Cuidado con la seguridad social

También es importante utilizar conceptos claramente definidos: el déficit fiscal se produce cuando las erogaciones (salidas de recursos) de un Estado superan a los ingresos que percibe el mismo. Es decir, cuando la suma algebraica de los ingresos y de todos los egresos da una cifra positiva, que es el mencionado déficit fiscal.

Por lo tanto, hay un error de partida cuando se identifica o se muestra a una determinada erogación (como pueden ser los aportes al Banco de Previsión Social o podrían ser los sueldos y subsidios que reciben los legisladores o los altos funcionarios del Estado) como la causa principal del déficit fiscal; como siempre se ha afirmado en Caras y Caretas, es malo en sí mismo, porque al acumularse año tras año, debe ser cubierto con endeudamiento público y genera el pago de onerosos intereses.

El déficit fiscal es malo, pero cuidado con señalar explícita o implícitamente, o permitir que por error se indiquen “culpables”, ya que esto posibilita que se hagan lecturas erróneas por parte de la población no debidamente informada.

Ejemplos: cuando se menciona la seguridad social como principal causa del tan temido déficit fiscal, mucha gente puede pensar que los culpables son los jubilados y pensionados, que por el contrario han sido históricamente (y hasta tiempos recientes) víctimas de saqueos y depredaciones; que tienen sus ingresos topeados (hayan aportado lo que hayan aportado), y de los cuales uno de cada cuatro paga el Impuesto a la Asistencia de la Seguridad Social (IASS), impuesto que fue considerado inconstitucional (por considerar que las jubilaciones no son una renta, y que además se trata de un caso de doble imposición), del que oportunamente se salvaron personalidades como Julio María Sanguinetti, Luis Alberto Lacalle y Gonzalo Aguirre Ramírez.

Las simplificaciones pueden ser muy peligrosas.

Lo mismo ocurre cuando se conocen los sueldos y subsidios de parlamentarios y altos funcionarios del Estado (hayan sido o no electos por el soberano, a los que hay que sumar viáticos por viajes al exterior y otras prebendas); se puede pensar que estos aprovechan excesivamente su situación, lo cual puede llegar hasta a ser peligroso para la estabilidad democrática. Esto bien lo sabemos quienes vivimos el trabajado prólogo de la dictadura cívico militar 1973-1985.

Los regímenes de seguridad social constituyen sin duda una de las grandes conquistas de la humanidad, así como su violación (y en Uruguay hubo muchas y no todas son lejanas) es una afrenta a los más vulnerables, o directamente una estafa, cuando se trata de apropiarse de aportes realizados con gran sacrificio por los colectivos involucrados.

En Uruguay hubo en 2018, promedialmente, 704.726 jubilados y pensionistas, de los cuales 20% pagan el Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social (IASS). Del total, 507.669 cobran por debajo de 32.232 pesos mensuales, según afirmó en enero pasado Ramón Ruiz, director en representación de los trabajadores en el directorio del Banco de Previsión Social (BPS).

La Población Económicamente Activa (PEA), ascendía a 1.775.000 personas al cierre de 2018.

Con respecto al tema de la seguridad social y su confusión con causa principal del déficit fiscal, o bien a la clara delimitación de los temas, ha habido ejemplos muy claros recientemente, y es un tema que debe seguir siendo analizado.

Seguridad social: diversos puntos de vista

El doctor Gabriel Oddone, socio de la consultora CPA Ferrere, formuló significativas declaraciones a El País el domingo 9, bajo el título “La agenda para crecer y subas de impuestos ‘ineludibles’”.

Preguntado acerca de cuáles son los desafíos económicos para el próximo período de gobierno, afirma que “lo más importante es recuperar el crecimiento de la economía. En ausencia de un crecimiento de por lo menos 3% anual, el Estado del bienestar que el Frente Amplio pretendió construir no es sostenible y mucho menos será posible enfrentar los grandes desafíos que Uruguay sigue teniendo en materia de integración e inclusión social”.

Caracteriza severamente nuestra situación económica: “[…] el diagnóstico correcto es que, a pesar de no haber caído en recesión, la economía de Uruguay está estancada hace un año”, y señala que, “como consecuencia de lo anterior, el próximo gobierno deberá concentrarse en implementar una agenda procrecimiento”.

Más adelante se refiere a la referida agenda, afirmando: “En mi opinión, Uruguay debe hacer al menos un par de cosas. Primero, llevar adelante un ajuste fiscal de entre 1,5 y 2 puntos del PIB (entre  US$ 900 millones y US$ 1.200 millones) que deberá combinar reducciones de gastos, especialmente en el consolidado del gobierno central-BPS, y un rebalanceo impositivo que incluirá aumentos de tasas”. Señala que el capítulo impositivo “es ineludible” porque el camino basado exclusivamente en la reducción de gastos no permitirá lograr resultados en los tiempos necesarios, además de que enfrentará numerosas dificultades.

