La operación política de la derecha que denunció supuestos actos de corrupción en torno al proceso de construcción del estadio multipropósito Antel Arena, destinada a perjudicar a la intendenta de Montevideo y precandidata presidencial frenteamplista Carolina Cosse, fracasó estrepitosamente porque la causa fue archivada por el fiscal de Delitos Complejos y Económicos Alejandro Machado.
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La ofensiva contra Cosse –que se materializó en una denuncia penal ante la Justicia– con relación al proceso que condujo a la ejecución del proyecto de marras comenzó en noviembre de 2021, cuando el por entonces presidente del ente de las telecomunicaciones y actual precandidato por el Partido Colorado, Gabriel Gurméndez, informó que el costo total del complejo, que fue erigido cuando la actual intendenta de Montevideo estaba al frente de dicha empresa estatal, fue de 118 millones de dólares.
Si bien se podrá coincidir o disentir con la decisión de invertir en la erección de un estadio cerrado multipropósito, nadie puede negar que el emprendimiento colocó a nuestro país, antes del paréntesis impuesto por la pandemia, en un sitial vanguardista en materia de organización de eventos deportivos y culturales de nivel internacional, dinamizó el mercado, generó fuentes de trabajo y resucitó un barrio montevideano que estaba deprimido.
La iniciativa se inscribió en una política estratégica de reposicionamiento de la marca Antel, que se encuentra en régimen de libre competencia en el mercado de la telefonía móvil y ahora también en el de datos y, durante los gobiernos del Frente Amplio, se transformó en líder, a nivel regional, en el desarrollo de la banda ancha y en la universalización del acceso a internet.
El primer ataque multicolor contra Carolina Cosse fue cuestionar la inversión de Antel durante su gestión en materia de publicidad, que alcanzó los 91 millones de dólares. Esa ofensiva –que fracasó estrepitosamente– coincidió con la campaña electoral para las elecciones departamentales.
Lo que omitieron deliberadamente los detractores de Cosse fue informar que el retorno de ese gasto en pautas publicitarias fue de nada menos que 3.400 millones de dólares.
Lo sugestivo es que el informe que nutrió la demanda penal fue elaborado por la consultora Ecovis Uruguay, cuyo propietario, el contador Marcelo Caiafa, de notoria vinculación al Partido Nacional, embolsó la nada despreciada suma de 1.700.000 pesos.
Este señor se prestó a hacer el trabajo sucio con el propósito de generar un hecho político, pese a que los balances contables de la telefónica al igual que los proyectos, pasaron por el tamiz de dos auditorías, una interna y otra externa, y por la lupa del Tribunal de Cuentas.
¿Puede razonablemente confiarse en el reporte de una empresa privada notoriamente vinculada al Partido Nacional, que es cabeza del gobierno multicolor, cuya contratación se dio mediante la modalidad de compra directa? Evidentemente, el informe se presta a múltiples suspicacias. Más allá de intencionalidades políticas, se trató de otra de las numerosas operaciones de clientelismo político de este Gobierno.
En ese contexto, el presidente del Sindicato Único de Telecomunicaciones (Sutel), Gabriel Molina, no ocultó su sorpresa por la contratación de dicha consultora, siendo que Antel fue doblemente auditada en los últimos años.
Según el dirigente gremial, Gurméndez necesitaba “alguien que le hiciera el mandado” y que afirmara la tesis del directorio en el sentido de que la construcción del Antel Arena fue un “despilfarro”.
En ese marco, Molina denunció que el sindicato indagó y descubrió que la empresa Ecovis Uruguay –cuya auditoría no coincide con la de Price Waterhouse– “no es apolítica”, porque su propietario está notoriamente vinculado al partido de gobierno.
Nadie hasta el momento desmintió la denuncia de los trabajadores del ente de las telecomunicaciones.
