Colombia y la vuelta al conflicto armado: Un atentado, muchas versiones

Las consecuencias políticas de este hecho trascienden las fronteras mismas del país caribeño en un momento crítico de la política internacional y donde el debate marca un resurgimiento de la ultraderecha, no sólo en términos ideológicos, sino en el ejercicio de la política de países como Brasil o la misma Colombia, ejerciendo una fuerte presión diplomática sobre Cuba, y aprovechando para involucrar a Venezuela, que lleva décadas sin que haya resultado envuelta de alguna manera en el conflicto interno de su vecino.

¿Qué se sabe?

Cerca de las 9.30 de la mañana del jueves 17, durante la realización de una ceremonia de ascenso al interior de la institución, un coche ingresó en las instalaciones de la Escuela de Cadetes General Santander y detonó una carga explosiva, produciendo un saldo de 21 personas fallecidas y 68 heridos.

Lo que vino más adelante no ha sido buscar entender cuáles fueron las circunstancias alrededor de los hechos con el fin de aportarle verdad a las víctimas, sino acomodar las circunstancias a los intereses de la política local en el poder; esto justo en un momento tan sensible para ese país, donde los asesinatos de líderes sociales han alarmado a la comunidad internacional y la crisis institucional ha sido creciente desde la posesión del presidente Iván Duque el pasado 7 de agosto, pues no pocos de sus funcionarios aparecen asociados a la corrupción o las redes criminales de ultraderecha que operan en Colombia.

Por otro lado el mismo fiscal general de la Nación está vinculado de manera directa al escándalo internacional de las coimas de Odebrecht, escándalo que se ha visto exponencialmente disparado con la muerte en extrañas circunstancias de dos testigos clave del proceso y el hijo de uno de estos.

El coche bomba ha generado un profundo rechazo a nivel mundial; sin embargo, las primeras dudas, que parecían resueltas, han generado otras que crecen de manera exponencial, mientras el hecho ha sido aprovechado abiertamente por los sectores políticos más afines al gobierno de ultraderecha en Colombia, para tratar de concitar a la solidaridad y cohesionar la sociedad a su alrededor y en rechazo al terrorismo, que es un libreto ya ensayado durante la presidencia de Álvaro Uribe.

El culpable, que ya ha reconocido la autoría del hecho, ha sido el Ejército de Liberación Nacional (ELN), movimiento guerrillero que no alcanzó a culminar un acuerdo de reincorporación luego de la firma del gobierno de Juan Manuel Santos con las FARC-EP en noviembre de 2016.

La respuesta del gobierno Duque ha sido corresponsable con la que heredó de su mentor, Álvaro Uribe: guerra frontal contra el terrorismo y desechar cualquier posibilidad de diálogo con el grupo subversivo, que ya fue notificado de la suspensión inmediata de los diálogos que desde el gobierno Santos habían quedado abiertos.

El día de la explosión se había citado una segunda movilización internacional en contra de Néstor Humberto Martínez, fiscal general; una semana atrás se había realizado la primera con encuentros en las capitales de los departamentos y en varias ciudades del mundo; el objetivo era exigir la renuncia del funcionario.

Al gobierno le quedaba cada vez más complicado sostener a este funcionario en el cargo, pues cada información conocida lo hunde más, y su responsabilidad en el favorecimiento de los intereses del acaudalado industrial colombiano Luis Carlos Sarmiento Angulo a costa del erario público se hace cada vez más evidente.

La bomba aparentemente lo sacó del abismo; Martínez no sólo se salvó de la nueva marcha en su contra, sino que salió a la vanguardia del gobierno con certeras declaraciones acerca de los responsables de los hechos, nombres, rutas, direcciones y datos específicos que mostraron al fiscal más diligente y efectivo del mundo; horas después del atentado, cuando aún no se tenía claro el número de víctimas, el responsable material ya había sido identificado como José Aldemar Rojas, quien fue señalado como dirigente del ELN y a quien le faltaba el brazo derecho producto de la manipulación de explosivos 10 años atrás; sin embargo, entre los restos mortales de tantas personas, fue posible identificar “las manos” de Rojas, lo que permitió su pronta identificación.

El crimen perfecto

Inicialmente pudo parecer que este acto sirvió para poner un poco de orden en la vida política de Colombia, definiendo nuevamente el difuso límite entre buenos y malos, ya que la indignación ha sido una fórmula de viejo cuño en Colombia y una importante parte del país se ha encargado de posicionarla como factor de cohesión; sin embargo, el humo se disipa rápido y al discurso de los buenos con sombrero blanco y los malos con sombrero negro ahora no le quedan tantos seguidores, aunque estos sean poderosos y arrastren tras de sí a otros no tan poderosos como apasionados.

