De guillotinas y guillotinados

El Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio se colocó en el ojo del “huracán Sendic” luego de que se notificara que el presidente de la fuerza política ya guarda en su caja fuerte el dictamen que deberá ser sometido a un plenario, convocado tras una rueda de consultas con los principales referentes políticos de los sectores del FA. Ahora se abre un nuevo capítulo en un caso que convulsiona a la izquierda y mantiene en vilo al gobierno. En su dilucidación se juegan algo más que los equilibrios internos de la coalición. Los qué y los porqués. Sus sesiones transcurren en secreto. No es que entre ellos existan grandes misterios, pero sí un compromiso de guardar sigilo, pasar inadvertidos. Sus seis integrantes –Nicolás Grab, presidente, Jorge Brovetto, Jaime Igorra, María Elena Martínez, Ennio Martínez y Juan Carlos Ferreira– se reúnen todas las semanas; no es que haya un calendario periódico de encuentros, pero los avatares de la principal fuerza política del país los convocan. Ayer, por ejemplo, consideraron el caso de los ediles frenteamplistas de Salto que desacataron el mandato de la bancada. Su misión es la de juzgar conductas, dilucidar en qué medida una actuación se aparta (o no) de los estatutos del Frente Amplio, esos que le dan vigor y sustancia a la vida orgánica. El nombre no ayuda mucho a la comprensión de sus cometidos. Se llama “Tribunal” pero no juzga; sugiere. Más útil a la hora de entender cuál es su función es el apellido: “de Conducta Política”. “El tribunal no juzga a la persona, sino que toma una posición sobre un hecho, una conducta de esa persona”, explica María Elena Martínez, la única mujer de sus cinco integrantes, y la única que se exoneró de participar en el análisis del caso: su rol como prosecretaria del Poder Legislativo la inhibe de juzgar la conducta de su jefe. Eso hace el tribunal y eso hará en el sonado caso del vicepresidente y el uso que le dio a las tarjetas corporativas: reflejar su posición en un “dictamen” para que el Plenario Nacional, luego, decida. Los miembros del Tribunal de Conducta Política (TCP) del Frente Amplio llevan a cuestas las distinciones de “ilustres”, “notables”, “referentes”. Por eso, y por la naturaleza de su cometido, suelen integrarlo militares de la vieja guardia fundadora, abogados de larga trayectoria, militantes de la primera hora o figuras comprometidas con los derechos humanos. Víctor Licandro, Guillermo Chifflet, Jorgelina Martínez o José Korzeniak son sólo algunos de los “íconos” que alguna vez ocuparon ese lugar, muchas veces a disgusto. Hace casi diez años, luego de renunciar a la presidencia del tribunal, Licandro manifestaba en una entrevista con La Diaria una amarga queja acerca del funcionamiento de este órgano y ventilaba los roces con la dirección partidaria: “Para un caso muy serio, la respuesta que se me dio fue que estaba en manos de la Justicia y que había que esperar a que esta se pronunciara. En otro caso se nos dijo: ‘Vamos a esperar que la Mesa Política…’. Y llega un momento en el que vos decís: ‘No, yo no espero más, yo no aguanto más, porque estoy sirviendo de pantalla a una situación que no comparto. Estoy tapando algo’”. Otro que renunció al Tribunal fue el socialista Guillermo Chifflet. “Cuando aparece un periodista, un compañero del Frente Amplio que cuestiona a alguno de los integrantes del tribunal –yo he sido cuestionado en ese sentido–, me parece que lo mejor es decir: ‘Miren, el tribunal tiene que tener la confianza de todos, si es posible, consenso’”, señaló Chifflet en2008. Y dijo: “He sido cuestionado, yo no me doy por aludido por esos cuestionamiento, pero de todas maneras corresponde que los integrantes del tribunal sean gente irreprochable, para citar un ejemplo, el general [Víctor] Licandro, que todo el mundo lo acepta”. El exlegislador socialista hacía mención a una nota del periodista Niko Schvarz, publicada en el diario La República, en la que sostenía que algunas declaraciones de Chifflet sobre el dictamen en el caso del exdirector de Casinos Municipales durante la gestión de Mariano Arana, Juan Carlos Bengoa, estaban “reñidas con la ética”. En su artículo, Schvarz apuntaba a la necesidad de que el tribunal mantuviera reserva antes de dar a conocer sus resoluciones, luego de que Chifflet asegurara en