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Columnas de opinión | político | Ghione |

Caída

La bomba celeste provocó un terremoto político

El Partido Nacional le soltó la mano a la figura más representativa del gobierno en el Senado. Aun así, la trama descubierta por la valiente fiscal Alicia Ghione va mucho más allá de Penadés.

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Todo comenzó el 25 de enero, cuando la militante nacionalista (conocidísima por sus mensajes agresivos) se hizo presente en un acto de bienvenida a Lula Da Silva en la Intendencia de Montevideo, le gritó “delincuente” y escupió a una funcionaria municipal, siendo detenida. Al día siguiente, el senador blanco Gustavo Penadés negó que Romina fuera militante de su partido, una mentira estúpida que se convirtió en el peor error de su vida, error que le llevaría no solo a perder su banca y poder, sino también su libertad. El 27 de ese mes, la militante fue condenada a siete meses de prisión (sustituidos por el régimen de libertad a prueba) por atentado especialmente agravado.

Ofendida por el ninguneo de Penadés, a fines de marzo decidió soltar la lengua y dar otro inicio a esta historia. Según hizo público, fue explotada sexualmente cuando tenía 13 años y aún se definía como varón, por un político de su propio partido. El 28 de marzo reveló el nombre del senador y este dio una conferencia de prensa anunciando que demandaría a la militante por difamación. El ministro del Interior no solo estuvo presente para respaldarlo con su presencia, también lo hizo airadamente con palabras. El número uno de la seguridad del país le estaba diciendo a la Policía nacional que aquello era una difamación.

No era la primera vez que Luis Alberto Heber se interponía en el camino de la Justicia o intentaba presionarla. Ya lo había hecho cuando viajó a Durazno para respaldar en el juicio oral a los policías acusados de asesinar a Santiago Cor.

También salió a defender a Penadés el mismísimo presidente de la República, lo que implicó, obviamente, tildar a Romina de mentirosa y difamadora.

Las habituales actitudes agresivas y ordinarias de Romina no le ayudaban en nada; sin embargo, un amigo le dijo por teléfono: “No vamos a dejarte sola”. Y cumplió.

A la denuncia pública inicial (por la cual el fiscal de Corte Juan Gómez inició una investigación de oficio) se sumaron muchas otras de personas de diferentes edades y el futuro del senador quedó sellado. El 10 de octubre fue imputado por 11 delitos de retribución a la explotación sexual a menores, 4 de abuso sexual especialmente agravados, 3 de abuso sexual agravados, violación, corrupción de menores, atentado violento al pudor y desacato (por dar a conocer en un programa radial el nombre de una de las víctimas cuando era algo reservado por orden judicial), mientras que el profesor Sebastián Mauvezín fue acusado de 7 delitos relacionados con la contribución a la explotación sexual.

Ambos han sido encarcelados a la espera del juicio.

El miércoles 11, el Senado votó en forma unánime la expulsión de Penadés y la bancada frenteamplista exigió la renuncia del ministro del Interior Luis Alberto Heber “por desacreditar las denuncias y permitir la obstaculización de la investigación”.

Bomba de desfragmentación

Finalmente, aunque con una demora de varias décadas, el Partido Nacional le soltó la mano a la figura más representativa del gobierno en el Senado. Aun así, la trama descubierta por la valiente fiscal Alicia Ghione va mucho más allá de Gustavo Penadés y varios jerarcas están salpicados. Todo hace suponer que el presidente, a regañadientes, tendrá que disponer unas cuantas destituciones en los próximos días, a la vez que veremos unas cuantas “renuncias” y una larga fila de indagados, testigos e imputados en el juzgado.

Esta debiera ser la gota que colme el vaso con respecto a Heber.

Al solicitar la prisión preventiva, la fiscal argumentó que existen muchos riesgos procesales: “En amenazas a las víctimas, en seguimientos a las víctimas, en lo que entendemos es una estafa procesal porque el plan del que hablaba el senador Penadés desde el inicio es un plan que armó el propio senador con información pública, con colaboración de asesores y con colaboración de policías. De hecho, tenemos un jerarca del Instituto Nacional de Rehabilitación detenido desde las 19:00 del día de hoy”.

El informe de la fiscal fue tan contundente que la jueza no pudo ocultar el impacto que le causó y lo calificó de “lapidario”.

Carlos Taroco, director del Complejo Penitenciario de Santiago Vázquez (exComcar) y director de la Unidad de Inteligencia y Análisis Penitenciaria, fue detenido en la tarde del martes 10 por complotar junto a Penadés contra las víctimas, buscando entorpecer la investigación; y habría otro oficial involucrado.

La fiscal explicó que: “Hay de los celulares incautados fotografías que se pasan de uno a otro. Hay fotografías que después coinciden en el teléfono de Penadés, las mismas, y en las escuchas que teníamos de los asesores, porque nosotros teníamos intervenidos a varios asesores, que era la forma de tener evidencia. Fotografías de intercambio de personas. De algunas de las personas que surgen de un ‘flujograma’ que armaron”.

Heber se defendió diciendo que fue la misma Policía que los descubrió y avisó a la fiscal; pero nosotros manejamos otra versión. Taroco dio órdenes directas a un policía para que se reuniera con Jonathan Mastropierro, uno de los denunciantes, para sacarle datos sobre el resto de las víctimas. Mastropierro habría sido quien contó esto a la fiscal, la cual dispuso las escuchas telefónicas con las cuales se desmontó la trama.

Taroco también ordenó a otros efectivos ingresar al Sistema de Gestión de la Seguridad Pública (SGSP) para obtener datos de los antecedentes e indagatorias de algunos de los denunciantes.

Paralelamente, de las escuchas telefónicas se desprende que Graciela De Vecchio, secretaria de Arturo Silvera (ministro de la Corte Electoral por el Partido Nacional), ingresó a la base de datos del organismo para extraer información requerida por Horacio Tejera, un colaborador de Penadés, sobre una de las víctimas del senador blanco.

Otro que queda en la cuerda floja tras las escuchas telefónicas es el herrerista Santiago Borsari, director de Arquitectura del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, quien al conversar con Horacio Tejera afirma que “la jueza y la fiscal son unas hijas de puta”.

Por otra parte, las víctimas, una abogada y la misma fiscal denunciaron seguimientos concretos y vigilancias desde autos. Cuando Ghione intentó fotografiar al automóvil que se hallaba frente a su casa, se fue.

En pocas palabras, se han utilizado recursos del Estado para proteger a un político poderoso; pero ¿cuál es la sorpresa? Ya lo hacía Alejandro Astesiano en las propias narices del presidente de la República.

Heber dice que “no hay dos policías”; sin embargo, la fiscal desconfía tanto de una parte de esa Policía que cuando llegó la hora de ordenar detener a Gustavo Penadés decidió que fuera personal de Interpol.

¿Qué falta para redondear el guion de una película de suspenso, chantajes y corrupción en las cumbres del Olimpo blanco?

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