El domingo 20, tres días después de la explosión, se citó a una movilización, que 10 años atrás hubiese sido una manifestación apoteósica en todo el país, ríos de gente reclamando el cese del terrorismo y pidiendo mano dura; sin embargo, una parte del discurso ya no convence, Colombia probó la miel de construir un anhelo de paz, incluso llegó a tener algo muy parecido a esta durante los últimos años del gobierno Santos, cuando se decretaron los ceses de hostilidades con las FARC-EP y se sintió la disminución de la confrontación, la cantidad de soldados y policías heridos y muertos se redujo por encima del 90% y el hospital militar quedó felizmente vacío. Por esto volver atrás ya no es una opción para una parte importante de la población.

La credibilidad institucional en Colombia hoy está seriamente fracturada y lo que a vuelo de pájaro debería ser suficiente para reconformar el panorama institucional ha terminado generando más dudas sobre las instituciones, pues la contradicción entre las primeras informaciones y las investigaciones independientes ha fortalecido las dudas previas sobre la ética del gobierno Duque.

Una de las situaciones que complica más la situación es el papel determinante que han pasado a tener los medios de comunicación en Colombia, y para el caso de la bomba de la Escuela de Cadetes los informes salían al aire como conclusiones no bien eran dados a conocer por las autoridades. Sin el menor rigor investigativo, las sospechas e hipótesis se dieron a conocer como información probada.

En vez de guardar un mínimo rigor de cautela oficial que permitiera, ante la magnitud del hecho, dar a conocer información en la medida que estuviera un poco más depurada, lo que ocurrió es que mucha de la información que inicialmente se dio a conocer fue desmentida después. Por ejemplo, inicialmente se dijo que el vehículo había ingresado por la fuerza y que hubo disparos en su contra hasta que se chocó y estalló, lo que días después fue desmentido por los medios alternativos que revelaron que el vehículo ingresó y transitó libremente por el interior de la Escuela de Cadetes antes de explotar.

Situaciones como estas se suman a la ya profunda desconfianza en las instituciones; por más indignada que esté la población colombiana, la intención de generar la unanimidad “antiterrorista” de hace años fracasó. En medio de la indignación el movimiento social igual se levantará pidiendo el desmonte del Esmad, que es una fuerza policial de choque responsable del linchamiento de al menos 8 personas en diferentes momentos y se le relaciona con varios homicidios y mutilaciones con armas convencionales y no convencionales en el marco de las protestas sociales.

Los principios de la propaganda de Goebbels funcionan con menos efectividad en estos tiempos, el modelo panóptico también le juega en contra al sistema y la hiperinformación omnipresente hace que la gente del común también genere sus propias investigaciones, confronte y contraste fuentes; puede no ser la gran masa crítica necesaria para generar cambios estructurales, pero hay grietas que poco a poco han ido fracturando el discurso de unanimidad.

Los responsables

El asunto se habría resuelto con el comunicado en que el ELN admite su responsabilidad en el hecho, eso le daría toda la razón al gobierno colombiano, sin embargo, no deja de causar una curiosidad profunda lo metódico y oportuno del hecho para el gobierno.

Los diálogos con el ELN fueron suspendidos, algo que el gobierno Duque estaba buscando hacer desde que asumió la presidencia, la mesa con esta guerrilla fue una herencia incómoda del gobierno anterior y sólo se precisaba una excusa para romperla, excusa que los mismos guerrilleros le dieron.

Pero a los ojos de cualquiera, no podía haber sido una sorpresa que un acto de esta magnitud daría por tierra con lo poco que quedaba de esa mesa de diálogo, por lo que las opciones que quedan del lado del ELN se pueden resumir en dos: o tenían el mismo deseo de levantar la mesa y romper los diálogos o fueron víctimas de un saboteo interno que no han sido capaces de asumir.

Uno de los grandes errores de la sociedad en Colombia, producto de años del discurso de unanimidad de la amenaza terrorista, ha sido no comprender las características particulares de las diferentes fuerzas en confrontación con el Estado. Se trató siempre de meter en el mismo saco a las FARC y al ELN, negociar con ellos como si se trataran de uno solo y llegar al mismo punto por el mismo camino; esa fue la razón por la que se retrasó tanto la mesa con el ELN, se habló en algún punto de una sola negociación con dos mesas distintas, cada una con sus particularidades; pero el gobierno Santos no logró darle vía a cada escenario de manera independiente y avanzar.

El origen, la plataforma política, estatutos y programa de cada fuerza insurgente fueron completamente diferentes; mientras las FARC fueron un ejército diseñado desde la perspectiva castrense clásica con la impronta organizativa leninista, el ELN se formó y se desarrolló desde la perspectiva del foco revolucionario independiente que si bien asumió la estructura castrense en lo local, sus escenarios de coordinación saltaban de las direcciones locales al Comando Central (COCE) sin las jerarquías intermedias que tuvieron las FARC (secretariado, estado mayor central, estados mayores de bloques y estados mayores de frentes).

