La nota de la radio ni siquiera fue una denuncia; se parece más a una insidia. Tal vez, a las propias autoras les pareció que no daba para más. Sólo un poquito de mala leche alcanzaría para tender un manto de duda y embarrar a la polémica ministra de Cultura. Solamente una pequeña historia alcanzaba, solamente que el episodio ocurriera en su ministerio.
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Las autoras, las periodistas Patricia Madrid y Viviana Ruggiero, menospreciaron incluso el hecho de que lo mismo ocurriera en otros ministerios.
Pero la insidia empezó a rodar, primero pausadamente y luego como chancho en cuesta abajo, en la mañana de radio Carve.
La misma descubría que el Ministerio de Cultura pagaba 23.519.000 de pesos para que 103 niños de 0 a 5 años concurrieran a una guardería infantil cerca del trabajo de sus padres durante seis horas al día en los años 2017 y 2018.
La noticia, que en otras circunstancias daría para felicitar al ministerio en cuestión, pasó a disfrazase de investigación periodística con el presunto propósito de develar algo oscuro e insinuar la existencia de un privilegio, una oculta corrupción o, al menos, un uso desaprensivo de los dineros públicos con “propósitos electorales”.
Algunos voceros de la oposición hicieron suyo el informe y agregaron insumos más o menos ligeros para alimentar la confusión.
Declararon que la ministra María Julia Muñoz debía ser llamada a sala para responder que no podía suceder que se pagara la educación privada a un grupo de privilegiados con el dinero de nuestro bolsillo, que la licitación siempre la ganaban los mismos colegios.
Otros más lúcidos incorporaron ideología a la “investigación” de estas periodistas “desequilibrantes”.
Mi amigo Álvaro Ahunchain, que prestigia con sus opiniones siempre muy militantes, la devaluada página editorial de El País, agrega preocupado que este dislate “ocurre en momentos en que los centros educativos privados pierden matrícula por la caída de las inscripciones (debido a que las familias de la clase media deben optar entre pagar educación de calidad para sus hijos o impuestos y tarifas públicas)”.
No satisfecho con estas pocas, Ahunchain, reprocha al Estado no cumplir con su rol de principal inversor de la educación pública, para, sin embargo, “mimar a un puñado de sus propios burócratas”.
Pero en campo fértil cualquier semilla florece. En las redes estos yuyos se convierten en praderas.
Algunos compañeros “desencantados” vieron la oportunidad de alimentar sus prejuicios o encontraron elementos para confirmar sus lecturas.
“Esto es inaudito”, decía uno de los más lúcidos; “Estas son políticas públicas inspiradas por el Banco Mundial”; “Vieron que el gobierno financia a la educación privada”; “Los vouchers que tanto criticábamos ahora los implantamos subrepticiamente”; “A Marita se le acabó su tiempo”.
“Investigue, Grille, investigue”, decían otros, confiando en que merodeando entre los archivos del MEC, yo iba a encontrar no sólo la verdad de semejante traición, sino las verdaderas intenciones que oculta María Julia detrás de este gasto difícilmente justificable.
En realidad no había nada que investigar, había que preguntar y saber abrir los ojos frente a estas operaciones de prensa, verdaderamente mezquinas, de las cuales vamos a tener cientos en los próximos diez u once meses que nos separan de las elecciones.
Conste que no soy neutral. Que conozco a Marita desde hace 50 años; la conocí cuando ella recién entraba a la Facultad de Medicina (obviamente María Julia es mucho menor que yo), cuando manifestábamos en el Cerro con los obreros del Frigorífico Nacional mientras nos sobrevolaban los perdigonazos.
Por eso no voy a dudar de su solidez intelectual, de su tenacidad, de su adhesión al proyecto progresista, de su firmeza en defensa del laicismo, de la democracia y la educación pública, de su rechazo a los privilegios, de su ecuanimidad y su honestidad en disponer de los recursos públicos “como un buen padre de familia”, como refiere -curiosamente- el artículo 1.104 del Código Civil.
Cuando comenzamos a preguntar, lo primero fue enterarnos de que el sistema público, incluyendo el Sistema Nacional de Cuidados aún no ofrece soluciones universales para niños de tan corta edad y que en muchas instituciones del Estado y en otras muchas instituciones privadas hay guarderías infantiles para cuidar a los niños de sus trabajadores.
Estas son muchas veces motivo de orgullo para las empresas y expresión de buen relacionamiento entre el personal y las instituciones.
También saber que hay convenios, que incorporan este beneficio como una conquista laboral y, una vez incorporado, como un derecho adquirido.
Además hay que conocer que este derecho, una vez obtenido, es de todos los trabajadores presupuestados, “burócratas o no”, y lo usufructúan también los hijos del personal, de servicio, los obreros, los choferes y los porteros. Naturalmente también blancos, colorados, del Partido de la Gente, judeo-cristianos o musulmanes y, por supuesto, también neopentecostales e hijos y protegidos de Dios. Faltaba más.
Ahora bien, ¿desde cuando rige este convenio que tanto preocupa a Ahunchain y a algunos compañeros? Aunque el lector no lo crea, desde 1988, pleno gobierno de Julio María Sanguinetti, cuando la prestigiosísima doctora Adela Reta -tan admirada por Ahunchain- era ministra de Cultura.
Así funcionó una guardería del MEC, durante 17 años, en un local de la calle Reconquista, atendida por funcionarios del propio ministerio, hasta que, en 2005, con dos maestras muy mal pagadas y personal carente de idoneidad y en un edificio cuyo deterioro hacía temer por la seguridad de los niños que allí concurrían, un maestro muy bien reputado, fanático de la educación pública y en ese entonces director general del ministerio, Luis Garibaldi, dispuso cerrar esa “escuelita” que, al decir del propio Garibaldi, “si nos inspeccionábamos nosotros mismos, teníamos que cerrar de manera urgente”.
Como en 2005 no había soluciones universales para niños de hasta tres años, en consulta con el sindicato del MEC, se buscaron alternativas con las guarderías de la Contaduría General de la Nación (CGN) y del Ministerio de Transporte y, durante un tiempo, se acordó una determinada cantidad de cupos con la primera.
En 2007, cuando la guardería de la Contaduría no tenía más cupos, se incorporan algunos cupos en la guardería de AEBU, que quedaba a pocas cuadras del MEC.
En 2010 se llamó a licitación y resultaron ganadoras las guarderías de CGN y AEBU, quienes mantuvieron el servicio hasta 2011.
En 2012 y 2013 la licitación la ganaron AEBU y Tobles (Colegio Ciudad Vieja), licitaciones que se volvieron a repetir en los años siguientes, resultando ganadoras las mismas guarderías. El monto de lo gastado ha sido desde 2010, en promedio, 6.500.000 pesos por año y, si no me informaron mal, entre los años 2017 y 2018 se gastaron 17.028.558 pesos, 6.491.442 menos que los que tan precisamente informaron Patricia Madrid y asociados.
En fin. No creo haber aclarado mucho porque estamos en un tiempo que los prejuicios pueden mucho más que la razón. El que quiera creer que crea y el que no, que no.
Simplemente, escribo para recordar que hay otra campana y que vale la pena, al menos, escucharla. Y que nadie se coma la pastilla… porque muchas veces es de cianuro.