El abogado Juan Ceretta, que representa a un grupo de socios de Casa de Galicia, anunció hace unos días que en caso de ser aprobado el proyecto de ley del gobierno de la redistribución de socios y funcionarios de la mutualista, presentaría un recurso de inconstitucionalidad.
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Este martes el proyecto fue aprobado primero en Senadores y después en Diputados. «Yo ni siquiera en 2002 vi una celeridad legislativa como esta; me llama la atención, porque hay una voz que nadie ha escuchado”, reclamó Ceretta, en referencia a los usuarios. En concreto, cuestionó que el proyecto habilite al Poder Ejecutivo a “repartir como quiera a los socios, como si los socios fueran un bien más de la institución que se puede repartir”.
Según el abogado, la asignación de usuarios a los prestadores de salud –ha trascendido que son Cudam, Universal, Círculo Católico y Hospital Evangélico- es “a los que el Ministerio de Salud Pública [MSP] considera que tienen problemas y necesitan más afiliados, más cápitas”. El criterio que ha esgrimido hasta ahora el MSP es que esas mutualistas encabezan la lista que elaboró en base a los criterios de tener menos de 100.000 usuarios, número de camas, determinada proporción de adultos mayores y en función del nivel de endeudamiento.
Ceretta transmitió que los usuarios rechazan que se les “imponga” un prestador de salud y “reivindican su derecho a ir al prestador que consideren mejor”.
Aprobada la ley este martes, Cerreta ratificó que «vamos a plantear la inconstitucionalidad”, quien expresó que, entre otros principios constitucionales, “vulnera el principio de igualdad, porque los demás usuarios del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) elegimos el prestador y resulta que los de Casa de Galicia no pueden elegir”.