanitaria y económica de las primeras etapas de la pandemia”.

Efectos de la pandemia

La pandemia está provocando dos crisis de manera paralela. Una crisis sanitaria y una crisis económica. Efecto que se suma a una crisis financiera que profundiza el problema. El impacto económico y la evolución de la pandemia están estrechamente vinculados y por ello es imprescindible que las políticas económicas y sanitarias estén coordinadas, asegura el documento.

Sin embargo, el trabajo no aborda la tercera etapa: la recuperación económica una vez se controle la pandemia.

Situación fiscal

La región se encuentra en una situación fiscal mucho más débil para responder a esta crisis que la existente durante la recesión de 2008/09. Esto implica que, en ningún país de la región, se podrán dar aumentos de gasto cercanos a los que se están dando en los países más ricos del mundo.

Los números son contundentes. En 2008, el balance general promedio de ALC era -0,4% del PIB , que en 2019 era de -3%. La deuda pública subió de 40% del PIB en 2008 a 62% en 2019. En 2009, la región pudo responder a la crisis internacional con una expansión fiscal promedio de 3% del PIB.

A pesar de la opinión de muchos observadores, la situación de Uruguay es una de las mejores en ALC.

“Dada la mayor restricción fiscal, surgen una serie de principios guías, pensados para asegurar que las medidas que se tomen para la lucha contra el Covid-19 no deterioren fuertemente las cuentas públicas -aunque cierto deterioro será inevitable-. Esto es importante para evitar que la respuesta a la crisis ponga en riesgo la sostenibilidad fiscal y la macroeconomía”, indica el documento.

Recomendaciones

Los principios y recomendaciones que sugiere el BID son los siguientes.

El foco debe ponerse en la contención/mitigación de la pandemia -el tiempo para crecer vendrá después- y se debe actuar ya: los enfermos no esperan y los pobres e informales tampoco.

La pandemia ha causado una crisis de demanda (temor a utilizar servicios que exigen intercambios presenciales con desconocidos) y de la oferta de mano de obra (temor a los riesgos de infección en transporte público y en sitios de trabajo). Es clave para la recuperación económica que los gastos fiscales prioricen medidas sanitarias que permitan reducir, de manera confiable, los riesgos de infección que impiden la actividad económica.

Es clave diseñar políticas cuyos gastos sean temporales.

Las políticas deben ser preferentemente de apoyo a la iliquidez (crédito) y no de gasto (transferencias intertemporales en vez de exenciones).

En la medida de lo posible, se deberían reasignar partidas de gasto para contener el gasto agregado.

Emprender, en la medida de lo posible, reformas creíbles de eficiencia del gasto y/o impositivas que aumenten el espacio fiscal a mediano plazo para compensar los aumentos de gasto que generará la crisis del Covid-19. Además, este tipo de reformas podría dar una señal creíble a inversionistas de que los incrementos en el gasto son temporales y manejables y con ello evitar mayores flujos de capital fuera de la región y un mayor incremento en el costo del endeudamiento.

Las medidas que se tomen hoy son cruciales para ver qué economía nos espera a la salida de la crisis.

Cambios en los impuestos

En una nota del diario El País de Uruguay, publicada el pasado 28 de abril, se informa que técnicos del BID y del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias proponen modificaciones en el IVA, el Impuesto a la Renta y al Patrimonio tras la crisis del coronavirus en la región.

El documento fue elaborado por el economista líder, principal fiscal del BID, Alberto Barreix (y uno de los integrantes de la comisión que asesoró al gobierno en 2007 en la reforma tributaria), el líder especialista económico del BID, Carlos Garcimartín, y el secretario ejecutivo del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias, Marcio Verdi.

La pandemia del coronavirus toma a los países de América Latina (salvo algunas excepciones) con déficits fiscales que hacen necesario un ajuste.

Ellos señalan que “a corto plazo, estos déficits se van a financiar con una expansión de la deuda, pero tras la fase de reactivación, llegará en muchos casos la hora de la política tributaria”, afirman.

Según los técnicos, las medidas que se adopten poscrisis “deberían guiarse por cuatro lineamientos”, que son: “fortalecer los ingresos públicos, pues habrá que volver a la senda de disciplina fiscal”, sin perjudicar “la recuperación, que a la postre es el objetivo final”; a su vez, “es necesario no perder de vista la equidad; la propia crisis es regresiva, por lo que es importante evitar que la salida también lo sea”; y por último “deben distinguirse de forma nítida qué medidas son transitorias y cuáles son permanentes”.

