En la jornada del pasado lunes 21 de setiembre y mediante comunicación electrónica con el ministro de Defensa Javier Garcia, la organización Crysol solicitó se instruyera un Tribunal de Honor para sancionar administrativamente y en correspondencia con “las normas vigentes a quiénes recibieron sentencia ratificatoria por parte de la Suprema Corte de Justicia por la desaparición de María Claudia García de Gelman”.
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En el comunicado dado a conocer por la organización se señala que se solicitó también “se tomen los recaudos pertinentes para que los Tribunales de Honor que se instruyan no sean desvirtuados en cuanto a su carácter”.
El pedido realizado al ministro de Defensa incluye una solicitud formal para que se “adopte la decisión de suspender el pago de los haberes jubilatorios y pensiones, hasta que comparezcan ante la justicia, a todos los militares prófugos de la misma acusados de graves violaciones a los DDHH durante el terrorismo de Estado”.
Este pedido toma como referencia explícita al coronel (R) Pedro Matos Narbondo y el capitán (R) Hermes Tarigo, así como al coronel (R) Eduardo Ferro.
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