Es cierto que Besozzi fue electo por amplio margen por los ciudadanos de su departamento. Por ende, su victoria no está en tela de juicio. Empero, lo que también es cierto es que estaba inhabilitado constitucionalmente para ser candidato. Sin embargo, fue candidato y electo porque la jueza Ximena Menchaca, que es la magistrada que entiende en la causa, omitió comunicar a la Corte Electoral la situación procesal del político blanco. Si ese extremo se hubiera cumplido, la corporación no tenía otra alternativa que inhabilitar a Besozzi para ser candidato e incluso para sufragar, ya que tendría suspendida la ciudadanía.
Empero, el realismo mágico a la uruguaya o la errónea interpretación de nuestra Carta Magna posibilitó una verdadera aberración: que un ciudadano encausado fuera candidato y electo para un cargo ejecutivo y, si no sucede nada inesperado, volverá a transformarse en gobernante, al mejor estilo del surrealista realismo mágico de Gabriel García Márquez.
Esta es la magia y la fantasía de la política uruguaya, capaz de transformar a un delincuente en gobernante porque fue candidato a intendente contraviniendo flagrantemente lo estipulado por la Constitución de la República.
Para explicar claramente este tema con la brevedad que impone una fácil comprensión, voy a tomarme la atribución de replicar parte de lo que escribió el venerable maestro de periodismo Federico Fasano Mertens, en una columna publicada en Caras y Caretas titulada “Besozzi puede ser inocente, lo que no puede ser es candidato”. En esa estupenda nota, que está jurídicamente muy bien fundamentada, Fasano invoca el numeral segundo del artículo 80 de nuestra Carta Magna, que expresa: “La ciudadanía se suspende por la condición de legalmente procesado en causa criminal que pueda resultar pena de penitenciaría”. Al respecto, el periodista hace notar que Besozzi está legalmente procesado, por más que en su carátula se consigne que está formalizado, explicando que la confusión —si realmente la hay— se origina únicamente en el cambio de un vocablo por otro, aunque ambos tengan el mismo significado.
En efecto, cuando se reformó el Código de Proceso Penal, que pasó de un sistema inquisitivo a un sistema acusatorio, en el artículo 266 se sustituyó “legalmente procesado” por “legalmente formalizado”.
En consecuencia, y sin necesidad de seguir invocando la columna de Fasano, es claro que Guillermo Besozzi estaba inhabilitado para ser candidato y, por ende, para ser electo. Es decir, su elección es inconstitucional, por más que fue refrendada en las urnas.
Tal aberración, que pasó inadvertida para el sistema político, constituye un gravísimo antecedente para el futuro. En efecto, si estos hechos, por acción u omisión, se naturalizan, nuestro orden jurídico crujiría y se quebraría por el peso de la impunidad y cualquier delincuente imputado podría aspirar a ocupar un cargo público de diversa jerarquía, incluso el de presidente de la República, si su causa no tiene sentencia penal firme.
En esa hipótesis, Uruguay comenzaría a perder aceleradamente el prestigio internacional que tan bien ha ganado por lo ejemplar del funcionamiento de sus instituciones. Seríamos, entonces, una mera república bananera que, con episodios de la gravedad del ya descrito, devendría en una suerte de caricatura de democracia.
Pese a que se trata de un escándalo de proporciones, la derecha igualmente ha logrado marcar la agenda informativa transformando la situación del hoy expresidente del Instituto Nacional de Colonización, Eduardo Viera, en el tema más relevante del debate político. Aunque es claro que constitucionalmente esta persona estaba inhabilitada para ocupar dicho cargo por su condición de colono, el ruido fue demasiado intenso si se le compara con el caso Besozzi, que es una causa criminal. Incluso, antes de Viera hubo nueve directores del Instituto Nacional de Colonización de todos los partidos políticos que eran colonos y nadie osó cuestionarlos ni se armó un tinglado como este. Además, su venia fue votada en el Senado de la República sin chistar, pese a que se sabía de antemano que Viera era colono.
En realidad, la piedra de este escándalo ficticio es la compra de 4.400 hectáreas de tierra por parte del INC en Florida, que fue anunciada por el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, durante los funerales del caudillo frenteamplista José Mujica.
Es obvio que alguien más, en singular y en plural, estaba interesado en adquirir esa propiedad que tiene un superlativo valor desde el punto de vista de su potencial productivo. Por supuesto, desde su propia fundación en 1948, durante el gobierno de Luis Batlle Berres, el INC compró miles de hectáreas de tierra y jamás se armó este zafarrancho, seguramente porque no había otros intereses en juego. En efecto, la reacción de más de un referente de la oposición tiene un fuerte hedor a segundas intenciones, que, aunque por el momento no puedan probarse, parecen ser elocuentes.
No en vano, dos de los más severos críticos a la decisión del IMC son personas que tienen intereses económicos en el sector agropecuario: el senador blanco y empresario Sebastián Da Silva y el senador colorado y latifundista Pedro Bordaberry. Lo cierto es que ni siquiera disimulan, porque seguramente creen que todos los uruguayos somos tontos.
Incluso, nos tratan de convencer de que la compra de esas tierras por parte del Estado constituye una suerte de “despilfarro”, pese a que ellos son los primeros que tienen claro que se trata de una inversión, con un gran efecto multiplicador en lo productivo, más allá de sus plausibles fines sociales.
Es insólito que este macondiano episodio genere una suerte de alboroto, viniendo de referentes de un bloque conservador involucrados, por acción u omisión, en la entrega de un pasaporte a un narco peligroso, en la destrucción de documentos públicos que deberían haberse entregado a la Justicia, en la permisividad con un delincuente que operaba desde la Torre Ejecutiva, en la vista gorda con un conocido pedófilo que era el senador más importante del Partido Nacional, en la compra de dos aviones españoles chatarra, en la compra de dos lanchas patrulleras a un astillero quebrado y en la adquisición de vacunas y de drones al doble de su valor de mercado, entre otras tantas barbaridades perpetradas por el Gobierno anterior.
Si viviera, el insigne Premio Nobel de Literatura colombiano Gabriel García Márquez seguramente tendría abundante material para engordar su producción literaria con el realismo mágico de la política uruguaya que desafía, cada vez con mayor frecuencia, la percepción de una realidad cotidiana recurrentemente degradada por las patologías de la corrupción y la hipocresía.
