Como se recordará, los canales de cable de Montevideo pudieron ofrecer el servicio de internet en zona con cobertura de fibra óptica. Al asumir como presidenta de la Asamblea General y de la Cámara Alta, Carolina Cosse se refirió al tema en rueda de prensa: “La decisión sobre el acceso o la apertura de la fibra óptica al sector privado impidió a Antel haber percibido más ganancia. Cualquiera que tenga una empresa o emprendimiento, y que construya los fundamentos de ese emprendimiento, es muy raro que se lo alquile a la competencia, porque ¿dónde pasa a estar su ventaja competitiva? No existe". “Una resolución de directorio se cambia con otra”, indicó Cosse en febrero pasado.
Con respecto a la fibra óptica, hace menos de un mes el presidente de Antel, Alejandro Paz, resolvió junto a la gerencia general del ente de las comunicaciones la revocación de la anterior resolución que le daba beneficios a las empresas de cable de Montevideo para acceder a la fibra óptica instalada por Antel. Por su lado, el Sindicato Único de Telecomunicaciones (SUTEL) presentó en agosto de 2024 un recurso de revocación ante el Directorio de Antel y, además, un recurso de anulación ante el Poder Ejecutivo en respuesta a la autorización de la comercialización de servicios de conectividad por parte de empresas que compiten con el ente de las telecomunicaciones. Sutel rechazó entonces que se habilitara el uso de la fibra óptica y la infraestructura de la empresa estatal por parte de las empresas que compiten con el ente.
Fuentes vinculadas al sector de las telecomunicaciones indicaron, con respecto a la privatización o apertura de la fibra óptica al sector privado aprobada en agosto pasado, que “la resolución interna de Antel se había diseñado para beneficiar a los cableoperadores y también proveedores de internet. Primero se intentó que esta habilitación se autorizara por vía legislativa, y luego de que durante la administración pasada se opusieran el Frente Amplio, parte del Partido Colorado y Cabildo Abierto, se decidió emitir la habilitación por vía de resolución administrativa de Antel. Para aprobar la resolución que abría la fibra óptica de Antel al sector privado, el Directorio pasado se apoyó en una resolución del año 2010 que también vendía datos a empresas, pero lo que no hacía, como se habilitó en el gobierno de Luis Lacalle Pou, es venderle datos a empresas competidoras de Antel. Con esta resolución del anterior Gobierno y Administración de Antel, el ente dejó de ganar unos 40 millones de dólares”, indicaron las fuentes consultadas por Caras y Caretas.
Antel percibe por el rubro internet unos 400 millones de dólares y los privados absorben aproximadamente el 10 % del mercado. En agosto pasado, tras la resolución del ente que beneficiaba al sector privado, el Frente Amplio había declarado públicamente que “la propuesta ya había sido desestimada en varias instancias legislativas, entre ellas el proyecto de la Ley de Urgente Consideración (LUC) en 2020, las rendiciones de cuentas, y diferentes versiones del proyecto de Ley de Medios entre 2021 y 2023”. En su nueva resolución, Antel, en mayo pasado, consideró para fundamentar su decisión de revocar la apertura de fibra óptica al sector privado que el Gobierno anterior omitió la evaluación de posibles impactos económicos, entre ellos que Antel dejaba de percibir unos 40 millones de dólares por año. La resolución también indica que la decisión de la Administración anterior implicaba riesgos importantes para los costos y la capacidad de inversión de Antel.
