«Las organizaciones de la sociedad civil y la academia agrupadas en la Coalición por una Comunicación Democrática vemos con preocupación esta iniciativa. En primer lugar, porque propone derogar la Ley 19307, aprobada en 2014 tras un largo debate técnico, social y parlamentario, en el que participamos activamente», así comienza un comunicado emitido este miércoles por Coalición por una Comunicación Democrática, integrada por la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU), Atabaque, Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo), Cotidiano Mujer, Facultad de Información y Comunicación (Universidad de la República), Mujer y Salud en Uruguay (MYSU), Ovejas Negras, Sociedad Uruguaya de Actores y la Agencia VozyVos.
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De acuerdo al comunicado emitido, las organizaciones que lo firman señalan la vigencia de la Ley de medios del año 2014 (ley 19307), normativa que el proyecto de ley enviado por el actual gobierno pretende derogar: En sus cinco años de vigencia, esta ley -que es coherente con los estándares de los organismos internacionales de referencia- no generó ninguna mordaza contra el periodismo ni afectó la libertad de expresión. Tampoco se trata de una ley inconstitucional, como se ha insistido en decir».
Con relación, al nuevo proyecto de ley del poder Ejecutivo, presentado al Parlamento el pasado 24 de abril afirman que «se orienta hacia un retroceso en derechos consagrados en la ley 19.307 «, retrocesos que son ejemplificados en la forma siguiente: se elimina el artículo que establece el derecho a la no discriminación y muchas de las disposiciones que protegen a la infancia y adolescencia. También se quita el artículo que establece la objeción de conciencia de los y las periodistas, que habilita a negarse a acompañar con su imagen, voz o nombre contenidos de su autoría que hayan sido sustancialmente modificados sin su consentimiento. Además, se elimina el papel de defensoría del público asignado a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo».
Del mismo modo se señala que «la nueva propuesta puede favorecer la concentración de medios de comunicación al elevar de tres a ocho servicios de radio o televisión el límite que una persona física o jurídica puede acumular. Esta disposición, de aprobarse, tiende a beneficiar a los empresas y grupos económicos mayores del sector y afectará a los
medios locales pequeños, pudiendo disminuir el pluralismo y la diversidad del sistema mediático del país».
Junto a ello y en caso de ser aprobado el nuevo texto, se producirían afectaciones en «los procedimiento orientados a la transparencia y la participación ciudadana (…) afectará a la producción audiovisual nacional ya que se elimina el
Fondo de Promoción a ese sector financiado por el pago de licencias y uso de espectro radioeléctrico».
Los firmantes denuncian el retroceso que significaría la eliminación de la Comisión Honoraria Asesora del Sistema Público de Radio y Televisión Nacional, las audiencias públicas y el trabajo de la Comisión Honoraria Asesora de Servicios de Comunicación Audiovisual (Chasca), que es el mecanismo que permite la participación de la sociedad civil y que establece la obligación de consultarla sobre los pliegos y procedimientos para el otorgamiento de autorizaciones y licencias.
Para la Coalición por una Comunicación Democrática «estamos ante un proyecto regresivo» razón por la cual «solicitarán al Poder Legislativo ser recibidas para exponer estas preocupaciones y advertir sobre la profundidad e impacto de los cambios planteados».
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