el 37º aniversario del FA que su posición personal había sido de separar de la coalición a Bengoa. La llegada del Frente al gobierno nacional puso al tribunal en apuros. Por un lado, crecieron exponencialmente la cantidad de casos a tratar: de un promedio de cinco casos al año pasaron a analizarse unos 30. Y, además, con el ejercicio de cargos de responsabilidad pública se complejizó el análisis caso a caso: de riñas militantes pasaron a tratarse asuntos delicadísimos, propios del gobierno y el poder. El giro copernicano en la actividad del tribunal encontró poco eco en las estructuras, que demoraron los reemplazos por fallecimientos, por desacuerdos en su integración –llegó a darse la insólita situación de que quedara desierto porque los titulares no tienen suplentes– y que la necesaria colaboración para hacerse con la mínima información fuese escasa o nula. Y, con ello, aparecieron las preguntas. ¿Qué quiere decir “conducta política”? ¿Qué alcance tiene o debiera tener el tribunal? Varias veces se modificó su reglamento interno, ese que se erige como una especie de “biblia” para vigilar la conducta de los afiliados. La última fue hace poco, en setiembre de 2014. La versión anterior databa del 5 de diciembre de 2006. Algunos casos lo pusieron en el centro del ojo público. En 1996, nada más ni nada menos que el buen nombre de Tabaré Vázquez estuvo en juego luego de que el entonces líder y candidato del Frente anunciara su sometimiento por motus propio al escrutinio del tribunal. En diciembre de 1995, el actual presidente había sido acusado de conjunción de intereses. Ocurrió luego de que se dijera que, siendo jefe del Servicio de Radioterapia, había recomendado al Instituto Nacional de Oncología la compra de un equipo a Nuclemed, una empresa cuyo representante en Uruguay era su hijo Javier. En aquel momento, la investigación interna del Ministerio de Salud Pública concluyó que “no existieron hechos irregulares”. Vázquez pidió someter el caso al Partido Socialista, al Tribunal de Ética Médica del Sindicato Médico y al Tribunal de Conducta Política del FA. Todos fallaron a su favor, pero en el medio, el tema generó amplias repercusiones políticas. Los tironeos internos por la reforma constitucional de 1996 que introdujo el balotaje azuzaban el fuego interno. El propio general Liber Seregni se refirió al tema en su discurso de renuncia a la presidencia de la coalición. “Compañeros, por supuesto, no sería concebible un acto de nuestro Frente Amplio si no nos refiriéramos específicamente al llamado ‘caso Tabaré Vázquez’. Cuando el 28 de diciembre tomamos conocimiento de esa denuncia y de ese ataque, sentimos la necesidad de dar una respuesta política, porque a nivel del Frente Amplio no caben otras cosas que las respuestas políticas. Hicimos una pequeña declaración que después fue asumida por la Mesa Política. Y le dijimos al compañero Tabaré Vázquez: te acercamos nuestra solidaridad irrestricta. […] Nuestra solidaridad no es un acto de fe ni es tampoco un juicio de absolución. La expresión de nuestra solidaridad es decirle al compañero: ‘Mira, en estos momentos que estás pasando, tan difíciles para ti y para tu familia, nosotros, que también pasamos momentos muy difíciles en lo personal y en nuestras familias, estamos contigo. […] Estamos seguros de la rectitud de tus procedimientos en todos los campos. Y, como estamos seguros de ello, tenemos plena confianza en que las investigaciones que deben llevarse a cabo en todos los planos, terminarán reconociendo tu integridad moral, profesional y ciudadana’”. Cierto es que son otros los tiempos que corren, es otro el momento político y es otro el hombre sobre el que ahora se espera el dictamen del tribunal, pero aquella confianza ciega en Tabaré Vázquez no volvió a repetirse en el caso Sendic. El desgaste en el ejercicio del gobierno, las luchas internas de los sectores y el escaso calado de la figura del vice, relativamente nuevo en la arena de la política partidaria (viene de un largo período de inhibición por su tarea en Ancap) son apenas algunos de los factores que pueden haber jugado en hacer la diferencia. A esa falta de confianza a la interna de su partido –lo que, en los hechos, invirtió la carga de la prueba contra el acusado–, el caso Sendic suma otros ingredientes con efectos aún desconocidos en el juego