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Editorial Manini |

Cada vez más a la derecha

Por Leandro Grille.

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El golpazo que significó para el gobierno la votación del domingo 27 de marzo, en la que logró su objetivo de conservar los artículos de a ley, pero por una diferencia mínima entre las boletas del Sí y el No, cuando todavía le quedan casi tres años de mandato, obligó a la reflexión al oficialismo y, muy especialmente al presidente, sobre la estrategia a desarrollar desde ese momento en adelante. Ya conocemos que la posición de Cabildo Abierto es iniciar algún tipo de camino de diálogo con la oposición “para encontrar las soluciones que el país requiere, en clave de país y no de partido”, además de insistir en que sus propuestas sean tenidas en cuenta en el seno de una coalición que no ha aprobado ninguno de los proyectos de ley del sector liderado por Guido Manini. Pero claramente la postura de Lacalle Pou no tiene nada que ver con ese rumbo de negociación y acuerdos.

El presidente optó por ignorar el mensaje político de una paridad extrema del resultado electoral y agarrarse de la conclusión jurídica: la LUC se mantuvo. De ahí en más, lejos de moderar su estilo, buscar acuerdos amplios, conversar con la oposición o matizar alguna de sus ideas programáticas, él y sus allegados más inmediatos han redoblado la apuesta y decidido gobernar básicamente como si la mitad del país no tuviera vela en el entierro. Ni diálogo político con voluntad de acuerdos ni reconocimiento de la dimensión de lo que tiene en frente.

A días del domingo, a título de ejemplos, el ministro del Interior embiste con la idea de habilitar los allanamientos nocturnos, yendo todavía más lejos que la ya de por sí muy cuestionada LUC en materia de política policial y de seguridad pública; el Ministerio de Educación y Cultura firma una resolución para comenzar a emitir títulos de acuerdo a las nuevas disposiciones y poniendo de punta a toda la comunidad educativa, el ministro de Defensa habilita el ingreso de visitantes a la casona donde funcionó la cárcel del pueblo del MLN, para que “la historia no tenga recortes” como si el Estado debiera equiparar en el plano político y simbólico la actividad de una organización guerrillera derrotada en el año 1972, con el terrorismo llevado adelante por el propio Estado especialmente a partir del inicio de la dictadura en junio de 1973.

Este tipo de iniciativas y las que pueden venir, que incluyen la posibilidad de liberar a los presos de Domingo Arena, acompañadas de una creciente prédica persecutoria dirigida contra la oposición política y social, habla a las claras de un gobierno que lejos está de moderarse o abrirse a la opinión de los contrarios, y cada vez juega más a la derecha y de modo más agresivo, básicamente como si el referéndum les hubiese otorgado una renovada y amplia legitimidad para avanzar más y más rápido.

La radicalización de un gobierno que ha sido desde el inicio muy radical, pese a saber ahora sin duda que la mitad del país no comparte su orientación, es una estrategia curiosa si en la mente de los coaligados hay alguna voluntad de conservar el poder en las próximas elecciones. Cualquiera diría que en un escenario como este lo lógico es buscar ampliar los apoyos y no refugiarse cada vez más en el núcleo duro de sus acólitos. Porque cualquiera se da cuenta de que la radicalización de un proceso así de cuestionado te aísla más de los que no te votan y te genera nuevos adversarios.

Pero más allá de la peculiaridad de la estrategia elegida, cabe admitirla como un dato de la realidad y  anticipar sus consecuencias, no solo en el plano de sus impactos deseados, sino en el clima político que de ella deviene. Un clima de creciente animosidad, tensión y, posiblemente, conflicto. Un conflicto que el gobierno no tiene intenciones de atemperar sino de promover, porque no otra cosa puede concluirse de los discursos de odio, los señalamientos y la soberbia descomunal de la que hacen gala varios de los portavoces del oficialismo.

A este panorama complejo, hay que añadir una situación económica cada vez más dura para los uruguayos, en la medida en que la inflación alta, sobre todo en los rubros básicos para la vida y la caída continua del salario real están deteriorando las condiciones de subsistencia de manera rápida y significativa, especialmente para las familias con menores ingresos, lo que anticipa otras fuentes de tensión social que el gobierno tendrá que administrar apartándose de la ortodoxia económica y con tolerancia, no con espíritu represivo.

Este año va a ser clave porque el tercer año de cualquier gobierno es el último año para grandes proyectos. Lamentablemente, todo indica que el Ejecutivo ha elegido un camino de cerrarse sobre sí mismo y radicalizarse. En ese marco, no se puede esperar otra cosa que tiempos difíciles de transitar y muy duros para la convivencia.

 

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