Yamandú llegó al gobierno con el respaldo de una mayoría ciudadana que no votó un cheque en blanco, sino una esperanza. Aunque su estilo conciliador genera acuerdos y suma voluntades, también puede ser blanco de críticas si no logra responder con firmeza a las expectativas.
Hay seis desafíos que pondrán a prueba su temple e inteligencia y marcarán tanto su presidencia como los puntos de fricción interna que deberá gestionar.
Yamandú heredó un récord histórico de personas viviendo en la calle, muchas de ellas con antecedentes penales, enfermedades mentales o adicciones que les han quemado el cerebro. Este drama requerirá de centenares de millones de dólares para solucionar la problemática inmediata y mucha inteligencia, paciencia y esfuerzo para superar las causas.
Si Yamandú logra solucionar este drama, entrará, como presidente, por la puerta grande de la historia. Si no, saldrá por la puerta chica.
Si algo quedó claro tras cinco años de gobierno multicolor es que las cifras no siempre reflejan la realidad. Mientras el oficialismo saliente hablaba de recuperación económica, los barrios humildes hablaban de ollas populares. El gobierno actual tendrá que dignificar la vida en los asentamientos, atender la salud mental y facilitar el acceso a la vivienda.
El desencanto puede surgir si la mejora no es rápida o si sectores vulnerables sienten que se repiten los tiempos de espera y las explicaciones técnicas, pero no llegan las soluciones concretas. Esas soluciones no dependerán solo de la buena voluntad del gobierno, ya que hereda un país con inusitados porcentajes de pobreza e indigencia, y con gurises que comen en comedores escolares incluso durante vacaciones.
La nueva metodología de medición muestra que el total de personas bajo la línea de pobreza es de 17,3 %; mientras que 1,5 % está en situación de indigencia.
Lo que impide soluciones rápidas y mágicas es que el gobierno de Luis Lacalle Pou dejó deudas, compromisos y pagos atrasados que deberá afrontar la flamante administración. Incluso, este gobierno tendrá que pagar indemnizaciones por demandas por cosas hechas en gobiernos anteriores. Por citar uno entre múltiples ejemplos, la Corte Internacional de Justicia resolvió que nuestro gobierno deberá indemnizar a los ahorristas del Banco Montevideo, estafados por los Peirano en el año 2002. Otro obsequio de la derecha. Son pocos millones de dólares, pero suman.
-
Ética: bajar a quien sea y rápido
Orsi recibió un Estado golpeado por el escándalo Marset, el caso Astesiano, el espionaje a senadores y al PIT-CNT, las adjudicaciones sospechosas en el puerto, el ocultamiento de cifras delictivas y diversos saqueos al erario. El nuevo gobierno no puede conformarse con “cambiar de cara y nombre” a los cargos. Deberá establecer mecanismos reales de contralor, auditorías y rendición de cuentas. La ciudadanía espera sanciones, no paños fríos.
El desencanto puede surgir si el nuevo gobierno cae en la tentación de “no mirar atrás” para evitar conflictos o roces con la derecha, olvidando que mirar hacia adelante implica saber qué fue lo que nos trajo hasta acá. Si no le recordamos a la gente cada uno de los episodios de corrupción del último quinquenio, en 2029 la desmemoria será nuestra principal adversaria. Ya lo vivimos en 2019.
En cuanto a los nuestros, habrá que ser implacables y no tolerar el menor desvío. La ética no es negociable: no hay “nueva izquierda” si persisten viejas prácticas.
El tema seguridad puede ser la trampa más peligrosa para Orsi. El discurso de “mano dura” ha calado hondo y buena parte de la población está tentada a comprar cualquier receta que prometa orden, aunque se lleve la Constitución por delante. Cuidado con esto. Se puede ser firme y eficaz sin necesidad de bukelizarse.
El desafío es reformar el Ministerio del Interior, democratizar la Policía, invertir en inteligencia criminal, combatir el narcotráfico y recuperar el territorio en los barrios dominados por bocas. Sin embargo, cuando hablamos de territorios perdidos no nos referimos solamente a los barrios históricamente considerados peligrosos. Desde hace varios años, el propio centro de Montevideo es zona roja por la noche.
Se necesitan resultados. Y rápido.
-
Reforma del sistema previsional
El nuevo gobierno encontró una bomba activada: la reforma jubilatoria impuesta por Luis Lacalle Pou, que amplió la edad de retiro y favoreció a las AFAP. Desactivarla no será sencillo. Hay límites fiscales, presiones del capital financiero y tensiones internas dentro del FA.
Además, está el desafío de modernizar el mundo del trabajo sin precarizarlo: regular plataformas digitales, atender la automatización y proteger los derechos laborales.
Si Yamandú no logra avanzar en un sistema más justo y solidario, habrá decepción en los sectores populares y entre quienes esperaban un cambio profundo. Aquí también hay diferencias internas: no todos los economistas frenteamplistas coinciden en cómo y cuánto se puede modificar la reforma.
-
Unidad frenteamplista y convivencia democrática
Nuestro presidente deberá navegar un mar agitado entre sectores con visiones distintas dentro del Frente Amplio: desde los que apuestan a cambios leves a los que exigen cambios realmente profundos.
La relación con el PIT-CNT es otro eje crítico, ya que el movimiento sindical exigirá respuestas rápidas y claras, respaldado, nada menos, que por el programa del Frente Amplio.
Con la oposición, el nuevo presidente deberá recuperar la convivencia democrática: evitar gobernar “con el espejo retrovisor”, sí, pero sin perder la memoria. Reconstruir puentes con la oposición sin ceder a chantajes.
