De jopeadas y lealtades

La teoría impulsada desde el gobierno en nombre del ministro Javier García, a la que se ha sumado el elenco de los grandes medios de comunicación, es que las actas estaban en sede del Ministerio de Defensa desde 2006 hasta su entrega en 2020.

Es la teoría mas sencilla; de ser así, habla de la incompetencia de todas las autoridades que pasaron por Defensa bajo los gobiernos frenteamplistas o, en lo que enfatiza García, había conocimiento de su existencia y no se divulgó por algún “siniestro pacto” de silencio.

Sobre esta hipótesis, algunos grandes medios de prensa se han erigido en fiscales de honor de Azucena Berruti y de José Bayardi, señalando, al decir de Feyeberand con respecto a la información: “Los especialistas y la gente común reducen la abundancia que les rodea y les confunde”. A esto se suma la superficialidad del manejo de la información que es un signo del manejo periodístico de estos medios.

Ahondando, uno debería preguntarse: que las autoridades de Defensa designadas por el Poder Ejecutivo fueran frenteamplistas, ¿implica que todos sus funcionarios civiles y militares se convirtieran, como en un acto de fe, al frenteamplismo?

A un año de haber asumido la izquierda el gobierno e iniciado los juicios y procesamientos a militares involucrados en la violación de los derechos humanos, ¿se cree automática la lealtad institucional de uno de los ministerios infectado de históricos prejuicios desde la izquierda hacia los militares y viceversa?.

Las respuestas no merecen mucha reflexión y responderlas por la positiva no soporta el menor análisis.

La encargada de Jurídica era en 2006 una funcionaria capacitada pero de reconocida filiación nacionalista y en ese ministerio, como en otros, la valoración de las capacidades técnicas de los funcionarios se anteponía a su filiación política. No había por qué pensar en una zancadilla a la flamante ministra.

En 2006, además, a un año de asumir el nuevo gobierno, se van a dar hechos políticos que “explotaron” en el despacho de Berruti.

La fuga de Gilberto Vázquez no solo era una afrenta para los acuerdos de los mandos militares y políticos con sus vecinos argentinos, sino que también implicaba un desacato que superaba aquella citación guardada en una caja fuerte por parte de otro militar en 1986. Vuelto a apresar y enjuiciado por un tribunal de honor, homologar rápidamente el fallo de separarlo de la fuerza era esperable y que se hiciera de forma inmediata. El poder civil seguía en proceso de lograr el sometimiento constitucional del militar.

Vale recordar que las actuaciones de los tribunales de honor eran secretos hasta la promulgación de la ley de solicitud de información publica.

El exsenador Leonardo Nicolini recuerda que en el año 2006, “al descubrir los archivos secretos de las Fuerzas Armadas, con el Dr. Gonzalo Fernández y Eleuterio Fernández Huidobro, mantuvimos con la mayoría de los dirigentes políticos de todos los partidos políticos del país una reunión reservada en una casa en Malvín, para ponerlos en conocimiento de la situación y de la voluntad del Poder Ejecutivo, encabezado por Tabaré Vázquez, de hacer público los mismos en forma total y absoluta. Había una dificultad. Muchas fichas de dirigentes de distintos ámbitos contenían aspectos estrictamente personales, con comentarios de los espías, que podrían hacer un daño innecesario a la personas que eran vigiladas. Se discutió la posibilidad de que cada persona vigilada fuera dueña de su ficha y tomara la decisión de hacerla pública o no. Primó no ocultar nada”.

No era una situación para desestimar; en el verano de 1991, una bomba destruyó el viejo Volks-Wagen de Hugo Cores y en setiembre del mismo año le tirotearon la puerta de la casa. Durante dos largos años unos comandos denominados “Lavalleja” y “Guardia de Artigas”, que en su momento se suponían integrados por elementos perteneciente a la logia militar “Tenientes de Artigas”, llevaron adelante distintos atentados.

Eleuterio Fernández Huidobro, uno de los nombres que aparecen en las actas de Vázquez como objetivo de los mandos militares, hubo de andar refugiado en casas de seguridad durante todo ese tiempo.

Pero, volviendo a 2006, luego se sabría que efectivamente se desarrollaban tareas de vigilancia sobre los políticos sin tener claro los motivos.

