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Lista negra

Los alcaldes de Lacalle

Por Enrique Ortega Salinas

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Caras y Caretas Diario

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De algún modo pasaron una vida ocultando su verdadera naturaleza.

Lo terrible es que hay un porcentaje para nada insignificante de la ciudadanía que los vota a sabiendas de lo que son capaces; pero se hacen los distraídos con la esperanza que desde el poder les tiren un hueso. También hay líderes políticos que, con tal de sumar votos para su partido, aceptan a cualquiera en sus filas.

Como sea, la verdad y la justicia se van abriendo paso. A veces, solo la primera; pero algo es algo. En solo dos años de gobierno de la coalición, estos son los alcaldes que cayeron, estuvieron a punto de caer o, por lo menos, fueron desenmascarados.

  • Tabaré Leivas. Partido Colorado. En abril de 2020, la Policía de Salto realizó un operativo para desarticular una banda de abigeos y comprobó que tanto el alcalde del municipio Rincón de Valentín como su hijo eran integrantes de aquella. Leivas fue imputado junto a otra persona por tráfico interno de armas y su hijo y dos cómplices por abigeato. El delito de tráfico de armas tiene una pena de seis meses de prisión a seis años de penitenciaría, pero se agrava cuando el autor pertenece a una organización criminal.
  • Juan Carlos Martinicorena. Partido Nacional. El alcalde de Baltasar Brum (Artigas) fue denunciado por violencia doméstica en abril de 2019.

Tras el escándalo, al ser entrevistado por La Lupa, reconoció que había discutido con su esposa y se acostó a dormir, hasta que su hijo lo despertó e insultó. Afirmó que la única denuncia que quedó estampada fue la suya, que la hizo en forma verbal, pero no la ratificó por escrito porque, de hacerlo, su hijo terminaría en la cárcel por agredir a una autoridad. Sobre si había ido a la seccional en estado de ebriedad, contestó: “Mire, si le digo que no había tomado nada, le mentiría. Habíamos tomado un par de whiskys con el intendente…”. El intendente de Artigas es Pablo Caram, quien no necesita de presentación a la hora de hablar de escándalos.

En cuanto a un rifle que le fuera incautado, el alcalde reconoció que sí lo tenía y lo entregó, agregando que no tenía documentación del arma.

Aún continúa en el cargo y desconocemos si el Directorio del Partido Nacional le realizó alguna observación.

  • Alfredo Sánchez. Partido Nacional. El 5 de octubre renunciaron Alfredo Sánchez y otros tres dirigentes blancos al Partido Nacional. El 28 de setiembre de 2021 Sánchez (que había sido reelecto como alcalde de Florencio Sánchez, en Colonia) fue condenado a dos años de prisión por asociación para delinquir, fraude, concusión, cohecho calificado, falsificación ideológica y encubrimiento. En el marco de la operación “Corruptio”, también fueron condenados su exesposa y uno de sus hijos. A Sánchez, que pertenece al sector del intendente blanco Carlos Moreira, en la campaña electoral se le denominaba “el hombre de las mil gauchadas”.
  • Juan Andrés Oronoz. Partido Nacional. En noviembre de 2021, el alcalde de Dolores (Soriano) renunció formalmente al cargo de alcalde, cargo que ya no ejercía por haber sido condenado en marzo por ciberacoso contra un menor de edad. El político blanco había contactado al menor para obtener fotografías de contenido sexual por WhatsApp, incurriendo en un delito previsto en el artículo 277 bis del Código Penal.

Sergio Puglia lo había apoyado fervorosamente durante la campaña, resaltando en un video sus cualidades personales.

  • Humberto Allende. Partido Nacional. En Cerro Largo, el alcalde de Cerro de las Cuentas, por el Partido Nacional, fue imputado el 17 de marzo, por la violación de una anciana de 77 años. Continúa en el cargo.
  • María Elena Martín. Partido Nacional. La alcaldesa de Miguelete (Colonia) fue denunciada porel acarreo de más de un centenar de camiones de tierra a un establecimiento rural que es propiedad de su padre.

En febrero de este año, la bancada de ediles del Frente Amplio denunció públicamente a la bancada oficialista por no dar el quórum requerido para que en la Junta Departamental se tratara el tema. También el Partido Colorado se quejó de la obstrucción realizada por los ediles blancos, los cuales pretendían canalizar todo por medio de una comisión investigadora y votando el secreto de las actuaciones.

