Cuando la cuarentena es en la calle

La llegada de un nuevo virus a Uruguay, el Covid˗19, nos enfrente a una vieja realidad: la desigualdad social. Quienes viven en la calle, muchas veces, padecen diversas patologías, problemas de nutrición y  no pueden atenerse a las recomendaciones de aislamiento, higiene, ni comprar alcohol en gel. Todos esos factores los transforman en el sector más vulnerable al contagio de esta enfermedad, pero hasta el momento no se los está asistiendo como «grupo de riesgo».

La emergencia sanitaria que se está viviendo a nivel global llegó a Uruguay con un gobierno de estreno que todavía no implementó ningún plan de acción para uno de los sectores más vulnerables  de la población.

De acuerdo al último censo, realizado en 2019, en Uruguay hay aproximadamente 2.000 personas en situación de calle, de las cuales cerca de 1.000 usan el servicio de refugios, mientras que el resto viven a la intemperie. En ambos casos, la situación es preocupante. Quienes están a la intemperie no pueden acatar las medidas de aislamiento ni de higiene recomendadas. Quienes recurren a los refugios, sobre todo a los servicios que son nocturnos, no pueden evitar las aglomeraciones por la noche y tampoco tienen donde permanecer durante el día. Además, el hecho de no tener un lugar donde aislarse implica que se mantengan en permanente circulación, transformándose también en un potencial vector de contagio.

No hay plan

Ante la falta de información sobre las medidas y protocolos para esta población, Caras y Caretas se comunicó con el asesor del Ministerio de Desarrollo Social, Santiago Carames, a quien se le consultó sobre los planes de acción previstos para abordar la problemática de las personas en situación de calle. De acuerdo a su respuesta, todavía no hay un plan concreto, pero aseguró que «los equipos están trabajando en el tema y afinando detalles». El funcionario destacó que se trata de un proceso de trabajo conjunto con otras instituciones y organizaciones sociales.

La realidad es que, al momento, el único protocolo que emitió el Mides tiene que ver con el accionar laboral de los funcionarios de la institución.

Esta situación está generando preocupación en varios referentes políticos vinculados al Frente Amplio, militantes de derechos humanos, y personas de la sociedad en general, que mediante sus redes sociales manifestaron su preocupación ante el vacío de propuestas para esta población. «¿En la gente que vive en la calle nadie piensa?». En esa línea iba la mayoría de los comentarios.

De urgente consideración

La diputada suplente, Micaela Melgar, quien además fue directora de la división de Coordinación de Programas para Personas en Situación de Calle del Mides durante el período anterior, considera que es «muy grave» que a esta altura no tengan un protocolo definido. «Esa actitud prescindente que parecen tener en realidad responsabiliza a quien tiene delante el problema», aseguró haciendo referencia a los trabajadores de los programas de calle.

Para la legisladora,  los nuevos jerarcas «no saben qué hacer porque no tienen experiencia en gestión de políticas públicas». A su entender, ya tendrían que haber tenido una reunión con autoridades de la salud para planificar específicamente un protocolo para los centros de atención y otro para las personas que están a la intemperie.

Con respecto a la gestión de refugios, Melgar explicó que se trata de un tema complejo que debe tener en cuenta los centros 24 horas (mujeres con niños y mayores de 55 años) y también los nocturnos. «En todos el riesgo es grande porque conviven más de 30 personas en espacios reducidos».

Melgar opinó que una de las medidas que se debería tomar en esta situación es mantener los refugios abiertos durante las 24 horas y protocolizar el ingreso. «Se deberían poner diferentes horarios de ingreso y que entren en pequeños grupos de no más de 5 personas. A la vez pasar por un procedimiento de higienización, tomar la fiebre y si está en condiciones, se ingresa», detalló. Para ello, reconoció que es necesario realizar varias gestiones de alimentación, de personal, pero se trata de acciones que se pueden prever.

Por su parte, el exdirector de Evaluación y Monitoreo del Mides, Juan Pablo Labat, explicó que, si bien el modelo actual de refugios ha ido evolucionando, tiene un conjunto de limitaciones estructurales para atender a esta población. En tal sentido, mencionó que una de ellas es la voluntad de las personas en asistir a refugios y las otras se relacionan con las características que presenta el servicio. «El servicio de refugios, en la mayoría de los programas que trabajan con personas en situación de calle, ofrece alojamiento e ingestas, pero el alojamiento es mayoritariamente es sólo por la noche. Otro de los problemas que se plantea es que el nivel de hacinamiento durante la noche es importante. Es común tener 6 u 8 personas por habitación, lo cual representa un riesgo para el tipo de virus con el que estamos lidiando».

Labat también subrayó que se trata de una población de alto riesgo debido a su condición sanitaria ya que muchos tienen patologías crónicas. Además, señaló que el 70% de los usuarios de refugios trabajan como cuidacoches, que es una tarea de alto contacto con la población, lo cual además representa otro tipo de problemas. «Ante el riesgo de contagio, las personas van a intentar tener el mínimo contacto por lo cual se van a ver reducidas sus oportunidades de trabajo y, como consecuencia, sus ingresos».

