Baja en homicidios: ¿Se debe al gobierno actual?

Relectura de ese leve descenso: otros aumentos

Si bien es cierta la baja, no lo es menos que es muy leve aunque parece autorizar a afirmar, muy excesivamente, que este gobierno bajó los homicidios, y que por ello es mejor gestor de la criminalidad y de la seguridad que el gobierno anterior, en cuyo período no ocurrieron mejoras como esas. Varios hechos permiten contradecir conclusiones tan apresuradas como insuficientemente fundadas. Veamos.

Uno. En Montevideo, sede de la mayoría de los homicidios en Uruguay, hay 10 barrios que concentran el 58% de los mismos. Pues bien, en 6 de ellos los homicidios no disminuyeron, sino que aumentaron.

Dos. En las cárceles, los homicidios tampoco bajaron; aumentaron un 50%.

Tres. En la vía pública tampoco mejoraron; crecieron un 13%.

Cuatro. Los homicidios con armas de fuego aumentaron un 3%; y la LUC disminuye las exigencias y controles sobre ellas.

Cinco. Y, más que importante para evaluar la gestión ministerial y gubernamental respecto de criminalidad y seguridad, los homicidios resueltos disminuyeron 13,5%.

Entonces, lejos de que esa leve mejoría en los homicidios haga pensar en mejoras en la gestión policial por mejor gestión ministerial, datos más directos sobre dicha gestión no inducen a pensar en su mejoría. Este es un dato negativo más inequívocamente atribuible a mala gestión que los datos positivos a buena gestión.

Los 4 primeros hechos anteriores pueden deberse a muchos factores alternativos o complementarios a la gestión gubernamental de la criminalidad y la seguridad; pero la caída de los casos resueltos puede ser más unívocamente atribuida a la gestión actual, y hasta podría inferirse de allí una diferencia con gestiones anteriores, aunque apresurada sin duda, pero no tanta como la que le atribuye temerariamente mérito diferencial al gobierno actual por la baja en los homicidios.

Conclusión parcial de la relectura de datos variados sobre evolución 2019-2020 en homicidios: es muy leve, no puede ser atribuida claramente a la nueva gestión ministerial ni tampoco debería por ello proclamarse esa gestión como mejor que la anterior. Además, los peores bolsones de homicidios empeoran (en barrios ‘rojos’, en cárceles, en vía pública, por armas de fuego, casos no resueltos); la mejoría se produce, entonces, en los sectores menos importantes, en aquellos en que la acción ministerial se necesita menos. Porque ese descenso de los homicidios en los rubros y lugares menos preocupantes no parece producirse por ningún acierto político diferencial, sino, más bien, por la incidencia en Uruguay de una gran causa, que sobrepasa lo nacional y hasta lo regional, para ubicarse a nivel global: la pandemia de covid-19. Ya veremos inmediatamente por qué.

Breve: muy leve descenso, no en sectores claves y atribuibles principalmente a menor oportunidad para ataques personales o a la propiedad, y por menor propensión a denunciarlos; todo ello básicamente como consecuencia de las medidas sanitarias adoptadas y de sus efectos psicosociales: menor movilidad, menos gente en la calle, menos locales y domicilios vacíos, menor ‘denunciabilidad’.

Baja de las denuncias: más encierro, menos circulación

Uno. Como resultado de las cuarentenas, encierros, distanciamientos y paranoicos descensos de la circulación social tanto en los barrios como en las zonas públicas más compartidas (parques, playas, espectáculos, lugares de consumo y compras), no solo hay menor cantidad de contactos sociales, lo que desfavorece delitos penales contra la personalidad, sino también hay menos locales y residencias libres, y por ende menos delitos contra la propiedad. Cualquier tentativa es, también, menos anónima por menor circulación vehicular y peatonal. Es decir que disminuyen las oportunidades de crimen, sea por reducción de la cantidad y calidad de los objetivos como por la menor chance de anonimato por mayor visibilidad de las acciones de actores sobre objetivos materiales o humanos.

