En efecto, de los nuevos delitos previstos en la LUC claramente habría que derogar el “agravio a la autoridad”, que deja expuesto a cualquier ciudadano a una eventual sanción penal por el mero hecho de tener un conflicto con un funcionario policial y otorga a la fuerza pública el derecho de actuar con discrecionalidad.
En 2021, último año del que se tienen registros, fueron 182 las personas formalizadas por “agravio a la autoridad”, una herramienta jurídica propia de un gobierno autoritario. Incluso, la LUC le otorga a la Policía la potestad de interrogar a un detenido durante cuatro horas antes de dar cuenta a la Fiscalía y habilita las declaraciones voluntarias del indagado ante la autoridad, no sólo a efectos de constatar su identidad, como estaba establecido anteriormente, sino también para “realizar averiguaciones, obtener evidencias y aclarar el presunto delito. Además, la Policía también puede realizar registros de vestimentas, equipaje y vehículos a una persona si existen sospechas de que puede haber cometido un delito, y no solamente a quien esté legalmente detenido, como establecía la normativa anterior.
Otro delito a revisar es el del desacato, que si bien antes ya existía, merced a las herramientas previstas en la LUC, ahora suele ser utilizado con una discrecionalidad que vulnera en muchos casos los derechos ciudadanos.
Asimismo, la LUC consagra la “presunción de legitimidad” de la actuación policial, la cual señala que, “salvo prueba en contrario, se presume que la actuación del personal policial en ejercicio de sus funciones es acorde a las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias vigentes”.
Incluso, establece el derecho al porte de armas al personal policial en situación de retiro, y lo autoriza a actuar en caso de delitos flagrantes. También autoriza el porte y la tenencia de armas por parte de personal militar en situación de retiro, lo cual es naturalmente inadmisible, ya que se trata de meros ciudadanos que no tienen ninguna autoridad.
Otra norma heredada del gobierno anterior otorga impunidad para actuar con exceso a los civiles en determinadas circunstancias. En tal sentido, un ejemplo de esta aberración es el precepto que refiere a la legítima defensa presunta, el cual habilita a cualquier ciudadano a ejercer violencia ante la hipótesis de un intento de robo o de la incursión de un extraño en las proximidades de su propiedad. Si bien la legítima defensa para amparar la vida ya existía y puede ser jurídica y éticamente tolerable, no debería transformarse en un cheque en blanco para tomar la justicia por cuenta propia y ejercer violencia privada con paraguas legal. Por ende, debería ser modificada.
Una ley que ampara
Durante los pasados cinco años de vigencia de la LUC, se han reportado decenas de casos de abuso policial y de avasallamiento de los derechos humanos, que para nada sintonizan con la statu quo legal que debe regir en un sistema democrático.
Como afirmamos en una columna publicada en agosto de 2023, la violencia policial desmedida contra civiles inocentes es, sin dudas, una ominosa resaca de la dictadura que es necesario desterrar, teniendo en claro que preservar la seguridad ciudadana es combatir el delito y al crimen organizado pero no reprimir a la población, en la hipótesis, por ejemplo, de “portación de cara”, como afirma el fascista senador colorado Gustavo Zubía, hijo y sobrino de militares golpistas.
Aunque los medios de difusión masiva han ocultado o maquillado los actos de violencia y de exceso policial denunciados, se han denunciado números casos de maltratos a personas detenidas, allanamientos sin orden judicial, muertes en episodios confusos e incluso la violación de dos mujeres por parte de efectivos de la Guardia Republicana, como sucedió en febrero de 2023, en el Paso Molino. Estos episodios fueron reales y no meras invenciones de organizaciones de derechos humanos.
Uno de los hechos más graves se suscitó precisamente en agosto de 2023 en Maldonado, cuando un joven, demorado por una mera infracción de tránsito, fue reducido por cuatro policías. En ese contexto, fue cacheteado por el propio jefe de Policía, Erode Ruiz, recordado por su participación, cuando era comisario, en la masacre del Filtro, en 1994. “Mierda, respetá a la Policía, carajo. A la Policía hay que respetarla, hijo de puta”, le espetó Ruiz al hombre, luego de lo cual le asestó un golpe en el rostro, mientras cuatro agentes lo sostenían. Sin dudas, fue una demostración de prepotencia y cobardía que debió ameritar, por lo menos, una sanción. Sin embargo, nada sucedió, porque el gobierno de la época avalaba esos métodos de prepotencia y avasallamiento.
En este tema, la clave será desmontar la arquitectura legal que permite estos abusos de poder y modificar el talante de la Policía, cuya misión es prevenir y reprimir el delito, pero siempre preservando los derechos humanos garantizados por la Constitución de la República.
Si el Gobierno de Yamandú Orsi no desactiva algunas de estas herramientas represivas que alimentan la patología de una Policía estresada y superada por la delincuencia, corremos el riesgo de exhumar tiempos pasados signados por el drama y los excesos de poder, como los que padecimos todos los uruguayos en la predictadura y en la dictadura. La premisa es combatir el delito y las causas del delito, que tiene un fuerte anclaje social, pero con total apego a las normas y garantías del Estado de derecho, que son violadas por algunos artículos de la LUC.
