Desde 2012, la distribución de funcionarios del INR permaneció bajo una estricta reserva administrativa por una resolución del Ministerio del Interior. La caída de este blindaje de opacidad -a partir del desglose publicado recientemente- no solo deja al descubierto la precariedad con la que opera la custodia estatal, sino que reconfigura el debate sobre la seguridad ciudadana y los derechos humanos, demostrando que la transparencia sobre la presencia de funcionarios penitenciarios es un requisito indispensable para cualquier intento serio de reforma carcelaria, advirtió el Sindicato de Trabajadores Penitenciarios (SITRAPEN).
Desde su creación en 2021, el Sitrapen viene denunciando activamente la falta de control estatal y la precariedad edilicia de los centros de reclusión, ganando incluso acciones judiciales contra el Estado (como sucedió respecto a la antigua Unidad Nº 5 y el ex Comcar) para exigir una reducción del hacinamiento.
A su vez, el sindicato viene alarmando sobre una crítica falta de personal, revelando cifras que exponen una grave sobrecarga laboral de los trabajadores penitenciarios, alertando que las relaciones técnicas pueden llegar a extremos de hasta 300 presos por funcionario en ciertas circunstancias debido a la escasez de personal administrativo, las ausencias por licencias y las custodias hospitalarias.
El alarmante informe sobre la cantidad de penitenciarios por cada PPL
La inédita publicación del INR sobre la fuerza laboral disponible en el país, expuso “la verdadera magnitud del deterioro institucional del sistema penitenciario uruguayo”, alertó el Sitrapen en un reciente informe al que accedió Caras y Caretas.
A partir de los datos oficiales publicados en el Censo CEFOPEN 2025, divulgado por el Ministerio del Interior en agosto de 2026, el Sitrapen elaboró un detallado análisis que evidencia la distribución real de la fuerza laboral dentro del sistema.
Entre 2019 y 2025, la población privada de libertad en Uruguay ascendió de 11.732 a cerca de 16.000 personas —un incremento superior a las 4.000 personas—, mientras que el total de personal policial y de operadores penitenciarios registrados en el INR se redujo de 4.290 a 3.176 funcionarios.
Distribución de personal por unidad penitenciaria
Unidad Nº 4 (Santiago Vázquez / ex Comcar): 433 funcionarios.
Unidad Nº 1 (Punta de Rieles - PPP): 330 funcionarios.
Unidad Nº 3 (Libertad): 241 funcionarios.
Unidad Nº 12 (Rivera): 165 funcionarios.
Unidad Nº 6 (Punta de Rieles): 159 funcionarios.
Unidad Nº 5 (Femenino): 152 funcionarios.
Unidad Nº 7 (Canelones): 139 funcionarios.
Unidad Nº 13 (Maldonado): 123 funcionarios.
Los otros centros penitenciarios registran asignaciones menores que van desde 97 funcionarios en Salto (Unidad Nº 20) hasta 15 en Domingo Arena (Unidad Nº 8).
Informe completo:
Cifras generales de la plantilla penitenciaria censada
Personal policial - Escalafón L/S: 2.150 (64% de la dotación general): operan bajo el régimen de semana por semana y turnos diarios de 12 horas, la disponibilidad efectiva por turno equivale aproximadamente al 25% de la plantilla policial total.
Operadores penitenciarios - Escalafón S: 1.026 (30% de la dotación general): están concentrados en dos turnos de 8 horas, y la fuerza disponible por turno representa cerca del 15% del total de funcionarios dentro de los establecimientos del INR.
El personal técnico, profesional y administrativo en las cárceles (Escalafones A, B y C), constituyen apenas el 6% restante de la dotación.
Esta escasez provoca que parte del personal policial y de seguridad (escalafones L y S) sea derivado a tareas de oficina o gestión, reduciendo aún más la cantidad de funcionarios en contacto directo y cotidiano con los PPL, advirtió el sindicato.
El reporte del Sitrapen analizó la presencia efectiva por turno de trabajo en todos los centros penitenciarios que dispone el INR.
A nivel nacional, sobre una población registrada en el censo del INR (2025) de 15.868 PPL y 476,4 operadores disponibles promedio por turno, la relación general del sistema se sitúa en un operador en turno por cada 33,3 PPL.
