El presidente Luis Lacalle Pou cuestionó el estudio publicado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), que presenta a Uruguay como el país de la región que menor porcentaje del producto interno bruto ha invertido para paliar las consecuencias económicas de la pandemia.
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El informe de Cepal, si bien presenta importantes aportes, estos apenas han logrado trascendencia mediática. De él solo ha sido conocida la preocupación de nuestro gobierno despertada por el ranking, en el que Uruguay ocupa el último lugar a la hora de contabilizar los esfuerzos de los países de la región para amortiguar la crisis económica suscitada por la pandemia. El favorable punto de partida heredado no modifica el hecho indiscutible de que el país quedó último en el ranking que ordena los esfuerzos realizados por los gobiernos a la hora de atender las necesidades de sus pueblos.
Si el gobierno está preocupado con la comparación a nivel internacional de las cifras oficiales de inversión frente a la pandemia, más que reclamar revisiones estadísticas debería modificar sus prioridades. Prioridades que, a la luz de la política económica impulsada en los aspectos fiscales, presupuestales, salariales y de inversión pública, seguirán colocando al país entre los últimos del continente. Y ello no solo en materia de atención de la pandemia, sino también respecto de todos los indicadores sobre la evolución de la calidad de vida de su población.
En este sentido, el documento de Cepal no solo incluye un simple ranking de inversiones, sino que también propone un programa dirigido a la recuperación económica y a mitigar los efectos sociales. A este aspecto sería importante que el gobierno y los actores políticos le prestaran atención, ya que la orientación de la política económica se distancia profundamente de ellos. La organización internacional propone que “los esfuerzos fiscales de la región estén alineados con la necesidad de fortalecer los sistemas sanitarios, apoyar los ingresos de los hogares y proteger la capacidad productiva”, objetivos que nuestro gobierno ha decidido específicamente contrariar. Para comprobarlo, basta solo mirar la ley de Presupuesto, absolutamente contractiva de la inversión en todas las áreas, y a la propuesta de pérdida de salarios generalizada que afectará decididamente el mercado interno. Si Uruguay continúa en los últimos lugares del ranking, los próximos años será responsabilidad exclusiva del gobierno y de su modelo económico.