Si se concretara, lo cual es improbable, este ajuste tributario recaería únicamente sobre 25.000 uruguayos que tienen dinero o bienes patrimoniales por valor de más de un millón de dólares. Es decir, si se tomara en cuenta este piso, alguien que ostente un millón de dólares pagaría apenas 840 dólares mensuales anuales. Son 33.600 pesos al tipo de cambio actual, que es un monto irrisorio para una persona que tiene tan buenos ingresos.
Incluso, algunos economistas progresistas han promovido que, en lugar de crear un nuevo tributo, se establezca un adicional al Impuesto al Patrimonio, que fue creado en el segundo gobierno colegiado blanco en 1964. Este gravamen, que tiene un alto nivel de evasión, paga una tasa de apenas un 0,10 %, que es simbólica.
Esta minoría privilegiada concentra 80.000 millones de dólares sólo en riqueza financiera. Incluso, 60.000 millones de dólares están radicados en cuentas en el exterior lo cual corrobora que ese sector casi no invierte en Uruguay.
Por lo inicua, esta situación parece un despropósito en un país con más de 600.000 pobres medidos por el sistema de pobreza multidimensional, una pobreza infantil que afecta a casi un tercio de los niños y más de 5.000 uruguayos en situación de calle.
Según se estima, si se aplicara un mínimo ajuste tributario de esta envergadura, el Estado podría recaudar unos 800 millones de dólares adicionales por año, lo cual posibilitaría financiar políticas sociales tendientes a comenzar a erradicar por lo menos la pobreza infantil. Empero, algunos uruguayos mezquinos y egoístas —que se quejan de llenos— piensan más en sus bolsillos que en los niños que viven en situación de alta vulnerabilidad.
Insólitamente, fue el Fondo Monetario Internacional, un organismo multilateral de crédito odiado por la izquierda, venerado históricamente por la derecha y con muy mala fama por esquilmar a los pueblos, el que formuló una propuesta disruptiva con relación al sistema tributario uruguayo, en su informe anual sobre la marcha de nuestra economía.
Como se sabe, aunque Uruguay en 2006 se liberó de las tenazas del FMI pagando la totalidad de su deuda durante el primer gobierno del Frente Amplio encabezado por Tabaré Vázquez, lo cual le permitió recuperar la soberanía perdida durante casi medio siglo, las revisiones anuales son de rigor, porque nuestro país es miembro desde 1946, cuando se incorporó durante la presidencia del colorado Juan José de Amézaga.
Luego de la última visita de una misión a Montevideo, concretada en setiembre pasado, el organismo elaboró un informe en el cual califica a la economía uruguaya como “resiliente” y resistente a las turbulencias externas. En tal sentido, se valoran las “sólidas políticas macroeconómicas” y “los avances en la modernización de los marcos de política fiscal y monetaria”.
Más allá que suele formular recomendaciones, algunas de ellas impertinentes, aunque no tan draconianas como en el pasado, nos detendremos particularmente en el apartado referido a la política tributaria, que contiene algunas reflexiones muy pertinentes, las cuales, aunque no han sido comentados como hubiera sido menester, pueden sorprender tanto a la izquierda como a la derecha del espectro político.
En tal sentido, el FMI se centra sobre el siempre urticante tópico de las exoneraciones tributarias que otorga nuestro país al capital, a los efectos de atraer inversión —particularmente extranjera— y generar fuentes de trabajo de calidad que puedan hacer crecer el Producto Bruto Interno y dinamizar la economía doméstica.
Según el organismo, las exenciones impositivas son demasiado generosas, comparándolas con otros países de la región, más allá de su escala poblacional y de su mercado interno. En este tópico, Uruguay sólo se encuentra por debajo de Honduras, Colombia y Paraguay y por encima, por ejemplo, de Brasil, Argentina y Chile, que tienen economías comparativamente más grandes, según las mediciones realizadas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Alguien con un mínimo de neuronas podría inferir, sin mayores dificultades, que los empresarios uruguayos se quejan de llenos, porque los impuestos que pagan son notoriamente inferiores a los que se cobran en nuestros dos grandes vecinos del Cono Sur.
En ese contexto, el FMI, que históricamente se ha destacado por ser una suerte de verdugo que asfixia a las economías de los países en desarrollo con medidas de ajuste cuando les presta dinero, recomienda reducir el denominado gasto tributario, que es el término técnico que se emplea para aludir a las exoneraciones fiscales, que en Uruguay alcanza a seis puntos del PBI, lo cual equivale a la friolera de 4.800 millones de dólares anuales, tomando como base el PBI del año pasado, que cerró en 81.000 millones de dólares. De ese monto, 2400 millones de dólares equivalen a exenciones al gran capital.
Al respecto, se consigna que “si bien estas exenciones fiscales buscan promover la inversión privada y el desarrollo sectorial, también limitan la flexibilidad fiscal y reducen el potencial para reasignar recursos hacia la inversión pública productiva, la infraestructura y los programas sociales”. Asimismo, el organismo indica que en Uruguay “el costo de las deducciones fiscales sobre el Impuesto al Patrimonio es significativamente mayor que en otras regiones”.
Según el FMI, “una reforma tributaria que busque reducir el gasto tributario ineficiente en Uruguay podría generar mayor margen fiscal. El crecimiento, a largo plazo, podría aumentar a medida que el gasto público productivo fortalezca las bases para una expansión económica sostenida”. Naturalmente, se refiere a las exoneraciones tributarias ineficientes y sin retorno. Así de simple.
El organismo recomendó una reducción del gasto fiscal del 0,4 %, que equivale a 300 millones de dólares, más del doble del acotado incremento previsto en el paquete presupuestal, que es, para 2026, de 140 millones de dólares.
No vamos a aplaudir al FMI, que tiene una historia de pesadilla de actividad predatoria y siembra de miseria a nivel global. De todos modos, todas las exoneraciones tributarias al capital deberían ser revisadas, como lo establece el programa de gobierno del Frente Amplio, estudiando caso por caso y eliminando aquellas que no tengan retorno, para que la clase trabajadora no siga sosteniendo sola la caja del Estado y se pueda reducir la inequidad y la brecha social en Uruguay.
Hay que dejar de financiar a la oligarquía vernácula parásita.
