La integrante de Familiares señaló que la designación genera preocupación no solo por los antecedentes de Figueredo como defensora de represores, sino también por declaraciones públicas en las que, según indicó, relativizaba las pruebas en las causas por delitos de lesa humanidad. “Hemos hallado a nuestros familiares en predios militares y también decían que no había información”, afirmó.
La entrevistada marcó además contradicciones en la actuación del Ministerio de Defensa y apuntó directamente a la ministra Sandra Lazo. “Hay una resolución firmada por la ministra Lazo, quien el 20 de mayo también se rajaba las vestiduras, y después nos enteramos por la prensa de esto”, afirmó.
Consultada sobre si cree que pudo existir desconocimiento de los antecedentes de Figueredo, Montes de Oca expresó: “Si no lo sabía, nosotros le estamos diciendo quién es”.
Pedido de información
Consultada por la posibilidad de que el colectivo solicite una reunión con la ministra o realice alguna otra acción, la entrevistada adelantó que Familiares prevé avanzar con un pedido de información. Según detalló, buscarán conocer quién financió la actuación de Figueredo en causas vinculadas a militares y bajo qué modalidad fue nuevamente contratada tras haberse jubilado.
“Vamos a hacer algunas solicitudes de información. Nos interesa saber realmente quién pagó su sueldo cuando hizo los juicios, si fue el ministerio o el Centro Militar”, explicó. Y agregó: “Ella se jubiló y ahora la vuelven a contratar, entonces nos deja muchas dudas”.