Aclaran que la “posibilidad de aplicación es específica a cada país, pues no todos tendrán la misma urgencia de sostenibilidad fiscal, ya bastante comprometida, ni la misma capacidad de ampliar el espacio tributario ni la misma fortaleza institucional”.

Para países como Uruguay, que ya vienen con una situación fiscal complicada (déficit de 5% del PIB en los 12 meses cerrados a febrero), los técnicos recomiendan que en lo referido a “las moratorias tributarias que se están aplicando en numerosos países” (Uruguay es uno de ellos para ciertas empresas), “es oportuno enfatizar que no deben convertirse en condonaciones, con la posible excepción (temporal) de las contribuciones a la seguridad social para retomar el empleo, sino que es importante señalar con rotundidad que son solo prórrogas pertinentes”. Agrega que “es importante discriminar por tipo de impuesto -pues son menos deseables en aquellos casos, como el IVA, caso en el cual quien paga en última instancia es el consumidor, quien no se beneficiaría de la medida- y, por impacto y tamaño de empresa o sector (pues no todos han experimentado la crisis con la misma intensidad)”, para lo que el análisis de la evolución de las ventas puede favorecer su focalización”.

Agregan que “es perentorio ajustar los adelantos de rentas, que seguramente estén muy menguadas, pero evitar reducciones del impuesto, ya que no son necesarias en todos los casos”.

“Es necesario reconocer que los pilares tributarios son un arsenal añejo, la imposición a la renta tiene más de 200 años, la seguridad social es sesquicentenaria y el IVA va a cumplir un siglo esta década por lo que su aggiornamiento se vuelve indispensable”, enfatizan los autores.

Los expertos indican que “dada la regresividad de este impuesto, es deseable” que la suba “vaya acompañada de un resarcimiento a los hogares más pobres, no mediante nuevas exenciones o tasas reducidas, sino con transferencias focalizadas que compensen por el alza del tributo (denominado IVA Personalizado)”.

Tal es el caso de Uruguay, que tiene una tasa mínima de 10% del IVA para productos básicos, pero quienes más se aprovechan de la misma (por mayor capacidad de consumo) son los más ricos.

Para ir hacia un IVA Personalizado, “se requiere un registro fiable de beneficiarios, que genera otro importante valor añadido: el conocimiento de los grupos vulnerables que facilita la adopción de medidas de carácter social más eficaces. Inclusive, la mayor recaudación del IVA Personalizado podría financiar una reducción de las cargas a la seguridad social, fomentando el empleo”, señalan.

Existe un buen trabajo sobre el IVA denominado: “Un diseño de IVA Personalizado. Focalización de beneficios fiscales de acuerdo a la capacidad contributiva.” Los autores son Gustavo González, Marcelo Montero, Leticia Olmos y Fernando Peláez de la Asesoría Económica-DGI (Dirección General impositiva), publicado en noviembre 2011

Zonas francas

“El contexto actual parece un buen momento para revisar la racionalidad de los regímenes de incentivos, que también deberían aportar en la emergencia, y evitar los precios de transferencia internos por los que se traspasa artificialmente la utilidad a las zonas bonificadas mediante transacciones interempresariales. Por ejemplo, se podría aplicar la “regla de proporción” por la que las ventas al mercado doméstico de una empresa en zonas francas se deduzcan en la base gravable del comprador proporcionalmente a la ratio de tasas estatutarias entre la del vendedor bonificado y la de dicho comprador”, señala el informe del BID.

Impuesto a la Renta

En el impuesto a la renta empresarial, “dada la regresividad de la crisis y la precaria situación en que van a quedar numerosas empresas, una opción sería aumentar las tasas sobre los rendimientos de capital en aquellos casos en que este impuesto está semidualizado, es decir, sobre las rentas “pasivas” de capital (dividendos, intereses, regalías, ganancias de capital, etc.)”, señalan los expertos.

“Además, aumentar las tasas sobre las retribuciones al capital en el impuesto semidualizado incentivaría la reinversión en circuito empresarial”, añaden. En el caso de Uruguay, los intereses por depósitos o títulos de deuda en moneda nacional (en este último a plazos mayores a tres años) pagan 7% del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) categoría I (rentas del capital), mientras que los dividendos o utilidades abonan entre 7% y 12%.

En el impuesto a la renta personal, “sin duda existe un espacio significativo en la mayoría de los países de la región. Asimismo, convendría plantear -donde no existe- el paso a la renta (personal) mundial aprovechando el impulso internacional a la transparencia”, dice el informe.