El último capítulo de esta operación de enchastre fue la absurda interpelación en la Junta Departamental vía zoom, con el argumento de que Cosse utiliza su investidura para promoverse políticamente –como hacen sus colegas de todos los partidos– y hasta la inverosímil denuncia de un edil nacionalista por la supuesta connotación proselitista del color de los postes de los semáforos.
Lo cierto es que este adefesio de opereta política se cayó por su propio peso, mediante un dictamen del fiscal actuante –de 88 páginas– que demuele todas las supuestas pruebas presentadas por el Gobierno. Aunque naturalmente Antel puede apelar la resolución y en caso de que el recurso sea acogido el expediente será desarchivado, la contundencia de los argumentos del magistrado deja un escaso margen de maniobra.
En efecto, con respecto a si Antel tenía competencia legal para encarar el proyecto, el escrito sostiene que “hay interpretaciones jurídicas de la propia Antel que avalan este accionar, ya que cuentan con sustento constitucional y doctrinario sólido”.
En lo atinente al costo del proyecto, el fiscal sostuvo que está avalado por un informe del Tribunal de Cuentas y que fue de 86 millones de dólares y no de 120 millones, y que la estimación inicial de 40 millones de dólares refiere únicamente a la obra civil, no contemplando otros costos emergentes.
Con respecto a una eventual arbitrariedad acerca de la asignación de las obras, Machado descartó de plano esa posibilidad, ya que fueron invitadas a participar más de 40 empresas, se interesaron 17 y 7 presentaron ofertas. Es decir, el proceso fue transparente y apegado a las normas del derecho.
“No puede soslayarse que lo que hoy es denunciado como un ilícito penal continúa siendo una política habitualmente aplicada por Antel, tanto para las compras de publicidad en diversos medios de comunicación como para las compras directas de derechos de imagen de personalidades famosas, como así también para decenas de compras directas de bienes por montos significativos”, acota el magistrado.
Este es –sucintamente– el corazón del dictamen fiscal de Alejandro Machado, que demolió puntualmente todos los pormenores de la acusación y descartó cualquier eventual hecho de apariencia delictiva.
Este fue un nuevo capítulo de la fantasmada de este Gobierno, que armó un relato mediático destinado a imputar a los Gobiernos del Frente Amplio presuntos casos de corrupción que se fueron cayendo como un castillo de naipes.
El fiscal Machado tiene en su despacho dos causas abiertas paralelas con relación al ilegal otorgamiento de un pasaporte al narco Sebastián Marset, que ya tumbó a dos ministros, dos subsecretarios y a un asesor presidencial, y al eventual ocultamiento y destrucción de pruebas que se deberían presentar ante la Fiscalía. En ese contexto, por disposición de la fiscal general subrogante en funciones, Mónica Ferraro, por la licencia médica de Juan Gómez, un miembro del equipo de Machado fue trasladado, lo cual afectará el avance de ambas causas, acorde a lo que desea el Gobierno, que teme que estos casos le exploten en la cara en plena campaña electoral. Más allá de si se logra probar que hubo delitos, es evidente que estas situaciones salpican la reputación y la eventual honorabilidad del Poder Ejecutivo, que está en tela de juicio y naturalmente bajo sospecha.
Pese a su virulenta ofensiva mediática, el Gobierno fracasó estrepitosamente en su vano intento de horadar la imagen de Carolina Cosse que es, además de quien gobierna el departamento más poblado del país, una de las figuras referentes de la oposición que intentará recuperar el poder en octubre.
A la mentira, la falacia, la tergiversación y la inmoral manipulación de los hechos, la Justicia le respondió con la verdad. Sería deseable que la derecha se retracte, pero no lo hará porque está enferma de odio y de irracional resentimiento.
Empero, lo más importante es que el oficialismo no quede impune y sea castigado por la ciudadanía, por este y otros pecados: corrupción, congelamiento de salarios y jubilaciones, precarización laboral, aumento de la pobreza y clientelismo.