Comercialización de Marihuana: El impulso y su freno (bancario)

José Mujica salió a trancar fuerte. El expresidente estaba molesto. Sabía que la decisión de los bancos de cerrar las cuentas de farmacias, clubes de membresía y las empresas vinculadas a la producción de cannabis implicaba un riesgo para una de las leyes que marcó su gestión. Y decidió enviar un mensaje: “Se deberá encontrar un camino para que se respete lo esencial de la democracia. No se puede permitir que no encuentren una solución. Si no pueden encontrarla, que renuncien y vengan otros que sepan”. El inicio de la venta de cannabis psicoactivo en farmacias y las largas filas para comprar el producto en las 16 farmacias adheridas generó expectativas positivas sobre el futuro de la Ley de Regulación de la Marihuana. Era el cierre de un ciclo que se inició con la habilitación del autocultivo (hay unos 7.000 autocultivadores registrados) y de los clubes de membresía (63 clubes registrados). Unas 4.900 personas estaban inscriptas para comprar la sustancia en farmacias, pero con el paso de los días el número comenzó a incrementarse; actualmente, hay 12.460 inscriptos. Según un informe del Instituto de Regulación y Control del Cannabis (Ircca), en esas primeras horas se vendieron 1.812 envases de 5 gramos cada uno. O sea, un poco más de nueve kilos de marihuana comercializados por vía legal. Desde entonces, la venta de marihuana continuó esa tendencia: cada vez que se reponía, se agotaba a las pocas horas. En los primeros veinte días, los ingresos por venta de marihuana superaron los 2,5 millones de pesos, de los cuales 27% fue ganancia de las farmacias. Esos números llevaron a que otras farmacias se interesaran en comercializar la sustancia. Pero entonces llegó la “tranca”. El Banco Santander anunció a la farmacia Pitágoras el inicio del proceso de cierre de sus cuentas bancarias y el resto de los bancos de plaza, entre ellos, el Banco República (BROU), adoptaron la misma medida. Incluso, el semanario Búsqueda informó que el BROU ya había dispuesto el cierre de las cuentas de Cannapur (Sobley SA), una empresa uruguaya dedicada a estandarizar un extracto de cáñamo para su uso medicinal, que recibió 60 mil dólares del Proyecto de Internacionalización de la Especialización Productiva del Ministerio de Industria. El motivo: la negativa de los bancos corresponsales a negociar con bancos asociados a empresas dedicadas a la comercialización de marihuana. El problema es que si bien la venta de marihuana es legal en Uruguay, una ley federal de Estados Unidos la cataloga como una sustancia ilegal y eso replica en el resto del mundo. De esta forma, si los bancos uruguayos tuvieran negocios con estas empresas podrían poner en riesgo parte de su cartera de negocios con el exterior (transferencias de importación y exportación, compra y venta de divisas, etc). La decisión de los bancos generó un nuevo foco de conflicto en el gobierno, que comenzó a buscar alternativas para que las farmacias y las empresas productoras se mantengan dentro del sistema financiero. El presidente Tabaré Vázquez se pronunció sobre el asunto: “Mujica tiene toda la razón del mundo en defender la ley, de la misma manera que la defiende este gobierno. Seguiremos dando todos los pasos necesarios para que se pueda instrumentar correctamente la ley sin que dañe aspectos comerciales o de inversiones del país”. En este contexto, el abogado Leonardo Costa -experto en temas tributarios y financieros- dijo que si este asunto no se soluciona, “no hay ley posible”. “Existe el riesgo de que se haga caer la ley por la vía de los hechos”, dijo. Y alertó que la solución no será sencilla. “La única sería demostrar a los corresponsales que [el dinero] es trazable, que se puede acceder a sus orígenes y que este es legal”, afirmó Costa a Caras y Caretas. El abogado valoró que en los últimos tiempos Estados Unidos flexibilizó sus normas en relación a la marihuana y permitió que varias empresas puedan bancarizarse. Pero estas empresas -por ejemplo, las instaladas en Colorado- operan con bancos nacionales, que no tienen necesidad de sacar dinero fuera de Estados Unidos. “Los bancos corresponsales son más exigentes” en virtud de la obligación de cumplimiento de las normas contra el lavado de activos. Por este motivo, el BROU y las otras entidades financieras no tienen otra opción que disponer el cierre de las cuentas. Esto se explica porque sus corresponsales están dando menos flexibilidad para tener un menor riesgo, y mantener estas cuentas “genera más problemas que beneficios”. Por este motivo, las autoridades deberían negociar una “flexibilización de los bancos corresponsales”. “El Banco Central (BCU) debe buscar una alternativa”, dijo.   