Colombia: Desconfianza y reclamos ante la baja de «Guacho»

Sin embargo, esta unidad se separa del grueso de las FARC sólo hasta el final del proceso de paz, al momento la concentración de los combatientes para la entrega de las armas a la ONU. En ese momento el frente Óliver Sinisterra se aleja de las zonas de concentración en el suroeste de Colombia y establece su territorio hacia el borde de la frontera con Ecuador.

Esta unidad es la responsable de la muerte de cinco ciudadanos ecuatorianos, dentro de los que estarían tres periodistas del diario El Comercio, que arribaron a la zona a realizar un reportaje sobre la situación de guerra en que se encuentra la frontera y desaparecieron durante varias semanas hasta que sus cuerpos sin vida fueron hallados a varios kilómetros del lugar de la desaparición.

Fueron estos hechos los que pusieron al frente Óliver Sinisterra y a su comandante, Walter Arizala o Guacho, en el ojo del huracán, pues inicialmente se dieron a conocer unos videos donde los secuestrados, primero los tres periodistas y luego una pareja exigían al gobierno de Ecuador el establecimiento de un canal de negociación para canjear a las personas en su poder por tres miembros de su organización detenidos en ese país.

En ambos casos la respuesta tanto desde Quito como desde Bogotá fue la misma: se debían devolver a los secuestrados inmediatamente y sin condiciones. Mientras tanto, los operativos militares estrechaban el cerco en la zona donde se sabía que estaban retenidos; en el primer caso, el de los periodistas, una vez hallados los cadáveres, la disidencia emitió un comunicado donde afirma que estos murieron durante un intento de rescate por parte de las Fuerzas Armadas de Colombia y Ecuador; sobre la pareja no hubo un pronunciamiento, sólo el rumor de que se trataba de dos miembros de organismos de inteligencia ecuatoriana.

Luego de estos hechos se convirtió en una prioridad para el gobierno colombiano el combate a Guacho, se desarrollaron operativos militares en varias zonas cercanas con el fin de hallarlo y darle de baja, hubo rumores y noticias falsas que daban cuenta de su muerte, noticias que después tuvieron que ser desmentidas.

Finalmente, el viernes 21 de diciembre en rueda de prensa, el presidente de Colombia, Iván Duque, hizo el anuncio de la muerte de Guacho por medio de una operación conjunta entre Policía, Ejército, Fiscalía y Armada, donde un disparo de francotirador terminó con la vida del comandante cerca de un caserío mientras se encontraba vestido “de paisano”.

A partir de ese momento se desata una serie de cuestionamientos sobre el mencionado operativo que, sea cual sea el resultado final del debate, no dejan muy bien parado al gobierno de Iván Duque.

En primer lugar, luego de la reincorporación de las FARC a la vida civil, toda expresión armada que se distanció de estas es catalogada como una estructura puramente delictiva que, sin ningún tipo de perspectiva política, se encarga de manera exclusiva del negocio del narcotráfico, tal cual como lo hicieron con las mismas FARC durante décadas, incluso hasta después de terminadas las negociaciones.

Es decir, por ningún lado aparece el debate del contexto sociocultural del lugar donde se desarrollaron las acciones de este y cualquier grupo armado en Colombia; zonas con altísimos niveles de abandono estatal, con una prácticamente inexistente inversión social y donde las economías ilegales son la única manera que le queda a la población para asegurar un soporte con perspectivas de cierta sostenibilidad en el tiempo.

Esto inmediatamente ubica a la población misma en una dinámica de ilegalidad frente al Estado, que marca presencia solo por medio de las fuerzas militares o policiales, es decir, el sector que representa una amenaza directa a ese estatus de ilegalidad colectiva que tienen regiones enteras.

Esto significa que, a pesar del recientemente desarrollado acuerdo de paz en Colombia, la lógica de intervención en las zonas de conflicto sigue siendo por medio de la presencia armada.