Es en parte por ello que, de 2019 a 2020, en todo el mundo, hay descensos de las tasas de homicidios, y en la mayor parte de los casos mayor que la ocurrida en Uruguay; e independientemente de la calidad de las gestiones gubernamentales de la criminalidad y la seguridad; más allá de ello. Pero hay otra razón que creo tan importante como esta.

Dos. Por esa paranoia, esas normas sanitarias y esos protocolos, la gente tiende menos a denunciar hechos delictivos; porque presencia menos de los ya menos que ocurren; y porque tiende a temer más a trasladarse, a cruzarse con gente al caminar, a tomar transporte público y a frecuentar sedes policiales para hacerlo. Entonces, en la medida en que, equivocadamente, en la mayoría de los países la criminalidad es medida casi exclusivamente en función de las denuncias policiales y no en función de la operativa judicial, en especial de las sentencias firmes, la evolución del número de denuncias en sede policial se identifica falazmente con el número de crímenes socialmente ocurridos, cuando el descenso en las denuncias podría deberse a otras causas diversas a la baja de los delitos, por ejemplo a la retracción social derivada de las medidas tomadas frente a la pandemia. En el caso uruguayo, entonces, la menor inclinación a denunciar es falazmente leída como indicativa de menor actividad delictiva. Y el gobierno, incurriendo en una doble falacia, le atribuye esa no probada y leve caída, a su gestión. Y, además, tercera falacia acumulada, proclama que esa gestión es mejor por ello que la anterior. Cascada de falacias. Por más, ver columnas de Rolando Arbesún, Nos. 1002 y 1003 de Caras y Caretas.

Pero veamos ahora cuáles son los indicadores de criminalidad de que se dispone en el mundo: no solo las denuncias en sede policial, sino también la actividad judicial-penal, las encuestas de victimización, y las encuestas de autodenuncia, de todo lo cual surgiría un mejor panorama de la criminalidad y de ella como insumo presunto para la opinión sobre la inseguridad, y sobre las gestiones gubernamentales y ministeriales sobre ellas. Pero esa cuádruple fuente de información sobre criminalidad no se acumula en casi ningún lugar del mundo, y menos en Uruguay (yo los usé para una consultoría del BID para la SCJ, al menos 3 de ellos).

Denuncias + sentencias firmes + victimización + autodenuncia.

Rápidamente: uno, las denuncias en sede policial son la base de la mayor parte de los insumos cuantitativos para las políticas criminales y penales, y para la confección y difusión mediática de la evolución del delito que hace el Observatorio del Ministerio del Interior; y de sus consecuencias en la opinión pública sobre criminalidad, seguridad, y gestiones gubernamentales y ministeriales.

Todo equivocado sustantivamente pero retóricamente impuesto como verdadero y real.

En Uruguay se usan casi exclusivamente las denuncias en sede policial, lo cual limita mucho la conclusividad de esos datos para inferir de ellos criminalidad, porque magnifican la actividad criminal, con incidencia en la opinión pública sobre la seguridad. Porque, legalmente, delitos y delincuentes no resultan de una denuncia en sede policial, sino del procedimiento penal hecho por las fiscalías y por el Poder Judicial con la Policía como auxiliar calificado; solo hay delitos y delincuentes, legalmente, cuando hay sentencia condenatoria firme, sea en primera (juzgado), segunda (apelación mediante) o tercera instancia (conflicto primera vs. segunda instancia resuelto por la Suprema Corte de Justicia).

Estricta y técnicamente, no solo las denuncias no configuran delitos ni delincuentes ni indican concluyentemente criminalidad, sino que magnifican sistemáticamente la cantidad de delitos y de delincuentes, ya que las denuncias en sede policial, o los memoranda policiales, pueden no ser sometidas a fiscalías o al Poder Judicial, pueden ser desestimadas, archivadas o no originar sentencias condenatorias firmes, única fuente técnica y legal de cifras e identidades de delitos y delincuentes. Amén de que pueden ser impulsos de reacción cotidiana a avatares varios, y pequeñas venganzas conyugales, familiares y vecinales, que no merecerán ulterioridades.

