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Columna destacada | LUC |

¿Cómo que no pasó nada?

Por Enrique Ortega Salinas.

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Caras y Caretas Diario

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Los defensores del No insisten en que la LUC no ha producido los males pronosticados por quienes intentan derogar parte de ella. Julio María Sanguinetti, uno de los principales defensores de violadores de derechos humanos que ha dado nuestra historia nacional, expresó recientemente: “Todas las catástrofes anunciadas sobre la LUC no se han producido”.

“¿Dónde está el abuso policial? No está, me da bronca”, comentó Luis Alberto Heber.

Por su parte, el senador Gustavo Penadés negó (en el debate con Mario Bergara) que los vecinos anduvieran a balazos por los barrios y que hubiera muerto alguien al amparo de la legítima defensa.

Son increíbles. No es que no sepan todo lo que ha ocurrido; la verdad es que no les importa.

No les importa que se hubieran realizado 24 desalojos exprés, porque ninguno de los tres tiene problemas de vivienda.

No les importa lo ocurrido en noviembre, en barrio Peñarol, cuando un hombre de 72 años asesinó a su vecino al confundirlo con un ladrón. El vecino, de 28 años, se encontraba arreglando unos cables en el límite de los techos de sus respectivas viviendas.

No les importa lo sucedido en Pinares, Maldonado, donde varios energúmenos golpearon, persiguieron, atropellaron, intentaron secuestrar y amenazaron de muerte a un joven porque tenía lo que Gandini y Zubía catalogan como “apariencia delictiva”, cuando, en realidad, era el hijo de un profesor que había arrendado una casa en la misma calle de los gorilas.

Les importa sí que la legislación uruguaya continúe priorizando la defensa del patrimonio por encima de la integridad física y moral.

No les importa la multiplicación de los abusos policiales a lo largo y ancho del país; y como no les importa, no investigan.

No les importa que, en febrero, dos chicas fueran violadas por tres policías en un patrullero en Paso Molino.

El Frente Amplio dio a conocer el 14 de marzo, en conferencia de prensa, 50 denuncias de abuso policial como respuesta al ministro del Interior. Heber había dicho unos días atrás: “Si nos traen números en donde nos pueden advertir de que la situación es que no estábamos controlando a la Policía, bueno, tráigannos las denuncias, tráigannos los hechos y tráigannos los datos para que nosotros podamos accionar”.

Los expedientes presentados públicamente corresponden a personas que cayeron detenidas, sobre todo mujeres jóvenes. Ahora, si consideramos el informe del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), que funciona dentro de la Institución Nacional de Derechos Humanos, los casos no serían 50, sino 92.

Previamente, a fines de noviembre, la Asociación de Defensores de Oficio denunció ante la Suprema Corte de Justicia y el Parlamento 85 casos de abuso policial: allanamientos sin orden judicial disfrazados de inspecciones oculares voluntarias y “con violencia inusitada”, maltratos y agresiones durante las detenciones, ausencia de exámenes médicos para constatar lesiones en los detenidos, etc.

Luego están todos aquellos casos de los que la población ha tenido conocimiento (gracias a filmaciones de celulares que los policías no lograron incautar); pero que no terminaron en un expediente.

Si Luis Alberto Heber no se ha enterado, es porque no quiere. Quizá estuvo muy ocupado acomodando a su yerno en el Mides como Director Nacional de Gestión Territorial.

Ninguno de los tres se enteró del caso de la chica que, estando con prisión preventiva en Las Rosas (Maldonado), manifestó que se sentía mal y aseguró que estaba embarazada. No le creyeron, perdió al bebé e intentó suicidarse.

También fue a parar a Las Rosas el inimputable Marcelo Ayala (tenía la inteligencia de un niño), quien fuera la primera víctima de la LUC, tras incurrir en desacato durante una crisis nerviosa y caer luego en la trampa extorsiva del juicio abreviado. De Las Rosas lo pasaron a Montevideo sin avisar a la familia y allí murió, en circunstancias jamás esclarecidas, engrosando una lista muy conveniente para este gobierno: la de las muertes dudosas. A casi un año de su muerte, continuamos esperando el resultado de la autopsia; resultado que, por motivos que desconocemos, alguien, en algún lugar, no quiere que se conozca.

Tampoco se enteraron de lo sucedido el 16 de setiembre de 2021, en Montevideo, cuando unos policías detuvieron al cuidacoches de la cuadra en avenida Rivera y Juan Paullier, y una vecina, Daiana, tras ver que le daban patadas estando en el suelo, comenzó a filmar el procedimiento, hasta que uno de los funcionarios se le acercó y le dijo: “Usted está detenida. Hay una ley que dice que no se puede grabar; usted está detenida, se les terminó el recreo a ustedes”. La chica fue llevada ilegalmente a la comisaría.

Tampoco supieron que en marzo de 2021 se viralizó un video de tres policías que mediante golpes e insultos obligaron a un joven a borrar una imagen de su celular que los comprometía, sin saber que también se les estaba filmando desde un apartamento. Tampoco supieron que en junio, en Salto, un policía le arrojó un pesado cascote a una persona que grababa un procedimiento policial, quedando filmado. Tampoco supieron que la Jefatura de Policía de Rocha destinó vehículos y personal para seguir, vigilar y grabar (o sea, intimidar) a las personas que recolectaban firmas prorreferéndum.