En 2006 también, con base en investigaciones, se confirma la complacencia de los anteriores gobiernos civiles al Frente Amplio con la autonomía operativa de la Inteligencia Militar; decimos se confirma porque los militares uruguayos procesados por el asesinato de Eugenio Berríos pudieron solo ser procesados en Chile, llevando en Uruguay un extraño y larguísimo proceso de investigación.

Estos elementos y otros deberían estar presentes en el entorno de la primera teoría.

La jopeada

La segunda teoría es que las actas fueron quitadas del informe entregado a Berruti. Se confirma porque los proyectos o resoluciones que firman los ministros rara vez va acompañado del expediente, que, al decir del propio ministro García, de los cientos de fojas, un 80 por ciento lo ocupan sellos y trámites de traslados a las distintas oficinas.

Vázquez confirma en el tribunal lo que había negado en parte en la Justicia, dolido porque sentía que la fuerza le soltaba la mano.

Aquí cabe preguntarse: ¿en 2006 había condiciones dentro de la fuerza para que esas declaraciones que confirmaban, al decir de Vázquez, las responsabilidades de los mandos pasaran de un tribunal de honor a la Justicia?

Pasaron largos 14 años; consta la paciencia de quien recibió instrucción militar para esperar el momento oportuno de realizar determinadas acciones; buena parte de las batallas en inteligencia se libran de ese modo.

La “guerra psicológica” contra las Fuerzas Armadas no es solo una concepción de algunos militares, sino también de muchos civiles que participaron y alentaron el golpe de Estado.

El momento oportuno parece haber llegado; por un lado vuelven al gobierno, todos aliados, los partidos políticos que nunca dejaron de incidir en los círculos íntimos y en las cantinas de oficiales, con el perfecto agregado de un nuevo partido cívico militar que integran muchos camaradas de armas, en retiro y en actividad.

Se podrá argumentar que la información no se entregó al ministro Javier García, sino, en un “acto de bondad”, a los familiares de los detenidos desaparecidos.

Ese “acto de bondad” en su momento ofreció a los familiares la información del “operativo zanahoria”, una cruel maniobra de contrainteligencia militar y política.

En este caso, con estas actas, las manos que devolvieron a lugar visible las declaraciones de Vázquez brindaron a sus aliados multicolores los argumentos para no desaforar a uno de los suyos y al mismo tiempo lograr empañar la imagen de la gestión frenteamplista, sembrando dudas de su actuación. En términos de la autónoma corporación militar, una granada de fragmentación.

No hace mucho, un autodenominando “Comando Barnieux” realizaba amenazas de muerte y robaba información sobre detenidos desaparecidos de la Facultad de Ciencias.

Entre aciertos y yerros

Las declaraciones de Vázquez no solo no traen nada nuevo, sino que ademas la Justicia ya laudó y lo procesó por muchos de los hechos que relata.

Como bien expresó el Dr. Perciballe, las actas poco agregan a la acción judicial, pero sí mucho a un debate político permanente en este tema.

Fue en los gobiernos frenteamplistas que se procesó, se buscó, se halló y se hicieron reparaciones.

También es cierto que en Defensa, como en otros temas, el Frente Amplio gobernó este ministerio sin arribar a una síntesis política que le diera un rumbo a la gestión, y esta quedara librada a las definiciones de cada nuevo ministro.

Berruti, Bayardi, Gonzalo y Eleuterio Fernández, Rosadilla, Menéndez; cada uno a su tiempo marcó su impronta, mientras Licandro murió reclamando la necesidad de abordar lo militar de tal manera que permitiera llegar a una síntesis. La falta de ella quizás fue lo que habilitó cierta ingenuidad, con respecto a la poderosa autonomía del corporativismo militar, de ser escasos los esfuerzos en cambiar la orientación de la formación y observar como una entelequia la Inteligencia militar.

La impunidad y Manini

La Ley de Caducidad y el desafuero de Manini son parteaguas para la interna nacionalista. El ministro Javier García, al entregar las actas, debe obrar en consecuencia, alentando a su sector a votar el desafuero para dar credibilidad a las intenciones de su gestión sobre el esclarecimiento de las violaciones a los derechos humanos. Pero tiene la escuela de aquellos jóvenes wilsonistas que asumieron mascando con bronca el mensaje de Wilson Ferreira de ratificar la Ley de Caducidad, aunque sospechamos que García no estaba entre ellos.

Si el desafuero de Manini Ríos no es votado y se impide a la justicia tomarle declaraciones, la salud democrática de la sociedad uruguaya padecerá la reacción eruptiva del título de esta nota.