De hecho, una de las razones que sostiene a las disidencias a lo largo de Colombia es precisamente que el Gobierno no cumplió con su palabra durante la firma del acuerdo de paz y la inversión para los sectores agrarios más golpeados no ha llegado, mientras que los planes para la sustitución de cultivos de coca sigue haciéndose a la fuerza, pasando por arriba de las comunidades organizadas, que saben que el solo cambio del cultivo no tiene ningún efecto en las economías locales mientras no venga acompañado de proyectos productivos e inversión en infraestructura.

Por otro lado, desde el primer momento en que se filtran a los medios las primeras fotografías del cuerpo de Guacho se inicia una serie de conjeturas acerca de la veracidad de la información entregada por el Gobierno sobre la operación. Por un lado, la información emitida por los altos mandos fue confusa y contradictoria, inicialmente el ministro de Defensa, Guillermo Botero, afirmó que el comandante habría escapado con vida al usar chaleco antibalas, mientras en la tarde el presidente Duque afirmó que recibió un impacto en la cabeza.

Las fotos difundidas por los medios en Colombia muestran a un hombre de civil con el torso desnudo y tendido boca abajo, con unas botas azules que no son las características de los grupos armados irregulares que combaten desde la selva; por otro lado, aunque el gobierno asegura haber realizado la confirmación dactilar y de placas dentales, el parecido físico ha sido puesto en duda desde diferentes perspectivas, principalmente en las redes sociales.

Pero más allá de lo que las elucubraciones hechas por expertos de teclado puedan hacer acerca de si es verídica o no la noticia de la muerte de Guacho, una de las principales conclusiones es que el nivel de credibilidad del gobierno es mínimo; ante la aparición de la mínima duda, esta siempre se resolvió en contra de los dichos oficiales, no sólo por el hecho de que hace algunos meses habían anunciado ya la muerte del mismo individuo, teniendo que rectificar horas después, sino porque este gobierno evoca en un creciente número de la población el estilo que caracterizó los dos períodos de Álvaro Uribe, mecenas de Iván Duque.

Durante estos gobiernos se anunciaba cuatro o cinco veces la baja en combate del mismo comandante, la captura del “jefe de finanzas” de alguna unidad o el responsable de determinados hechos, y casi siempre las pruebas materiales terminaban dando por tierra con los anuncios pues, por ejemplo, más de uno de los comandantes cuya muerte en combate había sido confirmada entre 2002 y 2010 fueron parte de la delegación de las FARC en La Habana en algún momento entre 2010 y 2016.

Asimismo, la situación con Guacho recordó a la población colombiana esos años en que civiles fueron asesinados por el Ejército y presentados a los medios como bajas guerrilleras en combate en un episodio de los más oscuros de la historia reciente del país caribeño, que no se ha resuelto sino en una mínima parte y se conoce como “falsos positivos”.

Finalmente, una de las situaciones que ha dejado muy mal parada la posición del gobierno de Colombia en este episodio ha sido a partir de una de las principales críticas hechas a este durante los últimos 20 años de guerra, y es por qué se ha privilegiado la baja en combate sobre la captura con vida de los objetivos de guerra.

El gobierno de Duque, ante la muerte de los periodistas ecuatorianos, afirmó que en este caso se haría justicia, y fue esa precisamente una de las afirmaciones hechas por él en su alocución del 21, diciendo que las familias de los periodistas podían estar tranquilas porque se había hecho justicia.

Sin embargo, la perspectiva de las familias ecuatorianas es claramente otra, pues para ellos, al haber sido abatido, se cerró toda posibilidad de conocer la verdad sobre los hechos que resultaron en la muerte de sus seres queridos.

Eso muestra una profunda diferencia entre entender la administración de justicia desde la perspectiva de la venganza en contra de un individuo, y entenderla como un proceso de reparación y construcción colectiva de verdad en función, principalmente de las víctimas.

Ahí radica la gran crítica por la manera cómo el Gobierno, no sólo de Duque, sino del mismo Juan Manuel Santos, suscribiente del acuerdo de paz, desarrolla la perspectiva de la administración de justicia, pues esta se debe centrar en la reparación de las víctimas y realmente no ha funcionado de esta manera.