de equilibrios interno del FA. Uno de ellos es la serie de reuniones convocadas por el presidente del Frente, Javier Miranda, aun cuando se supone que el fallo del tribunal es “secreto”, algo que por el momento ya nadie cree, aunque uno de los capítulos del Reglamento Interno del Tribunal, el quinto, se titule “Deberes de Reserva”, y allí se imponga el deber de “guardar reserva sobre todas las actuaciones”. Si durante sus tiempos como figura en ascenso de una izquierda cada vez más cerca de alcanzar el gobierno, Tabaré Vázquez conoció bien de cerca la tarea del Tribunal de Conducta Política del FA, una vez llegado a la presidencia también protagonizó un episodio de alto voltaje político que, de cierta forma, volvió a poner al tribunal en la palestra pública. Ocurrió cuando el entonces diputado Víctor Semproni declaró al semanario Búsqueda su deseo de que quienes recolectaban firmas por la reelección presidencial comparecieran ante el TCP. Vázquez respondió con un lance espinoso: “Quiero ser el primero en ir”, sostuvo ante un enjambre de micrófonos y cámaras. Pocos días después, la recolección de firmas que llevaban adelante círculos vazquistas cesó, pero la intensidad del cruce llevó incluso a sendas apariciones en los medios de José Mujica y Eleuterio Fernández Huidobro. “Es una actitud medio de barra brava del Club Atlético Progreso, que no tenía barra brava, pero ayer la pasó a tener. Incluso amenazó al Tribunal de Conducta diciendo que si van ahí, él quiere ser el primero. ¿Qué es eso?”, se preguntaba por aquellos días el Ñato ante las cámaras de Canal 4. Otros casos emblemáticos que involucraron al Tribunal de Conducta Política del FA fueron los de Leonardo Nicolini, Mario Areán, Juan Carlos Bengoa y Gonzalo Fernández. En este último caso, el tribunal no llegó a fallar porque el exsecretario de Presidencia y excanciller se desafilió antes. “Las convicciones políticas no se agotan. En cambio, la paciencia sí. La mía está colmada”, escribió. Nicolini, en cambio, sí fue juzgado y salió airoso del tribunal. Tanto que, luego de conocer el dictamen, el exsenador visitó en octubre de 2008 a Vázquez en la residencia de Suárez y Reyes. “El presidente me preguntó qué quería hacer en los próximos meses y le dije que quiero ser candidato para el [Poder] Legislativo”, declaró a la salida de aquella reunión. Nicolini había comparecido ante el tribunal luego de que el semanario Búsqueda publicara que tramitó un carné de asistencia gratuito para someterse a una intervención quirúrgica. La Justicia tampoco encontró mérito para procesarlo y archivó su caso. A diferencia de Nicolini, en el caso Bengoa el Tribunal sí recomendó suspenderlo, cosa que finalmente ocurrió. Lo mismo sucedió con Mario Areán, secretario del exintendente de Montevideo y actual edil Mariano Arana. El caso Gonzalo Mujica es un capítulo aparte. El Tribunal de Conducta Política del FA citó al diputado disidente, Gonzalo Mujica, a declarar por haber votado a favor de la comisión investigadora sobre los negocios con Venezuela. En diciembre, Mujica, que fue electo por el Movimiento de Participación Popular (MPP), compareció ante el órgano, pero de poco servirá la liturgia frenteamplista siendo que, acto seguido, el diputado se desafilió del Frente. “Este fue un día de quiebre”, dijo a El Observador al salir de la sede después de declarar durante 20 minutos. Enojado, se borró del WhatsApp de la bancada del Frente. Tomó oxígeno y utilizó una metáfora acorde para poner fin a su relación con sus compañeros: “El clima ya era irrespirable”. Ahora, Mujica está próximo a sumarse a las filas de Luis Lacalle Pou, donde lo esperan otros excolegas que alguna vez revistaron en el frenteamplismo, como la diputada Graciela Bianchi. En el aire quedó el dictamen del tribunal, que en principio sería desfavorable a Mujica. Ese modus operandi, de desafiliarse y desairar al TCP antes de que emita su resolución, ha sido una práctica habitual en varios de aquellos que han sido puestos a disposición de los guardianes de los estatutos. “La mayoría de los casos” que se abordan en el Tribunal de Conducta Política son los de aquellos dirigentes que –como Gonzalo Mujica– rompen en el Parlamento con la tan mentada disciplina partidaria”, explica Martínez. Por ejemplo, el de Darío Pérez, Sergio Mier (ambos de la Liga Federal) y