Otra de las diferencias fundamentales es que los guerrilleros de las FARC ingresaban a filas y debían permanecer internos, su vida entera era dedicada a la organización y las estructuras del ejército revolucionario se diferenciaban claramente de las milicias urbanas, mientras que en el ELN muchos de los combatientes iban y venían de la vida civil, pasaban un tiempo en la selva y ellos mismos se encargaban de desarrollar las acciones urbanas; esa es la razón por la que en las fotos y reportajes los miembros del ELN siempre aparecen en su mayoría con el rostro cubierto, mientras los de las FARC, no.

Lo anterior permitió que muchas de sus estructuras fueran fácilmente permeadas por las fuerzas de seguridad del Estado, incluso por las expresiones paramilitares que lograron causar no solo bajas al interior de esa guerrilla, sino ascender en las instancias de dirección y tomar decisiones de guerra que desvirtuaron su plataforma.

Un claro ejemplo de lo anterior fue el frente Domingo Laín, que opera en la frontera con Venezuela por el departamento de Arauca, esta es la unidad que ha sido señalada como responsable del coche bomba de la Escuela de Cadetes y que tiene a su mando al comandante Pablito.

Durante años en esa zona del país se presentó una fuerte confrontación entre el frente Domingo Laín y los frentes 10 y 45 de las FARC; en el marco de esa confrontación, el Domingo Laín entabló una sólida cooperación con el ejército de Colombia, lo que fue ampliamente documentado por los medios del país, como en la edición 1.394 de la Revista Semana en 2009, donde se hace pública una grabación sobre cómo el ELN solicita al ejército que se retiren de un caserío llamado Pueblo Nuevo para poder realizar una acción.

Dicha incursión debía terminar con la muerte de tres o cuatro personas señaladas de colaborar con las FARC, ante lo que el oficial del ejército le pide al guerrillero que los saque y los mate fuera del casco urbano “para evitar problemas”; al final de la conversación “Ernesto”, el guerrillero del ELN, le solicita al mayor “Jairo” que les pasen unas granadas para mortero de 40 y 60 mm y este se compromete a conseguirlas.

Esta situación no fue exclusiva en Arauca, en el suroccidente de Colombia el ELN se alió con una organización paramilitar llamada “Los Rastrojos”, con el fin de combatir y disputarle terreno a las FARC en esa zona. Este tipo de situaciones fueron admitidas por el COCE en un comunicado en diciembre de 2009, donde reconocen que “exintegrantes e integrantes del ELN en ese departamento coordinaron con el ejército gubernamental algunas actividades contra las FARC”.

En general el espíritu del COCE desde hace ya varios años ha sido el de buscarle una salida negociada al conflicto, sin embargo “Pablito” siempre ha sido reticente a cualquier acercamiento con el gobierno, pero no solamente desde el discurso, sino que prácticamente todas las últimas acciones con explosivos en las ciudades han sido orientadas por este. Las otras unidades han desarrollado combates con la policía y el ejército, lo que está en el marco de la confrontación y han sido esas las condiciones en que se decidió negociar, pero es claro el absoluto rechazo que desde todos los niveles de la sociedad hay hacia los ataques con explosivos en las ciudades.

En su afán de recuperar la unidad de mando y con tal de no perder una de las unidades más grandes y mejor equipadas de cara a la negociación con el gobierno, en 2015 “Pablito” fue llamado a formar parte del COCE, desde donde continuó oponiéndose a los diálogos y sentando una posición independiente a las orientaciones políticas de la mayoría de la estructura de dirección.

Los jefes negociadores en La Habana no estaban enterados de las acciones que se estaban planeando en territorio colombiano, eso lo dejó claro el jefe negociador Pablo Beltrán en entrevista con TeleSur el 21 de enero. Lo que sabía la delegación de paz era que en las regiones persistían los choques con la fuerza pública, lo que dejaba bajas y capturados de ambas partes, pero una acción de las dimensiones de la bomba de la Escuela de Cadetes era algo que por lejos se salía del marco de lo orientado hasta el momento por la dirección; la política del COCE siempre fue de buscar alternativas de diálogo y una acción como esa no era difícil prever las consecuencias que traería.

Lo que le quedaba al ELN en ese panorama era asumir postura frente a la acción declarándola como producto de una insubordinación, sabiendo que esa podía ser la única manera de intentar salvar algo del proceso de paz, saliéndole al paso a la ultraderecha; o al menos solicitando tiempo para determinar responsabilidades a nivel interno y tomar acciones, o hacer lo que finalmente hicieron: asumir como dirección nacional la decisión unilateral de una estructura de la naturaleza del Domingo Laín, lo que terminó jugando a favor de los enemigos de la paz y le quitaron el respaldo que pudo haber tenido en varios sectores académicos y sociales la propuesta de paz del ELN.

