A la salida de la comisión que analiza el proyecto de Ley de Urgente Consideración, la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, el presidente del Banco Central Diego Labat y el secretario Antilavado Jorge Chediak, brindaron una conferencia de prensa.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.
ASOCIARMECaras y Caretas Diario
En tu email todos los días
Al inicio de la misma, la ministra de Economía sintetizó su valoración del intercambio mantenido con la comisión parlamentaria, al definirlo dijo: “fue una fructífera y larga discusión”.
Durante su exposición en la conferencia de prensa explicó que se está trabajando en tres canales de tiempo: el inmediato en relación a las necesidades económicas para enfrentar la epidemia, en la economía real y en la agenda a mediano plazo.
La ministra Arbeleche detalló que se presentaron y trataron dos temas puntuales: un cambio en la institucionalidad fiscal. Con respecto a la «regla fiscal» insistió en la necesidad de la misma “para un mayor cuidado del dinero de los uruguayos”.
Por otro lado, se presentaron temas que tienen que ver con la promoción de micro y pequeñas empresas, en este sentido, se planteó un régimen de pago transitorio para pequeñas empresas de manera que puedan tributar menos que lo que tributan actualmente y a partir del siguiente año pasen a tributar de acuerdo a su facturación.
Por su parte el presidente del Banco Central, Diego Labat, también presente en la conferencia de prensa hizo apreciaciones sobre lo que entiende el gobierno como libertad financiera: “Buscan otorgar libertades de elección a trabajadores,profesionales y empresarios para que puedan cobrar en en efectivo si lo desean y que aquellas operaciones de menos 100.000 dólares no estén obligadas a ser realizadas por medios electrónicos».
En este mismo sentido, el secretario de Antilavado Jorge Chediak afirmó que: “Las modificaciones de la libertad financiera que se implementan no afectan los controles vinculados a lavados de activos ni financiamiento de terrorismo» y que respetan los acuerdos internacionales asumidos por el país.