El departamento del Tesoro de Estados Unidos (EEUU) emitió nuevas sanciones contra entidades bancarias venezolanas en el marco de su política de bloqueo económico total contra esa nación sudamericana. El pasado viernes 22 de marzo, la oficina de control de activos en el exterior de EEUU incluyó al Banco de Venezuela, al Banco Bicentenario, a Bandes Venezuela, a Prodem -un banco minorista que es propiedad de Bandes en Bolivia- y a la sucursal de Bandes en Uruguay en una lista de casas bancarias con las que prohíbe operar, otorgando algunas excepciones para algunas de esas entidades, pero prohibiendo expresamente cualquier tipo de transacción o negocios con la casa central de Bandes en Venezuela y con Bandes Uruguay.
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La medida se inscribe en la política de asfixia que el gobierno de Donald Trump está aplicando a Venezuela, siguiendo una hoja de ruta cuyo propósito explícito es derrocar al presidente Nicolás Maduro y colocar en su lugar al diputado Juan Guaidó. No hay ningún argumento técnico para la medida porque no hay nada que vincule a esas entidades con operaciones de lavado de activos o prácticas que violen las reglamentaciones. En el caso de la sucursal uruguaya, Bandes representa una porción de mercado pequeña, pero con un nicho constituido, rentabilidad real y un comportamiento ejemplar en la medida que cumple con todas las normativas y prácticamente no ha recibido sanciones desde que comenzó a operar en nuestra plaza hace 12 años. Las sanciones son políticas y se encuadran en una lógica de guerra económica contra Venezuela que sólo los necios pueden negar, llevada adelante por los EEUU con disposiciones que impactan fuera de su territorio en franca contravención de la legislación internacional, que rechaza de plano la aplicación de sanciones con alcance extraterritorial. Además, la sanción a las sucursales de Bandes fuera de su país de origen constituye una doble sanción: por un lado se afecta la actividad de una entidad venezolana, pero a la vez se perjudica a las plazas financieras de los países donde la entidad opera, por ejemplo Uruguay, lo cual induce a pensar que la voluntad de los EEUU no es sólo destruir la economía Venezolana, sino vengarse de los países que no reconocen como presidente a su ungido Juan Guaidó, como son el caso de Uruguay y Bolivia.
Bandes Uruguay tiene suficiente solidez como para honrar todas sus obligaciones y responder a todos sus ahorristas en cualquier momento, pero la sanción aplicada por Washington impide que opere hacia o desde el exterior aunque sus operaciones locales no se vean afectadas, siempre que el resto de los bancos no empiecen a restringir sus transacciones con Bandes para llenar el ojo de EEUU o sigan directivas de sus casas matrices.
En cualquier caso, Uruguay sufre un coletazo del bloqueo a Venezuela, que ya causó que los clientes de Bandes con tarjetas Visa emitidas por esa cada bancaria vieran clausuradas su posibilidad de utilizarlas y Venezuela sufre un nuevo golpe a su sistema financiero cuyo impacto es brutal sobre la capacidad del país de concretar inversiones e importaciones, toda vez que EEUU impide en los hechos que Venezuela haga transacciones económicas bancarizadas con el exterior, así se trate de la compra de alimentos o medicinas.
Mientras tanto, la Asociación de Empleados Bancarios de Uruguay (AEBU) ha denunciado la situación que afecta la plaza financiera local y horada la soberanía del país, y han subrayado que es una media política inadmisible llevada adelante con prepotencia por un Estado que se erige como gendarme del mundo, como si sus disposiciones fueran de cumplimiento obligatorio para entidades públicas y privadas de terceros países, sin mediar ningún tipo de pronunciamiento de la ONU o de algún organismo multilateral con potestades reconocidas por todos.
Esta medida estadounidense produce nerviosismo entre los trabajadores porque, además, en el caso de profundizarse en sus efectos, pone en riesgo la fuente laboral de cientos de trabajadores de una casa bancaria que no tiene ningún problema de funcionamiento real, que se ve afectada por la arrogancia del gobierno de Donald Trump, empecinado en producir un cambio de régimen en un país sudamericano, como si América Latina fuera su patrio trasero y sus Estados, meros protectorados subordinados a la voluntad de EEUU.