Las consecuencias

Como suele ocurrir con el conflicto colombiano desde hace años, lo que ocurre allá termina involucrando a más países; el primer involucrado ha sido Cuba, que por solicitud de las partes fue la sede de la última fase de aproximaciones. El gobierno colombiano ha requerido que el gobierno cubano haga las veces de policía y capture para entregar a los negociadores, lo que es bastante desatinado, pues por un lado el papel de Cuba ha sido el de garante y no de parte involucrada, por lo que hay un protocolo firmado entre las partes y con los países garantes, que además de Cuba son Chile, Brasil y Noruega.

Este protocolo proyecta las acciones a desarrollar en caso de ruptura de los diálogos, sin embargo, desde Bogotá se insiste en que dicho protocolo no es obligación de Estado, pues fue firmado por el gobierno anterior, lo que inicialmente no es cierto, pues en Acto Legislativo 02 de 2017 se “…adopta como política de Estado, razón por la que en cuanto tal, resulta vinculante para todas las instituciones y autoridades públicas…”, pero más allá de eso, también traslada hacia afuera el manejo interno de Colombia, que pone en blanco y negro la política y reduce el escenario al famoso: “Están conmigo o están contra mí” que ha caracterizado a la ultraderecha desde siempre.

Para lo anterior el gobierno Duque se vale de herramientas tan torpes como tomar un pronunciamiento de la ONU, donde condena (como todo el mundo) el ataque y pide que el gobierno de Colombia lleve ante la justicia a sus perpetradores, como si fuera una sentencia de carácter vinculante para Cuba, haciendo parecer que esta no conoce la diferencia entre un pronunciamiento y una sentencia de Naciones Unidas.

Por otro lado, y para no perder la costumbre, Venezuela también termina envuelta en la situación, pues lo primero que declara el gobierno en su investigación exprés es que los perpetradores se esconden en el territorio de su vecino, y desde allá se planeó y se inició la comisión del atentado, y allá se esconden los principales responsables.

Entonces detrás de esto también está la profundización del discurso de macartismo contra los gobiernos no alineados con EEUU en Latinoamérica, en cabeza de sus dos principales referentes en la actualidad y a los que desde Washington se ha orientado atacar con el fin de cerrar el cerco sobre Venezuela, ambientando una posible intervención armada.

La perspectiva

El protocolo firmado para el acompañamiento del proceso, en un aparte secreto que como es lógico en estas circunstancias ya se ha hecho público, afirma que el gobierno cubano tiene 15 días después del rompimiento de los diálogos para evacuar, con una comisión de acompañamiento por parte de los países garantes, a la delegación negociadora y el gobierno colombiano deberá garantizar las condiciones para que esta llegue a territorio nacional, suspendiendo las acciones militares durante 72 horas en unos lugares determinados para que los negociadores se reintegren a sus unidades.

Claramente el gobierno de Colombia no tiene la menor intención de cumplir con lo pactado, lo que no sólo rompe cualquier posibilidad de acercamiento al diálogo durante el gobierno Duque, es decir, los próximos cuatro años, sino que pone inicialmente en un dilema logístico a la delegación de garantes encargada de la evacuación de los negociadores, pues no sabrán dónde los deben poner dentro de territorio colombiano, mientras por otro lado pone en peligro a los garantes internacionales, pues si deciden evacuarlos en medio de los operativos, lo más seguro es que se termine en medio de alguna confrontación.

Sobre la investigación, en algún momento se irán desenvolviendo las suspicacias generadas sobre situaciones como cuál pudo ser la razón por la que un alto mando del ELN decidió inmolarse, no siendo esta una práctica común en este lado del mundo, o cómo hizo el perpetrador para conducir un vehículo de transmisión mecánica cuando le faltaba un brazo, o cuáles fueron las condiciones que determinaron que el vehículo pudiera ingresar libremente por una puerta justo el día en que el sistema de seguridad estaba roto y pudiera transitar con libertad dentro de la Escuela de Cadetes hasta el punto de la detonación, o cómo se logró identificar con tanta rapidez el cadáver del perpetrador mientras los cadáveres de las víctimas aún no han podido ser identificados en su totalidad.

Finalmente, es verdad que estos hechos fortalecen los discursos guerreristas y buscan desvirtuar a quienes entienden el diálogo como la vía posible para avanzar en la superación del conflicto interno colombiano; sin embargo, la realidad ya no es tan plana como hace años y los avances de las organizaciones alternativas no son pocos; en medio de grandes dificultades, un camino interesante se está construyendo en Colombia para superar este tipo de hechos. El tiempo dirá.