Víctor Semproni (del sector Congreso Frenteamplista), los tres diputados que se negaron a votar algunos artículos de la ley de Presupuesto, desconociendo el mandato de la bancada oficialista y poniendo en jaque la mayoría parlamentaria del Frente Amplio. En enero del año pasado fueron convocados por el tribunal, que interpretó que su conducta fue “irregular”, actuando de forma “inadmisible jurídica y políticamente”. “No les voy a dar la más mínima pelota”, dijo Semproni luego de exponer sus motivos en la sede de la calle Colonia. La Liga Federal publicó luego un comunicado cuestionando la decisión del tribunal, que finalmente el Secretariado del FA dejó en suspenso en marzo del año pasado luego de que se constatara que ninguno de los tres había sido llamado a declarar ni comunicado oficialmente de tal decisión. Distinto es el caso de Raúl Sendic, que declaró durante más de una hora ante el tribunal. Los cinco miembros actuantes se reunieron tres veces para emitir su dictamen. Chequearon números, trazaron una relación de hechos y hasta hicieron algunas consultas que consideraron “pertinentes”. No obstante, las circunstancias que rodean su accionar y el manejo político que la dirección del Frente Amplio hizo del asunto generan algunas dudas. “Es muy complicado cómo se está tratando esto. Así como lo estamos manejando, lo estamos haciendo mal. Es un tema muy delicado, muy importante desde el punto de vista institucional. No es un tema para andar comentando, porque ya no está en juego la figura del vicepresidente, que ya lo mataron. Está en juego cómo sigue el gobierno”, dice Óscar de los Santos. El exintendente de Maldonado y actual diputado de Alianza Progresista propone medidas para “mirar para adelante” y “curarse en salud”: “Tenemos que generar mecanismos institucionales para que esto no siga pasando”. Tres posibles: más transparencia de cara a la ciudadanía mediante nuevos mecanismos de información, limitar los gastos en publicidad y aumentar los controles del Poder Ejecutivo sobre las empresas públicas. La necesidad de prever todos los escenarios, de imaginar “la mañana siguiente”, obliga al presidente y a la dirigencia del Frente a bosquejar posibles salidas. Una de ellas es la posibilidad de que Lucía Topolansky reemplace a Sendic una vez que se conozca el fallo del tribunal y el Plenario Nacional –ese resumen de la militancia que es un poco más que la mesa política y un poco menos que el congreso– exprese su voluntad. Esa alternativa es vista en el Movimiento de Participación Popular, el principal de todos los sectores del Frente, como la única posible en caso de que el desenlace augure el peor de los finales para esta historia. Por si acaso, Lucía evita la exposición pública: no es un dato menor que quien haya asistido a la reunión convocada por el presidente del FA, Javier Miranda, en la noche del lunes, haya sido el propio José Mujica, quien además ha mantenido contactos con Tabaré Vázquez por este tema, tal como publicó Caras y Caretas en su edición de la semana pasada. Desde tiendas comunistas niegan que su postura sea la de “una cerrada defensa del compañero, sin importar lo que diga el tribunal”: “Veremos, veremos”, repetía ayer Juan Castillo, el secretario general del Partido Comunista. Menos indulgentes, en el Frente Liber Seregni homologarán “lo que diga el tribunal”. Al respecto, Brovetto advierte: “Nosotros no cobramos al grito”. Pero eso sería para “el día después” de un fallo, como el que se espera del tribunal, que al decir de María Elena Martínez, “es de conducta, no de ética”. Y que “equivaldría a la instrucción de un procedimiento, no a la sentencia”. Aunque la guillotina de la opinión pública corra, engrasada, a otra velocidad merced a los titulares de prensa y los flashes de la televisión. Jorge Brovetto, que actualmente integra el tribunal y otrora ejerció como presidente del Frente Amplio, no quiere aventurar el final de esta historia. “Que yo recuerde, históricamente ha habido casos en los que el plenario respalda lo actuado por el tribunal, y otros que no. El tema es que se necesita una mayoría amplia para adoptar una sanción, y eso depende siempre del quórum”. “En este caso…”, dice, y se pierde en los puntos suspensivos. –¿Un final estruendoso, diría usted? –Últimamente ando medio sordo. –Para la ocasión. –Para la ocasión.