Aquí hay otra posible fuente de frustración si se percibe que se busca más agradar a los adversarios que a la militancia que empujó la victoria.
-
Llamar a las cosas por su nombre
El tema Israel–Palestina representa un punto sensible para la militancia frenteamplista, por su compromiso histórico con los derechos humanos, las causas antiimperialistas y la lucha contra la opresión. Este asunto es un termómetro ideológico y ético que puede incidir en el nivel de entusiasmo o desencanto hacia Yamandú Orsi. En las redes sociales proliferan los mensajes de disconformidad con los comunicados del gobierno.
El Frente Amplio nació con una fuerte impronta latinoamericanista y solidaria con los pueblos oprimidos. Durante décadas, buena parte de su base ha expresado solidaridad con Palestina como símbolo de resistencia frente a una ocupación que violenta el derecho internacional y los derechos humanos.
En ese sentido, una postura tibia o excesivamente neutral por parte del Gobierno podría interpretarse como una claudicación moral.
La militancia no espera un alineamiento con Hamás ni declaraciones incendiarias. Lo que espera es coherencia con los principios históricos del Frente Amplio: una condena clara a la ocupación, a los crímenes de guerra, al apartheid y a la matanza colectiva de civiles realizada por el Gobierno de Netanyahu.
La palabra “preocupación”, usada en los comunicados, debe sustituirse de inmediato por “condena” y “repudio”. No se trata de una guerra, sino de un genocidio, limpieza étnica, invasión y anexión.
Se espera también que Uruguay retome una postura activa en foros internacionales en defensa del derecho internacional, el respeto a las resoluciones de la ONU y la necesidad de una solución de dos Estados.
En la práctica, eso podría traducirse en:
- Condenar los bombardeos y asesinatos masivos de civiles como violaciones a los derechos humanos, sin eufemismos.
- Evitar discursos ambiguos que pongan al mismo nivel al opresor y al oprimido.
- Cerrar de manera inmediata e indefinida la Oficina de Innovación y Emprendimiento de Uruguay en Jerusalén.
Ésta fue inaugurada en diciembre de 2024, fruto de un acuerdo entre la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) y la Universidad Hebrea de Jerusalén. La iniciativa, promovida por el Gobierno de Luis Lacalle Pou, buscó fortalecer la cooperación tecnológica entre ambos países. Sin embargo, la decisión generó críticas tanto a nivel nacional como internacional. La Embajada de Palestina en Uruguay condenó la apertura, argumentando que envía un mensaje de indiferencia hacia la situación del pueblo palestino. Organizaciones sociales uruguayas, como el PIT-CNT y la Federación de Estudiantes Universitarios, también expresaron su repudio, señalando que la medida posiciona a Uruguay alineado con el régimen israelí.
A pesar de las solicitudes de reconsideración, incluyendo una declaración del Frente Amplio instando a evaluar la suspensión de la oficina, el Gobierno uruguayo decidió mantenerla. El canciller Mario Lubetkin afirmó que la oficina no tiene estatus diplomático y que su objetivo es fomentar la innovación y el desarrollo tecnológico, sin implicaciones geopolíticas; pero la verdad es que suena a respaldo político en medio de esta situación crítica.
Como bien ha escrito Mateo Grille en su nota “Gaza: hay que denunciar (y parar) la masacre”: “También podrían romperse, congelarse o al menos condicionarse las relaciones diplomáticas, políticas o comerciales con Israel, reconociendo su rol de agresor. Esto no sería un gesto aislado, sino un paso coherente con la realidad material de los hechos y como lo han hecho ya países hermanos como Bolivia, Colombia, Belice, Honduras y Chile. El ogro Venezuela rompió dignamente relaciones diplomáticas en 2009 tras denunciar crímenes de guerra, precisamente tras una incursión israelí en Gaza. Se ve que sí la vieron mientras nosotros mirábamos para otro lado”.
Orsi también debe cuidar no aislar a Uruguay en el plano diplomático ni alimentar discursos antisemitas (que nada tienen que ver con el apoyo al pueblo palestino). Pero si se percibe que prioriza agradar a Washington o Tel Aviv antes que sostener una postura soberana y ética, el costo será interno: enfriamiento de la militancia, cuestionamientos de los sectores más comprometidos y pérdida de autoridad moral ante una causa que trasciende fronteras.
Por su parte, la derecha ya eligió su bando sin titubeos. La Coalición multicolor ha sido clara en su alineamiento incondicional con el Gobierno de Israel, incluso justificando bombardeos indiscriminados. Le importa un carajo que Israel esté reventando a decenas de miles de niñas y niños. Esto deja a Orsi un margen claro para diferenciarse éticamente y recuperar el rol de Uruguay como referente en derechos humanos.
Luego está la cereza sobre la torta: el proyecto Neptuno/Arazatí que, tal como lo firmó Luis Lacalle Pou, viola los artículos 47 y 188 de la Constitución. Por ahora, Yamandú ha ganado unos meses de tiempo mientras se procesa el recurso de inconstitucionalidad presentado por organizaciones civiles.
En resumen: la militancia frenteamplista espera de Yamandú una postura digna, ética y firme frente al genocidio en Gaza y la ocupación israelí. No quiere ambigüedades diplomáticas ni silencios calculados.
Ganar la elección sólo le dio a Yamandú la oportunidad de demostrar los puntos que calza; ahora tendrá que ganarse el gobierno cada día, demostrando que se puede gobernar con sensibilidad, con firmeza y con coherencia, porque no se puede cambiar lo que no se enfrenta.
Y llegó el momento de enfrentar.
