Ante esa situación, se plantea la creación de un grupo ejecutivo ad hoc, liderado por el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) y conformado por instituciones clave como ASSE, MIDES, CODICEN, OPP y el Ministerio de Economía. “Reformas de mayor calado en el mediano o largo plazo requieren también que la realidad presente sea atendida de manera pronta, estratégica y efectiva”, indica el texto.
Entre las medidas de corto plazo se propone: reforzar el régimen de alimentación y atención médica, ampliar el acceso a salidas transitorias, mejorar los espacios de visitas, fortalecer el trabajo técnico y establecer “regímenes de patio que permitan a todos los internos tener al menos una hora diaria de actividad al aire libre”.
Reforma legal: redención de penas, medidas alternativas y racionalidad penal
En el plano normativo, el Comisionado recomienda reformas penales y procesales, como el regreso de la redención de pena por estudio o trabajo, y una revisión de la aplicación de medidas alternativas: “La alta prisionización nacional no se origina solamente en la dimensión legal… también existen nuevos fenómenos sociales presentes: la ruptura familiar, la soledad de las personas, las malas condiciones de crianza, el consumo problemático de sustancias”.
Además, el informe apunta a fortalecer el rol del INR como organismo técnico autónomo y propone la creación de centros de inserción social —espacios de “medio camino” entre la prisión y la libertad plena—, un módulo especializado en salud mental y una Fiscalía Penitenciaria que investigue los delitos cometidos dentro de los establecimientos carcelarios.
"Una Fiscalia Penitenciaria permitiria contar con un agente especializado para perseguir los delitos que tambien dentro de la carcel lesionan los derechos humanos y afectan los procesos de rehabilitacion", dice el texto.
El documento también reclama un enfoque diferenciado para las mujeres privadas de libertad: “Durante décadas, en todo el mundo, las políticas penitenciarias para mujeres han sido una mala copia del esquema de prisión masculino”, sostiene. Por eso, se propone una política específica con perspectiva de género y medidas alternativas fortalecidas.
El informe concluye con un llamado enfático: “La transformación del sistema de sanción penal tiene un lugar ineludible en cualquier agenda de desarrollo social del país” y subraya que el momento político actual es una oportunidad para acordar una hoja de ruta común. “Un Pacto de Estado, con líneas básicas para la acción en los próximos años, puede ser la vía para facilitar recursos, activar instituciones, generar fondos concursables y facilitar cooperación internacional”.
Documento completo:
Informe_Especial_PactoEstado.pdf