Los datos calculados por el sindicato penitenciario evidenciaron un acentuado desequilibrio en las unidades con mayor volumen de PPL.
Las cárceles más críticas: Santiago Vázquez, Maldonado y Canelones
Unidad Nº 4 (Santiago Vázquez / ex Comcar): es el epicentro del colapso del sistema. Con una población promedio de 5.032 PPL y 433 funcionarios censados en total, la fuerza policial por turno (25%) se sitúa en apenas 69,3 efectivos, lo que arroja una carga de 72,6 PPL por cada policía en guardia. En el caso de los operadores penitenciarios (15%), hay apenas 65,0 funcionarios por turno, registrando el ratio más grave del país: 77,5 PPL por cada operador penitenciario.
Unidad Nº 13 (Maldonado): alberga a 1.133 PPL con una dotación total de 123 funcionarios. Dispone de 19,7 policías por turno (57,6 PPL por policía) y 18,5 operadores por turno (61,4 PPL por operador).
Unidad Nº 7 (Canelones): custodia a 1.195 PPL con 139 funcionarios. Registra una presencia por turno de 22,2 policías (53,7 PPL por policía) y 20,9 operadores (57,3 PPL por operador).
Unidad Nº 1 (Punta de Rieles - PPP): representa el mayor complejo bajo modalidad de participación público-privada, con 1.758 PPL y 330 funcionarios censados. Registra 52,8 policías por turno (33,3 PPL por policía) y 49,5 operadores por turno (35,5 PPL por operador), evidenciando que incluso los centros de diseño moderno operan bajo fuerte tensión de personal.
Unidad Nº 3 (Libertad): penal de máxima seguridad que alberga a 1.139 PPL con 241 funcionarios totales. Dispone de 38,6 policías por turno (29,5 PPL por policía) y 36,2 operadores por turno (31,5 PPL por operador), ratios severos tratándose de un establecimiento con perfil de reclusión de alta peligrosidad.
Unidad Nº 16 (Paysandú): con 338 PPL y 54 funcionarios totales, dispone de 8,6 policías por turno (39,1 PPL por policía) y 8,1 operadores por turno (41,7 PPL por operador).
Unidad Nº 5 (femenino): con 818 PPL y 152 funcionarios totales, presenta una fuerza disponible de 24,3 policías por turno (33,6 PPL por policía) y 22,8 operadores por turno (35,9 PPL por operador).
El Sitrapen advirtió que la disponibilidad real es todavía menor, señalando factores agravantes como la reasignación de personal a tareas administrativas, licencias, certificaciones médicas y francos, lo que hace aún “más preocupante” la desproporción existente entre los guardias penitenciarios disponibles por turno y el número total de PPL.
Demandas de transparencia institucional que exige el Sitrapen
Frente a estos datos oficiales y las advertencias formuladas en el informe, el Sitrapen formuló dos reclamos concretos a las autoridades:
- La derogación de la Resolución del Ministerio del Interior del 20 de julio de 2012 (Asunto Nº 7534/2012 B-5929), que, por supuestos motivos de seguridad, respaldó la reserva de la dotación de personal penitenciario.
- La inclusión institucional de los ratios entre los funcionarios y PPL (discriminados por escalafón y unidad) en los informes anuales del Comisionado Parlamentario para el Sistema Penitenciario.
El sindicato enfatizó que conocer la cantidad exacta de trabajadores que sostienen el sistema penitenciario resulta indispensable para evaluar con precisión la seguridad y el respeto a los derechos humanos en las cárceles de Uruguay.
“Conocer cuántos funcionarios sostienen realmente el sistema penitenciario es parte de conocer su verdadera situación”, apuntó el Sitrapen.
El “ocultamiento deliberado de los datos de personal o el recurso a cifras agregadas engañosas” ha servido para “enmascarar el colapso del sistema penitenciario” uruguayo, indicó.
Transparentar las cifras reales de fuerza efectiva por turno y por penal es la única vía para dimensionar el costo humano y financiero de la reclusión, evaluar la viabilidad de la custodia y comenzar a construir una “reforma penal profunda que reduzca la violencia en las cárceles y proteja efectivamente a la sociedad”, concluyó.