El segundo punto se refiere a “iniciativas destinadas a recuperar la sostenibilidad de la trayectoria fiscal” y que “eso incluye al menos dos cosas. Una reforma previsional y adoptar una regla fiscal. Respecto a la reforma previsional, se requeriría una de tipo amplio que procure: i) asegurar sostenibilidad y equidad actuarial del sistema; ii) promover la equidad intra e intergeneracional; iii) aislar el resultado fiscal del riesgo demográfico; iv) avanzar en la integración a los criterios y lineamientos del régimen general de los sistemas existentes para colectivos particulares (militares, policías, universitarios, bancarios y escribanos); y v) separar los objetivos del régimen previsional de aquellos asociados a la política redistributiva. Esto último supone reforzar el esquema de pensiones no contributivas mediante subsidios explícitos financiados con impuestos para completar densidad de cotizaciones y evitar afectación de los colectivos de bajos ingresos. Dado que lo anterior es técnica y políticamente muy complejo, una reforma previsional mínima debería comprender una reforma paramétrica sobre el actual sistema que priorizara cambios en las tasas de reemplazo dado el margen nulo para incrementar aportes y el escaso espacio para aumentar las edades mínimas de retiro”.

En nuestra opinión, sería oportuno que el Dr. Oddone señalara cómo considera que deberían afectarse -si es que se afectan- los ingresos que gracias a sus aportes (y con las gruesas limitaciones como los topes y el IASS, ya señalados), percibe tan importante colectivo.

En un extenso reportaje concedido a Montevideo Portal, el expresidente del Banco Central, exministro de Economía y Finanzas y actual precandidato por el Frente Amplio, Dr. Mario Bergara, preguntado acerca de la necesidad de reducir el déficit fiscal, afirmó: “[…] Y hay que ir a las cosas que mueven la aguja en el gasto público y lo que mueve la aguja claramente es el sistema de seguridad social. Cuando uno suma el déficit de la seguridad social toda, el régimen general, la caja policial, la caja militar, estamos en más de 3.500 millones de dólares, o sea, es una vez y media el déficit fiscal entero. Además, eso viene creciendo a pasos agigantados año tras año, o sea que claramente hay que resolver eso para resolver el tema fiscal. Se puede tomar otro millón de medidas, pero sin resolver la cuestión financiera y actuarial de la seguridad social, no vamos a tener resultados. Claramente en el primer año de gobierno hay que sentar a los partidos políticos alrededor de la mesa mirando esto como política de Estado. Si alguien ve esto como un botín de juego político menor, estaría actuando con una enorme irresponsabilidad. Además, hay que tener mucho diálogo con las organizaciones sociales; el Pit-Cnt y Onajpu ya están planteando la necesidad de un diálogo en materia de seguridad social y lo que hay que entender es que si vivimos cada vez más años, los parámetros del régimen tienen que ir cambiando como ya han cambiado en otras partes del mundo donde tienen problemas similares. No podemos focalizarlo solo en una variable como que ‘vamos a tener que trabajar más’, vamos a tener que trabajar más porque vamos a vivir más. Así ha sido la revolución de los sistemas de seguridad social en la historia. Cuando el ser humano vivía 40, 50 o 60 años, los parámetros eran unos, ahora que vivimos en Uruguay en torno a los 80 años, son otros, y pensando que esto rápidamente se va a ir a 90 y pico de años, obviamente hay que ver esto como una cuestión natural de un proceso. Tenés que ir fortaleciendo el sistema de seguridad social. Un sistema de seguridad social que es una espiral de déficit y de deuda termina explotando, y un sistema de seguridad social que termina mal no es un buen sistema de seguridad social”. Y tras abundar sobre el tema, concluye en que “esta cuestión de la seguridad social, reitero, es imprescindible”.

Sería oportuno que ese brillante profesional y expositor que es el Dr. Bergara explicitara concretamente cuáles son las modificaciones que él propone en tan importante tema, que afecta a tan dilatado colectivo social.

El precandidato presidencial por el Partido Nacional Juan Sartori (a quien ya nadie en el panorama político nacional toma en broma como hace menos de seis meses) fue bien claro en su programa Bases programáticas de gobierno – Plan de todos, en el cual, en el capítulo 3, titulado “Trabajo y Seguridad Social”, afirma en su punto 12: “Eliminaremos el Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social (IASS) en forma progresiva, pero con efecto inmediato para el actual núcleo de contribuyentes, eliminando adicionalmente la posibilidad de ampliación a pasivos hoy no incluidos”.

Esta es la única definición clara y contundente y no dudamos de que pronto la conocerá toda la República y particularmente el colectivo afectado.

También la Confederación de Cámaras Empresariales del Uruguay, con todos los reparos que puedan merecer sus planteos, ha opinado al respecto, proponiendo una “reforma del sistema de seguridad social, para darle sustentabilidad de largo plazo, y contemplar los cambios en el mundo del trabajo. En particular, por ejemplo, adecuar las edades mínimas de retiro y tasas de reemplazo, evaluar la forma en que se computan los servicios y las referencias en los parámetros de aportación y rever los controles para acceder a la jubilación por discapacidad, entre otros. La confederación realizará actividades durante 2019 orientadas a que se alcancen acuerdos entre los principales partidos políticos a efectos de comenzar a implementar la reforma durante el año próximo”. También aquí faltan definiciones precisas que indiquen cuáles serían los cambios propuestos.

Un tema que nadie puede ignorar

Estamos ante un tema de gran importancia en Uruguay, que además ya ha sido sometido a la consideración pública, que tiene grandes repercusiones electorales y que merece toda la atención. Por lo tanto, lo mejor es llamar a la discusión clara y concisa por parte de los principales involucrados.

Nada de lo que se haya dicho o se vaya a decir va a dejar de tener repercusión.