La bancada frenteamplista emitió un comunicado público afirmando que, con esa decisión de no asistir a la sesión de la Junta, los ediles blancos son “consecuentes con su actitud de ocultamiento”, dejando a la vista su manifiesta voluntad de enterrar las irregularidades ocurridas en el Municipio de Colonia Miguelete en una comisión, vistos los reiterados antecedentes de clausurar las investigaciones en otros casos de investigadoras, votando el secreto de las actuaciones para impedir el conocimiento público, incluso de los propios ediles”.

En su afán de defender a una correligionaria y evitar que el hecho trascendiera, los ediles blancos, aprovechando su mayoría en la Junta Departamental, lograron evitar su comparecencia alegando que para convocarla no era suficiente un tercio de los votos (según el criterio aplicado en instancias anteriores), sino la mitad más uno del total de ediles. Con esto, no solo se cambió el criterio aplicado hasta entonces, sino que se ignoró la Constitución de la República, la que establece que “un tercio de los integrantes de la Junta Departamental puede convocar a sala a un intendente”. Por su parte, la Ley de Descentralización puntualiza que los ediles departamentales “con los municipios pueden ejercer los mismos mecanismos de contralor que ejercen con el intendente”.

En el colmo del intento por tapar todo, una investigación administrativa de la Intendencia de Colonia concluyó que la alcaldesa no obtuvo con el hecho ningún beneficio personal. Vale la pena recordar que el intendente de Colonia es Carlos Moreira.

Ante la actitud oficialista, la bancada frenteamplista y el concejal del Partido Colorado Héctor Rodríguez decidieron presentar ante la Fiscalía los hechos irregulares constatados en ese municipio.

  • Christian Morel. Partido Nacional. En setiembre de 2020 una exfuncionaria municipal denunció en la Fiscalía de Río Branco al exalcalde y actual diputado nacionalista Christian Morel. Según la denunciante, el entonces alcalde le exigía militar para su sector político (usando el tiempo laboral pagado con dineros públicos) y repartir alimentos (algunos vencidos) con el nombre del alcalde. Al pedir explicaciones por su despido, se le habría respondido que faltó a su obligación de militar.
  • Alcaldes de Sergio Botana. Partido Nacional. Ante la negativa del intendente de Cerro Largo de responder sobre pagos de sobresueldos, el edil Dardo Pérez (FA) recurrió a la Justicia en 2020 reclamando su derecho de acceso a la información pública. En la denuncia presentada en la Junta Departamental de Cerro Largo, el edil expresó: “El intendente entendía que no debía informar a la Junta, pero la Sra. jueza intimó y me llegó la información solicitada. Encontré cosas muy curiosas, cosas llamativas, que quizás por ese motivo no se querían mostrar”.

Solo gracias a la orden de una jueza se pudo saber que desde la intendencia se pagaban sobresueldos a los alcaldes, algo totalmente ilegal.

Actualmente, Sergio Botana, lejos de ser cuestionado por el “Honorable”, es senador por el Partido Nacional.

  • Mario Bandera. Partido Nacional. Escribano y dirigente de Alianza Nacional, fue electo alcalde de Quebracho (Paysandú) en 2010 y reelecto en 2015. En ese año llegó a ser intendente interino por cinco meses en suplencia de Bertil Bentos. Posteriormente, fue candidato a la Intendencia de Paysandú. En abril de 2022 fue condenado por violencia doméstica agravada y tenencia no autorizada de armas de fuego. Bandera fue condenado a nueve meses de libertad a prueba. La denuncia la realizó su expareja, la directora de Hacienda de la Intendencia, Andrea Bottesch.

La Policía ingresó a la casa del exalcalde debido a una fuerte discusión entre él y la denunciante en presencia del hijo de ambos, de tres años. La mujer denunció que Bandera les había amenazado tanto a ella como al niño con un arma de fuego y que causó varios daños en la vivienda. La Policía incautó varias armas en el lugar.

Debido a esto, el Frente Amplio de Paysandú exigió que Mario Bandera dejara su cargo de asesor en la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), lo que recién se concretó el martes 19 de abril.

Llama la atención la lentitud que ha tenido el Partido Nacional en tomar medidas en estos casos (en varios no tomó ninguna) y la celeridad con que se procedió contra el edil Juan López, quien cometió el terrible crimen de poner las necesidades de la gente por encima de las mezquindades políticas y alzó su mano para aprobar el fideicomiso propuesto por el intendente de Canelones, Yamandú Orsi.

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