Tampoco supieron que, en junio de 2021, unos 60 integrantes del sindicato bancario que manifestaban pacíficamente frente al Banco República (en Montevideo) fueron fichados por la Policía como en tiempos de la dictadura. Se les fotografió, exigió el documento. se les fichó en el Sistema de Gestión Policial (SGP), bajo la tipificación de “manifestante”, junto a personas vinculadas a delitos.

Tampoco supieron del trabajador de la Unott herido en una pierna con perdigones disparados innecesariamente por un miembro de la Guardia Republicana en Tres Cruces.

Tampoco supieron que tres policías de Artigas fueron formalizados por abuso de funciones. Uno de ellos había disparado su arma contra un vehículo que evadió un control de tránsito, produciendo lesiones graves a una persona.

Tampoco supieron que, en diciembre, dos policías de la Seccional 24ª fueron imputados por el asesinato de Guillermo Marenales realizado en la madrugada del 7 de julio de 2020. A uno se le impuso el delito de homicidio con dolo eventual y al otro abuso de funciones en casos no previstos por la ley. Las cámaras de la zona mostraron al joven abriendo los brazos y las manos, para demostrar que estaba desarmado, antes de ser ejecutado.

Tampoco supieron que, en diciembre, una familia de La Boyada denunció a dos policías por disparar perdigones a una mujer y sus dos hijos. Los policías declararon que usaron las armas porque los integrantes de la familia entraron en “desacato a la orden policial de identificarse”.

Y aún nos duele en lo más profundo el Compa, el perro de Pablo, un cuidacoches de Montevideo que vive en situación de calle que fue detenido y esposado por policías y le obligaron a mirar cómo le mataban a su compañero. “La bala era para vos; mirá cómo sufre”, le dijeron. Posteriormente, Pablo fue liberado; ya que no estaba acusado de ningún delito. La noticia de este acto de crueldad recorrió el mundo; pero ni Heber, ni Sanguinetti ni Penadés se enteraron.

No saben nada sobre los excesos cometidos durante un allanamiento en el asentamiento San Miguel, ni del allanamiento a una casa equivocada, destrozando la puerta y aterrorizando a una familia de Soriano. No saben nada sobre la detención violenta de una mujer que había hurtado un chocolate en Montevideo y el abuso de funcionarios del PADO contra dos chicos que regresaban a su casa en Salto, logrando huir el de 17 para llamar al 911 para que rescataran a su hermano de 15.

No saben nada de lo ocurrido en Malvín Norte, cuando varios policías realizaron disparos al azar sobre algunas viviendas del asentamiento Aquiles Lanza, lo que alarmó e indignó a los vecinos, que salieron a protestar. Uno de los policías abrió fuego y tres mujeres de 56, 28 y 20 años resultaron heridas con perdigones y derivadas al hospital Pasteur. La más joven recibió impactos a corta distancia en abdomen, tórax y cara.

No saben nada de los abusos policiales contra mujeres clasificadoras de residuos en el vertedero de Felipe Cardozo, lo cual incluyó empujar a una echándole el caballo encima y proponer sexo a otras a cambio de permitirles realizar su trabajo.

Tampoco les importa que con Lacalle Pou hoy tengamos un récord histórico de homicidios, suicidios y “muertes dudosas” en las cárceles. Las últimas pasaron, a nivel nacional, de 80 a 150 con este gobierno. Muy conveniente, ya que eso hace bajar la cifra de homicidios.

El 13 de marzo murió en Rivera un hombre que el día anterior fue agredido por otro, en su vivienda, con una piedra. Acudieron la Policía Científica y el médico forense y el caso fue caratulado como “muerte dudosa”. Están desesperados por frenar las cifras de homicidios.

No saben nada del caso grabado el 3 de marzo, cuando un par de policías multaron a dos jóvenes que venían en moto, el conductor se negó a firmar por estar en desacuerdo con la multa y uno de los policías lo golpeó violentamente, tirándolo al piso y esposándolo, mientras que el otro policía esposó también al acompañante del conductor, que estaba grabando con un celular el procedimiento.

Si no fuera por el video (censurado por YouTube) se hubiera impuesto la versión de los policías gracias a la LUC, que estableció el principio de presunción de legitimidad de la actuación policial.

Y podríamos seguir; pero más que una nota, necesitaríamos escribir un libro con estas crónicas nefastas que nos han dejado Larrañaga, Heber, Lacalle y la LUC.

Con los gobiernos frenteamplistas también hubo casos de abusos; pero con la gran diferencia de que el gobierno les arrancaba la cabeza. Lo único que ha hecho Lacalle por la Policía es bajar sus salarios.

Si el 27 de marzo no logramos ponerle un freno a esta cultura del odio, los abusos aumentarán y luego será tarde para lamentarse.

Prácticamente todos los abusos mencionados, más los que por falta de espacio omitimos, han tenido como víctimas a personas de clase baja y media baja, detalle que pinta de cuerpo entero a la oligarquía reinante.

La LUC está hecha contra los débiles y a favor de los poderosos.

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