Tras dos días de deliberación, los magistrados de la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) decidieron ordenar medida de aseguramiento privativa de la libertad contra del expresidente y ahora senador Álvaro Uribe Vélez, mientras avanza el proceso en su contra como presunto determinador de los delitos de soborno a testigo en actuación penal y fraude procesal.
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El exmandatario, de 68 años y mentor político del actual presidente, Iván Duque, se declara inocente y asegura que detrás de su detención preventiva hay una persecución política que ha afectado judicialmente a decenas de sus aliados.
Senador y presidente por dos periodos entre 2002 y 2010, Uribe es la figura política más importante de la historia reciente del país. La decisión de la Corte promete un terremoto político.
Uribe es investigado por decenas de delitos, la mayoría de los cuales tienen que ver con el surgimiento de grupos antisubversivos en los años 90 y violación de derechos humanos.
Pero el caso que lo priva de la libertad ahora arrancó con una paradoja.
Todo empezó en septiembre de 2014, cuando, durante un debate en el Congreso, el senador Iván Cepeda, del partido de izquierda Polo Democrático Alternativo, acusó a Uribe de tener nexos con grupos paramilitares y narcotraficantes.
Para apoyar su acusaciones presentó varios testimonios de antiguos paramilitares.
Concretamente, señalaba a Álvaro Uribe de haber fundado, junto a su hermano Santiago, el Bloque Metro, una rama de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), el grupo armado que enfrentó a las guerrillas durante décadas de manera sanguinaria y que dejó miles de civiles muertos.
Santiago Uribe Vélez, hermano menor del expresidente, se encuentra arrestado y en medio de un juicio por la creación de otro grupo paramilitar llamado los Doce Apóstoles.
En respuesta al debate en el Senado, el exmandatario demandó ante la Corte Suprema de Justicia a Cepeda, al que acusó de buscar en las prisiones colombianas a antiguos paramilitares con el objetivo de que sirvieran como falsos testigos en su contra.
La Corte Suprema investigó el caso durante varios años, en los que declararon tanto Uribe como Cepeda, así como todos los testigos implicados. En 2018, la Corte desechó las acusaciones contra Cepeda y, sorpresivamente, abrió una investigación formal contra Uribe por manipulación de testigos, lo que conllevaba los delitos de soborno y fraude procesal.
El caso
El caso cuenta con 42 testigos, muchos de ellos exparamilitares que se encuentran en prisión. Uno de los principales es Juan Guillermo Monsalve, antiguo miembro del Bloque Metro de las AUC, quien cumple una condena de 40 años en una cárcel de Bogotá.
Monsalve fue uno de los testigos que utilizó el senador Cepeda para sustentar sus acusaciones contra Uribe.
Testificó que en una hacienda de propiedad de la familia del expresidente en Antioquia se planificaron unas matanzas que luego fueron ejecutadas por estos grupos al margen de la ley.
Sin embargo, Monsalve posteriormente escribió una carta en la que se retractaba de estas afirmaciones, aunque después dijo que su cambio de postura fue adoptado «bajo presión».
Y aquí entra otro de los personajes claves del caso: Diego Cadena, uno de los abogados de Uribe. Tanto Monsalve como otros testigos aseguran que Cadena los presionó o pagó para modificar sus testimonios.
De hecho, Monsalve asegura tener una grabación del momento en que el abogado de Uribe lo presionó.
Varios testigos han asegurado haber recibido dinero por parte de Cadena. El abogado ha reconocido haber entregado pequeñas ayudas en dinero a algunos de los presos como «ayuda humanitaria».
En la actualidad existen casi 60 investigaciones abiertas en Colombia contra Uribe, que van desde homicidio hasta compra de votos. Catorce se encuentran en la Corte Suprema y otros 45 en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.
En 2002, Uribe logró llegar a la presidencia de Colombia con un discurso centrado en el incremento de la ofensiva contra la guerrilla de las FARC y la reducción del gasto público, rompiendo con el bipartidismo Liberal-Conservador que se repartió el poder en este país durante décadas.
Ante la histórica determinación del tribunal, Uribe se limitó a declarar “profunda tristeza” por su familia y por los ciudadanos que “todavía creen que algo bueno he hecho por la patria”.
En esa línea, pese a ser uno de los últimos en reaccionar, el presidente Iván Duque —como era natural— salió en defensa de su mentor, declarándose su amigo y catalogándolo como un “patriota genuino y al servicio de Colombia”. En una alocución desde la Casa de Nariño, el mandatario dijo que, por cuenta de su trabajo, el expresidente y su familia “han sido víctimas de todo tipo de ataques y difamaciones”.