Las denuncias son varias veces mayores que las condenas; tomándolas como exclusiva medida de criminalidad, estamos magnificándola, e induciendo mayor miedo y sensación de inseguridad, motivo de deslegitimación de gobiernos. La paranoia de la seguridad, convergente con la hipocondría de la salud, se alimenta, en parte, del número muy superior de denuncias sobre el de condenas firmes. El miedo público se alimenta mejor con las denuncias policiales, como indicador de crimen e inseguridad, que con las condenas judiciales, muchísimas menos; a la prensa le convienen más también, para vender más carroña.

Ahora bien, en criminología se debate mucho sobre la conveniencia de evaluar crimen y seguridad sobre la base de denuncias a la Policía o de condenas judiciales firmes. Ya vimos por qué las denuncias no configuran, de por sí, delitos ni delincuentes; por qué no deberían ser la base de los insumos políticos cuantitativos; y por qué magnifican la criminalidad, y la percepción pública sobre ella, sobre la seguridad y sobre las gestiones gubernamentales. Desastres en cadena, nutritivos de miedo urbano y de clamores contraproducentes por durezas policiales, legislativas y judiciales, escuela de fascistización.

Sin embargo, más allá de que la policía les dé ulterioridad judicial a las denuncias, de que estas pueden evidenciar su pretensión, o de que el proceso fiscal-judicial llegue a su fin, las denuncias pueden estar más cerca de reflejar la ‘cifra negra’ delictiva (delitos socialmente ocurrentes pero judicialmente no condenados, cifra negra de los que no llegan a la Policía, o de los que no llegan a formalización fiscal-judicial, o de los que no llegan a sentencia condenatoria firme) que las resoluciones judiciales, aunque estas sean teóricamente preferibles; en ese sentido, pese a que técnicamente pueden tener pocas consecuencias legales, muchas veces las denuncias son índices diversos de los judiciales sobre la actividad criminal real en la sociedad. Además, desde el punto de vista práctico, en la medida en que las sentencias firmes pueden demorar hasta varios años respecto del año de comisión del delito, la construcción de estadísticas criminales debería esperar varios años hasta que todos los ilícitos formalizados tuvieran sentencia firme para poder afirmar cuántos delitos y delincuentes hubo en determinado período, y concluir y planificar sobre esa base.

Lo mismo con la obtención de datos periodísticos; si para saber sobre la criminalidad de un año ‘x’ hay que esperar años y surfear las burocracias de los juzgados y la lentitud de sus conteos, la noticia está frita. En cambio, aunque las denuncias no son datos suficientemente correctos, se obtienen más rápido y sus cifras mayores asustan y venden más. Por varias razones, entonces, delitos=denuncias, en las estadísticas públicas, en la comunicación mediática y en el imaginario cotidiano. Múltiple desastre, pero explicable por diversas razones, aunque no tan respetables como los inconvenientes que provoca.

Para tener el mejor panorama de la criminalidad deberían tenerse en cuenta no solo los datos de denuncias en sede policial, sino los de la actividad fiscal-judicial, en especial los de sentencias condenatorias firmes; a estas dos fuentes contribuirían, para achicar la ‘cifra negra’, encuestas de victimización y de autodenuncia, con sus problemas también, pero configurando una totalidad panorámica mucho mejor que la actual, acorde a la caída de la moda por verdades y realidades. Tema muy técnico el de los indicadores de criminalidad, muy importantes en sí mismos, pero, además, íntimamente trasladables a la opinión sobre la seguridad y sobre las gestiones ministeriales y gubernamentales, espadas de Damocles electorales.