La medida, que el Gobierno anunció el viernes 25, contempla además que los viajeros deben realizarse un PCR antes de abordar el avión con destino a la Argentina, otro testeo al llegar al país y un tercero al séptimo día de ingreso.
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Si el test al ingreso es negativo, deberán realizar el aislamiento donde indiquen las jurisdicciones durante diez días desde el testeo realizado en el país de origen y un nuevo test para finalizarlo; si es positivo, se realizará un testeo de secuenciación genómica y cumplirá aislamiento donde indiquen las autoridades nacionales.
Luego, las jurisdicciones controlarán que quienes regresaron de viaje estén cumpliendo el aislamiento y se radicarán denuncias penales ante incumplimientos, por las que se prevén sanciones de prisión de seis meses a dos años por violación a medidas contra pandemias y de 15 días a un año por desobediencia a la autoridad pública.
Aerolíneas en jaque
Argentina ya había puesto un tope de 2.000 pasajeros diarios que podían llegar en vuelos internacionales, que ahora se redujo a 600, lo que, según IATA (Asociación de Transporte Aéreo Internacional), «obligará a las aerolíneas a dejar en el extranjero a miles de pasajeros, principalmente ciudadanos y residentes argentinos».
El vicepresidente para las Américas de la IATA, Peter Cerdá, afirmó a través de un comunicado que «tal como está, las compañías aéreas no podrán aplicar la nueva norma del Gobierno», y destacaron que el Ejecutivo debería «informar de cómo se distribuirán las 600 plazas entre las compañías aéreas».
«Esto debe hacerse de forma no discriminatoria y transparente, por lo que hemos solicitado una reunión urgente con los responsables. Como industria, nos gustaría seguir ofreciendo una conectividad aérea esencial hacia y desde Argentina, tanto durante la pandemia como después. Pero al tomar estas decisiones unilaterales y de corto plazo, el Gobierno corre el riesgo de aislar aún más al país», destaca el comunicado.