CIDH: Uruguay tiene «una deuda» con las víctimas de la dictadura

Durante una conferencia de prensa en la sede del Mercosur, Anotonia Urrejola, relatora de la comisión para el país, subrayó que «independientemente de los gobiernos de turno», hay un problema que le compete «a la sociedad uruguaya completa».

Urrejola se reunió con familiares de detenidos desaparecidos, con víctimas de violencia sexual durante la dictadura, con una persona que fue torturada, visitó un memorial y solicitó los antecedentes de procesados y condenados. «A mí me ha sorprendido lo poco que hay», subrayó.

La visita de tres días de la CIDH a Uruguay se hizo para obtener información sobre la situación de los derechos humanos del país.

De acuerdo con ello, los temas fundamentales tratados fueron con relación a las personas privadas de libertad, las víctimas de violación de sus derechos humanos durante la dictadura, la situación de niños, niñas y adolescentes, los derechos de las mujeres, de las personas LGBTI.

Sobre dichos temas, la presidenta de la CIDH, Emeraldo Arosemena de Troitiño, señaló que la CIDH puso en su informe anual de 2018 que Uruguay continúa siendo «uno de los países más sólidos en materia de institucionalidad de derechos humanos en la región».

En concordancia con eso, destacó «los avances» emprendidos por el Estado en la creación de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, la formación de la Comisión de Verdad y Justicia y la instalación de la Fiscalía Especializada en Delitos de Lesa Humanidad.

También la creación de espacios de memoria y la sanción de leyes de protección y reconocimiento de los derechos a las personas adultas mayores y a las personas LGBTI.

En cuanto a niños, niñas y adolescentes, la comisión vio «con gran satisfacción las políticas públicas implementadas por el Estado para enfrentar el reciente aumento de los casos de violencia y maltrato infantil».

En cuanto a la privación de libertad de mayores de edad, Urrejola destacó los avances de Uruguay, sobre todo con relación al uso de la prisión preventiva.

Sin embargo, instó al estado a disminuir las cifras de personas que cumplen preventiva porque son «muy altas» y esa medida es solo «excepcional».

Finalmente, la comisión destacó los «importantes avances» sobre el reconocimiento de la identidad o expresión de género de las personas LGBTI en Uruguay con la promulgación de la Ley Integral para Personas Tras, aprobada en el país el pasado 19 de octubre.