Inaceptables El extitular de la Junta Nacional de Drogas (JND) Milton Romani dijo tener distintas sensaciones en relación al problema generado con los bancos. “Estoy preocupado, optimista y un poco calentito”, afirmó Romani a Caras y Caretas. El exjerarca afirmó que estas medidas de los bancos internacionales “son inaceptables en términos de democracia y soberanía” y cuestionó la actitud del Banco Santander, entidad acusada en varios países de lavado de activos. Sin embargo, Romani también criticó la actitud “del ‘banco país’”. Romani señaló que en 2014 Uruguay tuvo una situación similar con los cuestionamientos de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes ( JIFE), en particular de su presidente, Raymond Yans, a la nueva política de drogas y las acusaciones de que el país se transformaba en un “Estado pirata”. En esa oportunidad, “lo que se hizo fue negociar” con diversos viajes al exterior de altos representantes del gobierno y la fuerte prédica del expresidente Mujica. La fórmula que se obtuvo fue la flexibilidad, la postura de la JIFE de observar el avance de este modelo y la salida de Yans. Todo esto se asocia con un contexto internacional más favorable con relación al comercio de marihuana, dijo Romani. Por ejemplo, la decisión del gobierno federal de Estados Unidos de no sancionar a los estados que promueven la legalización del consumo y la venta (algo asociado a que por este negocio se recaudó unos 5.500 millones de dólares) y la decisión de Canadá -país con una potente industria de medicina cannábica- de legalizar la marihuana recreativa desde mediados de 2018. A esto se suma el proyecto presentado en abril por el congresista Ed Perlmutter (representante de Colorado) ante el Congreso de Estados Unidos. El Safe banking act implicaría excluir a la marihuana de la lista de sustancias prohibidas y permitiría a los bancos trabajar con empresas vinculadas al comercio de marihuana sin los riesgos de sanciones por parte del gobierno federal de Estados Unidos. “Mientras tanto, mientras se espera por las soluciones de fondo, negociemos. Hay formas de enfrentar las acechanzas que existen […] porque todavía hay mentes rígidas, conservadoras y dogmáticas que no entienden”, señaló Romani. “El BROU tiene que encontrar mecanismos para proteger a quienes están en un marco de legalidad”, enfatizó. Sin embargo, “no he visto una decisión rápida y contundente” por parte de las autoridades del sistema financiero, cuestionó. “A las acechanzas hay que enfrentarlas con un poco de calor político, hay que sudar un poco la camiseta. Hay un espacio para la negociación posible, mientras se buscan las soluciones de fondo. Ya tendría que haber una misión de alto nivel viajando a Washington para negociar”, expresó Romani. Asimismo el exjerarca cuestionó a quienes desde cargos de gobierno afirman que en su momento alertaron que esta situación podría ocurrir. “Si alguno, quien sea, recibió una alerta, debió trabajar para solucionarla cuando se discutía la ley”, afirmó. Y destacó que en su momento existieron varias alertas -la decisión de los químico farmacéuticos de no vender marihuana, los supuestos asaltos contra las farmacias, que los usuarios no se iban a inscribir en los registros- y que todas fueron atendidas para evitar que sean un inconveniente. “Ahora, cuando el modelo funciona, no se puede decir que se tenía esta alerta y no se hizo nada. Esto es un equipo, y en un equipo hay que sudar un poco la camiseta”, afirmó.   A contrarreloj La decisión de los bancos puso en alerta al Poder Ejecutivo, que busca alternativas para permitir la continuidad de la operativa de las farmacias dentro del sistema financiero. En este contexto, una delegación del Centro de Farmacias del Uruguay se reunió el miércoles 16 con el prosecretario de la Presidencia de la República, Juan Andrés Roballo, y los representantes del Ircca en busca de una solución. Allí se les manifestó que el gobierno buscaba alternativas y se les informó que en los próximos días se les presentarían las opciones. Sin embargo, esta reunión todavía no se concretó, explicó el asesor legal del Centro de Farmacias, Pablo Durán, a Caras y Caretas. El abogado dijo que los asociados aguardan con paciencia la propuesta del gobierno, pero con cierto apuro, porque el plazo para el cierre de las cuentas bancarias está corriendo. El problema llegó al Parlamento. El Movimiento de Participación Popular (MPP) decidió convocar a las autoridades del BCU, el BROU y el Ircca para conocer qué medidas se están impulsando para garantizar la venta de cannabis en las farmacias. Horas después, Vázquez se comunicó por teléfono con Mujica,. Durante la conversación, el presidente le aseguró que el gobierno busca una solución y le señaló que el subsecretario del Ministerio de Economía, Pablo Ferreri, está trabajando en el tema, según informó el diario La República. En este sentido, personas vinculadas con el negocio de la marihuana dijeron a este medio que la traba impuesta por los bancos es “una decisión política” y que por eso sólo se puede resolver por “una decisión política”. “El hecho de quedar aislado es relativo. Hay miles de empresas en el mundo que producen cannabis y todas tienen los fondos bancarizados. Por ejemplo, Bedrocan -una empresa internacional dedicada a la producción de cannabis medicinal- y otras como ella tienen su operativa en varios países. ¿Van a decir que esas empresas gigantes no están bancarizadas? ¿Los médicos que recetan cannabis medicinal en Estados Unidos no bancarizan sus fondos, no hacen transferencias al exterior?”. Y siguió: “El Ircca es una institución que trabaja en la regulación de todo el mercado del cannabis en Uruguay, para eso se creó. ¿El Ircca no tiene cuenta bancaria? ¿Se la cerraron? ¿Los bancos le van a cerrar las cuentas al Estado por tener un instituto como el Ircca que avala y hasta entrega recursos para producir cannabis?”. Y puntualizó que una solución posible es que las empresas o los bancos no escriban la palabra cannabis en sus sistemas operativos, de forma de evitar sanciones.