Labat entiende que es necesario implementar una especie de bono de supervivencia para las personas inscriptas en los programas de calle y otras situaciones extremas. De esta forma, no tendrían la necesidad de obtener lo que habitualmente adquieren en sus tareas y minimizarían el riesgo de contagio.

Por otro lado, y en el entendido que se trata de un colectivo con personas con posible indicación de cuarentena, Labat considera la posibilidad de que algunos refugios funcionen como hogares transitorios de 24 horas donde personal especializado pueda asistir a las personas que estén en proceso y que otros refugios sirvan para personas que estén transitando la enfermedad como lo haría cualquier otro ciudadano en su propia casa. Además, es necesario proporcionar los elementos adecuados para la higienización que se recomienda ante este virus y una forma particular de trabajo de concientización, dadas las condiciones de vida.

Otra alternativa que recomienda Labat es bajar el nivel de personas por refugio mediante la apertura de nuevas instalaciones con infraestructura pública o privada para evitar que los refugios y hogares transitorios se transformen en un foco infeccioso.

«El modelo de refugio debería virar rápidamente hacia otra cosa distinta, con característica de urgencia, porque ese foco que puede expandirse a todas las personas que usan los refugios puede extenderse a toda la sociedad y el riesgo va a superar el período de cuarentena general de estos días».

Según Labat este asunto es extensible a otros sectores sociales. «Hay un sinnúmero de precariedades sociales y laborales a atender en la urgencia y en el mediano plazo. Hay formas de vida y de trabajo incompatibles con esta pandemia».

«Para los que están apurados por los asuntos de urgente consideración sería bueno pensar que, en cierto sentido, esto vino para quedarse y requerirá de algunas iniciativas en tal sentido. Por supuesto que esto implica gastos y, pero la prescindencia del Estado o su falta de potencia se paga caro cuando la vida está en juego».

Otra historia: personas en privación de libertad

Los contextos de encierro, como las cárceles y los hospitales psiquiátricos, también son lugares propicios para el contagio de este tipo de virus, y quienes los habitan, al igual que las personas en situación de calle, forman parte del ranking de los olvidados de siempre.

En el caso de las cárceles, el Instituto Nacional de Rehabilitación elaboró y emitió un protocolo de actuación ante la emergencia nacional instalada por el coronavirus. Se trata de un plan que tendrá un plazo mínimo de 14 días y que será aplicado en los 26 establecimientos carcelarios de todo el país. Las medidas tienen que ver con impedir el ingreso a estos centros de quienes, por ejemplo, tengan temperatura igual o mayor a 37,5, ya sean funcionarios, personas externas o personas privadas de libertad que regresen de una salida transitoria. En estos casos se les proporcionará un tapaboca y se les indicará que deben retornar al domicilio o al servicio médico.

Para las personas privadas de libertad está prevista la entrega de jabón neutro para cada integrante, así como hipoclorito para asear las zonas de circulación. Las unidades dispondrán de zonas de aislamiento para quienes puedan portar el virus y no requieran internación.

En el caso de las visitas, no serán suspendidas, pero pasarán por un proceso de control, higienización y, de ser necesario, tendrán restricciones.

Las medidas también alcanzan al personal penitenciario que deberá higienizarse y lavar su uniforme diariamente con agua caliente y jabón. Aquellos funcionarios que revisen paquetes utilizarán tapabocas, guantes y elementos de higiene.

En conversación con el médico Daniel Turco Márquez, integrante de la organización Nada crece a la sombra, que trabaja en las cárceles con personas privadas de libertad, expresó que la llegada del coronavirus «nos permite ver una vez más lo vulnerable que están, y que estuvieron siempre, las personas que viven en estos contextos de encierro. En este caso las medidas nunca van a ser suficientes, pero se está haciendo todo de acuerdo a lo que permite el contexto».

Márquez contó que de acuerdo a los diagnósticos realizados sobre esta población, se trata de personas que no tienen condiciones de salud estable, lo cual también exige el cumplimiento de los protocolos . «La cárcel se torna un espacio muy dificultoso para estos contextos de enfermedad ya que las personas viven aglomeradas en ambientes cerrados donde no hay ventilación ni luz solar».

El profesional evaluó de forma positiva las medidas que se están implementando y remarcó la importancia de acompañar los protocolos para poder mantener las visitas. «Estamos experimentando un contexto de paranoia global y es importante tener claro lo que implica para la salud mental de estas personas la contención de sus familias o seres queridos mediante el sistema de visitas».

Federico González, conocido por su nombre artístico, Kung Fú OmBijam, un rapero que se encuentra cumpliendo una pena en la cárcel de Punta de Rieles, cuestionó que algunas de las medidas y precauciones que se toman para los funcionarios no se tienen en cuenta para las personas privadas de libertad. Hizo referencia, por ejemplo, al acceso a productos como el alcohol en gel. «Si el funcionario y las visitas tienen que utilizar alcohol en gel, nosotros también. No hay que hacer diferencias porque la enfermedad es igual para todos».

*Nota de redacción: el artículo fue realizado previo a los primeros anuncios que comunicara el gobierno en conferencia de prensa de este viernes a la noche.